Saab asegura que hay 59 órdenes de aprehensión por supuesta corrupción en Gobierno interino  

POLÍTICA · 7 ABRIL, 2022 18:27

Ver más de

Deisy Martínez

Foto por @antvvenezuela

¿Cómo valoras esta información?

1
QUÉ CHÉVERE
QUÉ INDIGNANTE
QUÉ CHIMBO

El fiscal general de la República, designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, negó una y otra vez a la Asamblea Nacional (AN) de 2020 que exista impunidad en investigaciones contra diputados opositores de 2015 y el Gobierno interino que preside Juan Guaidó.

Como evidencia «de los esfuerzos» realizados por el Ministerio Público para castