Lo que ha pasado en Venezuela desde el primer acercamiento entre EEUU y Maduro

POLÍTICA · 17 ABRIL, 2022 08:30

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Deisy Martínez


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Hace poco más de un mes la visita (5 de marzo) de una delegación del gobierno de Estados Unidos a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro, en Miraflores, sacudió el ámbito político venezolano.

A raíz del encuentro, que tenía entre sus objetivos negociar la venta de petróleo a EEUU para suplir el desabastecimiento generado por las sanciones contra Rusia, por su guerra contra Ucrania, no solo se ha hablado de un relajamiento de medidas restrictivas contra el gobierno venezolano en el área petrolera.

También, Maduro aceptó reiniciar, empujado por la administración de Joe Biden, un diálogo nacional que parece no haber arrancado o ha empezado por partes.

Igualmente, el chavismo quitó el pie del acelerador en la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aunque arreció de nuevo con las amenazas a la dirigencia opositora, encabezada por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el presidente encargado de Venezuela.

Concesiones 

Liberación de presos políticos. Un efecto inmediato que tuvo el acercamiento en Miraflores fue la liberación de dos ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. Se trata de Gustavo Adolfo Cárdenas y Jorge Fernández.

Fernández fue detenido en febrero de 2021 en el Táchira, señalado de conspirar contra el gobierno de Maduro, mientras que Cárdenas es uno de los seis directivos de Citgo apresados por supuesta corrupción desde 2017.

Permanecen en prisión, denunciada por EEUU como injusta, cinco directivos de Citgo, tres exmilitares y un supuesto espía de nacionalidad estadounidense.

Negociaciones petroleras. Aunque no ha habido más declaraciones oficiales sobre las negociaciones EEUU-Maduro, se ha dicho que los contactos continuaron y que hay empresas estadounidenses en Caracas, negociando términos para continuar sus operaciones en el sector petrolero venezolano.

El pasado 8 de abril, el presidente de la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela, designado por Guaidó, Horacio Medina, declaró a Reuters que es «muy probable» que Washington extienda la licencia a Chevron, la única trasnacional petrolera estadounidense presente en territorio nacional, que tiene fecha de vencimiento para junio de 2022.

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Las prórrogas ya se venían haciendo cada seis meses desde el gobierno de Donald Trump, con la condición de que Chevron solo mantenga un mínimo de operaciones (sin perforación ni comercio). Esta vez, de acuerdo con Medina, la extensión podría ser de uno o dos años. Asimismo, como parte de las negociaciones, la trasnacional aspiraría a operar directamente los campos y comercializar el crudo, una acción requiere permiso del Parlamento.

La licencia también abarca a las compañías de servicios petroleros Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes y Weatherford International.

Recientemente Bloomberg reseñó que mientras la administración de Maduro presiona por levantamiento de sanciones a cambio de petróleo, la de Biden busca que se activen las negociaciones con la oposición, paralizadas en México desde octubre de 2021.

El 12 de abril, el canciller del gobierno de Maduro, Félix Plasencia, invitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a construir juntos «una ruta de diálogo y entendimiento» para desmontar el camino «equivocado» de «persecuciones» y sanciones contra Venezuela.

 Diálogo por partes

Anuncio. El 7 de marzo, horas después de que se confirmara la reunión con EEUU, Maduro anunció la reactivación de un diálogo nacional sin precisar si se trataba de la continuación de México ni bajo cuál formato. Solo pidió ampliación de los participantes en la mesa, para incluir a la oposición moderada fuera de la Plataforma Unitaria que acompaña a Guaidó.

«Ronda intensiva». Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, anunció una «ronda intensiva» de conversaciones con sectores políticos, económicos y sociales para la semana del 21 al 27 de marzo, a fin de definir la metodología para el nuevo diálogo.

De este proceso solo se sabe hasta ahora que apenas se han dado «reuniones exploratorias» entre el chavismo y los distintos sectores. El diputado de la Alianza Democrática, Luis Eduardo Martínez, aseguró a Efecto Cocuyo que después de Semana Santa habrá una agenda más definida. 

Además, de las reuniones con empresarios y comerciantes se perciben algunos avances como la consideración de una lista (50 en total) de industrias y tierras expropiadas desde la época de Hugo Chávez que podrían ser devueltas a sus dueños. De hecho el Sambil de La Candelaria lo entregaron a sus dueños, el grupo Cohen, el 18 de marzo.

 Foro cívico en Miraflores. El 5 de abril también sorprendió la visita de integrantes del Foro Cívico al Palacio de Gobierno para reunirse con Maduro. La coalición civil está integrada por ONG que han denunciado activamente al gobernante ante instancias internacionales por violaciones de derechos humanos. A su vez, Maduro también conversó con diputados de la Alianza Democrática.

El Foro Cívico, representado esta vez por Dale Letra, Acción Solidaria, Fetrasalud, Monitor Salud  y el Observatorio Electoral Venezolano y Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, pidió al gobernante que permita el nombramiento de un «TSJ honorable». El Foro confirmó que presentaron 11 postulaciones al TSJ sin mencionar nombres.

Además, solicitaron más espacio para la acción humanitaria, que se retomen las negociaciones con la oposición en México y reivindicaciones salariales, especialmente en el sector educativo, jubilados y pensionados.

 Segundo encuentro. El Foro Cívico confirmó este 11 de abril un segundo encuentro con Maduro, realizado cuatro días atrás. Se sumaron temas como la recuperación del salario de los trabajadores, el respeto a la autonomía universitaria y más demandas sociales y humanitarias como recuperar la atención de los pacientes del área oncológica.

 Desaceleración y retroceso

 Designación de magistrados. La renovación del Poder Judicial que venía a marcha acelerada desde el mes de febrero se estancó desde el 25 de marzo, cuando la AN con mayoría del chavismo difirió el nombramiento de los magistrados del TSJ, inspector general de Tribunales y director de la Escuela de la Magistratura, a petición del Comité de Postulaciones Judiciales. El Comité había prometido un nuevo TSJ a más tardar a finales de marzo.

Integrantes del Comité como los diputados José Gregorio Correa (vicepresidente) y Alfonzo Campos, de la Alianza Democrática, aseguran que la AN está dentro de los lapsos para la designación de 20 magistrados principales y sus suplentes y que aún no hay una decisión final porque se dialoga y consulta con sectores políticos y de la sociedad civil (Foro Cívico), en aras de un TSJ «capaz de administrar verdadera justicia».

Pero extraoficialmente se habla que diferencias internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) «por cuotas de poder en el TSJ», la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional y la instalación de una oficina en Caracas (anunciada a principios de abril), complicaron el proceso para el chavismo.

 El diputado Pedro Carreño calificó la actual gestión del TSJ como un «desastre» por la presencia de dos personas que supuestamente cumplen funciones de magistradas sin serlo, incluso con más poder, porque según el parlamentario, toman todas las decisiones.

Vuelven las amenazas. A la par, desde la AN de 2020, Fiscalía General y Contraloría General de la República se reanudaron recientemente las amenazas de prisión contra los diputados de la AN de 2015 y miembros del Gobierno interino, presidido por Guaidó.

 Ante la plenaria de la AN, el fiscal Tarek William Saab aseguró que existen 23 investigaciones sobre supuesta corrupción en el «falso» interinato más  59 órdenes de aprehensión. Un día antes, el 6 de abril, el contralor Elvis Amoroso informó que solicitaría a la Fiscalía más acciones contra los opositores.

 La AN de 2015 y Guaidó rechazaron las amenazas. El líder opositor responsabilizó a Maduro de lo que pueda pasarle a su persona.