«¡Exprópiese!»: las estatizaciones más emblemáticas en 20 años de chavismo  

ECONOMÍA · 3 ABRIL, 2022 15:15

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Deisy Martínez


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Uno de los temas tratados desde el año pasado entre la Comisión Especial para el Diálogo Nacional, designada por la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo y sectores económicos, entre ellos Fedecámaras, ha sido la «devolución» de empresas y tierras expropiadas desde la época de Hugo Chávez, como parte de las medidas propuestas para la recuperación del país.

El diputado de 2020 e integrante de la Alianza Democrática, Luis Eduardo Martínez, declaró recientemente que la AN de 277 parlamentarios, maneja una lista de 50 empresas que podrían ser devueltas a sus dueños, en su mayoría, mencionó, fundos agropecuarios.

No precisó fecha ni dice nombres para no «entorpecer» las conversaciones. Solo se supo del Sambil de la Candelaria, el pasado 18 de marzo, porque ya está en manos de sus dueños originales, el grupo Cohen.

Vale recordar que Chávez ordenó su expropiación en 2008 porque un nuevo centro comercial en la zona causaría «caos». Prometió instalar allí una universidad, pero lo más que llegó a ser fue un refugio de damnificados durante cuatro años y depósito. Los dueños nunca recibieron indemnización.

Fedecámaras: son 800 empresas

«La demora para las devoluciones depende de cada casa. Ponerles fecha es difícil, pero nuestra aspiración es que este año cobren impulso las entregas. Esto genera confianza y cultiva el interés de inversionistas tanto nacionales como internacionales», agregó», declaró Martínez a Tal Cual.

El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, advierte que son más 800 empresas en manos del Estado que «fueron expoliadas, expropiadas sin ningún tipo de retribución hacia sus dueños». Pide que se «aceleren» los procesos de devolución.

De acuerdo con un informe de la ONG Cedice Libertad, desde el gobierno de Chávez hasta finales de 2020, se acumulan más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones directas. Hasta 2018, Fedeagro reportó más de 5 millones de hectáreas como resultado de «la guerra contra el latifundio» iniciada por Chávez en 2005 y que solo 3% recibió indemnización.

Luego de 14 años, Sambil La Candelaria vuelve a manos de sus dueños

Repasemos algunas de las estatizaciones más emblemáticas desde la estadía de Chávez en Miraflores:

Fundos agropecuarios

Hacienda Bolívar.  Propiedad de la familia Brillembourg.  Fue uno de los 47 fundos que Chávez ordenó tomar al sur del Lago de Maracaibo en 2010. Con 3.899 hectáreas, la hacienda, ubicada en la parroquia Santa Bárbara en el estado Zulia era conocida por desarrollar la raza de bovino Santa Gertrudis y el churrasco Santa Bárbara. También se producían palma aceitera, leche y plátano.

En 2015, Cedice visitó la hacienda y registró instalaciones deterioradas, caída de la producción, pugnas entre grupos de invasores y desaparición del ganado Santa Gertrudis, después de 70 años desarrollándose.

Fundo San Luis. Situado en Calabozo, estado Guárico, 100 de 210 hectáreas fueron expropiadas en mayo de 2009. El Gobierno nacional consideró que estaban «ociosas», pese a que se criaba ganado, ovejas, caballos y yeguas y se producía carne para el consumo.

Cinco meses después, trabajadores denunciaron la muerte de más de 200 reses. en 2015, la prensa reseñó que la inseguridad hizo que quien fuera propietario del fundo desde 1986, abandonara las 86 hectáreas que aún conservaba, lo que aceleró el abandono y destrucción del lugar. Se aseguró que nunca fue indemnizada la expropiación.

Entre 2009 y 2010 también hubo expropiaciones de tierras en los Valles de Aragua y Valles del Turbio (Lara, Portuguesa y Apure) donde había grandes plantaciones de caña de azúcar.

Chávez le declaró «la guerra al latifundio» y expropió gran cantidad de hectáreas

 Cementeras

Una ola de expropiaciones también en el sector del cemento ocasionó que el Estado venezolano se hiciera con el control de más de 90 % de la producción, lo que a la postre se tradujo en empresas paralizadas por falta de inversión y escasez del insumo para la construcción. Hoy el gobernante Nicolás Maduro habla incluso de «mafias del cemento» a las que hay que combatir porque encarecen el producto.

Cemex. Las amenazas de expropiación de la cementera mexicana, ubicada en Guanta, estado Anzoátegui, fueron consumadas la noche del 18 de agosto de 2008. Sus dueños pidieron al Estado 1.300 millones de dólares en medio de un previo y frustrado acuerdo económico, pero el Gobierno no aceptó. Luego, una intermediación del presidente de México, Felipe Calderón hizo posible el pago.

Con quienes la administración de Chávez sí llegó a un convenio para la «entrega» en paz fue de las rivales de Cemex en el mercado venezolano Holcim y Lafarge. Los planes eran fusionar la producción del trío de cementeras, que para entonces fue calculada en 8,3 millones de toneladas al año (90 % del cemento venezolano), de las cuales la mexicana aportaba 4,6 millones.

Cemento Andino. Propiedad de la corporación privada colombiana Cementos Argos en el estado Trujillo, fue estatizada el 9 de agosto de 2007. Tenía una capacidad de un millón de toneladas de cemento. En 2014, los propietarios denunciaron que la indemnización, calculada en 300 millones de dólares, aún no había sido pagada.

Cadenas de supermercados

Éxito. La cadena franco-colombiana fue señalada por Chávez de aumentar ilegalmente el precio de sus productos y vender alimentos en mal estado. En enero de 2010 se ordenó la expropiación. El mandatario aseguró que sus instalaciones serían utilizadas para la red de distribución y venta minorista Corporación de Mercados Socialistas (Comerso), con el propósito de eliminar los costos de los intermediarios.

La estatización de acuerdo con el decreto publicado en Gaceta Oficial incluyó «activos, bienes de consumo, bienes muebles e inmuebles, depósitos, transporte y bienhechurías», por los que se aseguró, el Gobierno pagaría. También se estableció que la estabilidad laboral, los derechos y seguridad social de los trabajadores, estaba garantizada.

El gobierno de Francia expresó su preocupación por las «acusaciones de prácticas especulativas y por las medidas adoptadas» contra Éxito y Cada, ambas pertenecientes al grupo francés Casino.

El hipermercado Éxito ubicado en Terrazas del Ávila, al este de Caracas, pasó a ser Abasto Bicentenario, luego Tiendas Clap y ahora Megasis de origen iraní.

En febrero del mismo año, la administración de Chávez llegó a un «acuerdo amistoso» con el grupo Casino para comprarle 85 % de Cativen, matriz de supermercados CADA, tras amenazar con expropiación. Esto equivalió a 35 supermercados a nivel nacional más su flota de camiones.

Lácteos los Andes

Estatizada en marzo de 2008. La empresa con sede principal en Cabudare, estado Lara estaba dedicaba a la pasteurización leche, fabricación de queso y otros derivados lácteos, así como jugos naturales, bebidas y alimentos desde 1984. A partir de 1987, la corporación amplía sus líneas de producción e incorpora suero, yogurt, gelatinas y queso pasteurizado.

Detienen por corrupción al presidente de Lácteos Los Andes

Un informe de Transparencia Venezuela de 2018 refleja denuncias por corrupción en Lácteos los Andes

Un informe de Transparencia Venezuela de 2018 refleja denuncias por corrupción, irregularidades de funcionamiento, falta de insumos y conflictos laborales en Lácteos Los Andes, cuya productividad se fue a pique a partir de 2013.

En mayo de 2021, fue detenido el presidente de la empresa, coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, por delitos como peculado doloso propio y evasión de licitaciones públicas.

 Agroisleña

Fundada en 1958 por el canario Enrique Fraga Afonso, fue expropiada el 3 de octubre de 2010, junto a sus empresas asociadas Proyefa, Insecticida Internacional, Venezolana de Riego, Semillas Híbridas de Venezuela, filiales, sucursales, agencias, puestos de recepción, acondicionamiento, almacenaje, distribución, comercialización, industrialización y bienes muebles e inmuebles.

Para el momento de la estatización era dirigida por Luis Enrique Fraga y estaba asociada a la Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio (Cavespa). Agroisleña atendía a 18.000 productores a través de 82 puntos con maquinarias, fertilizantes y créditos. Contaba con 8 silos en todo el territorio nacional. Pasó a llamarse Agropatria.

La expropiación fue calificada como «un desastre» para la agricultura nacional porque derivó en falta de semillas de calidad, escasez de fertilizantes, yerbicidas, así como de asistencia técnica y financiera a los productores. La empresa tampoco ha estado exenta de denuncias de corrupción.

El pasado 23 de marzo, el Tribunal constituido bajo las Reglas de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), sentenció que el Estado venezolano debía pagar al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos la suma de US$1.629.000.000,00 como compensación por su incumplimiento del acuerdo Venezuela-España.

Gobierno de Maduro debe pagar $ 1.480 millones por expropiar Agroisleña

Cargill

En marzo de 2009, Chávez ordenó la expropiación de la planta procesadora de arroz de la trasnacional estadounidense Cargill. El argumento esgrimido fue que la empresa se negaba a producir arroz blanco para evadir los controles de precios.

En 2020 se conoció que la empresa vendió sus acciones (plantas de producción de harina de trigo, pastas alimenticias, aceites comestibles, grasas vegetales, sal y alimentación animal se salvaron de la ola expropiatoria) al fondo Phoenix Global Investment y el Grupo Puig para marcharse de Venezuela.

General Motors

Fue confiscada en 2017 por el sucesor de Chávez. La empresa denunció que se vio forzada a poner fin a sus operaciones en Venezuela por un «embargo judicial ilegal de los bienes».

El New York Times reseñó que 2.700 trabajadores tendrían que ser despedidos y que la plata ubicada en el estado Carabobo había sido ocupada por autoridades y confiscados sus vehículos.

El Ejecutivo nacional negó la expropiación y aseguró que se trataba de un conflicto entre el fabricante y sus concesionarios, pero la empresa anunció su salida del país.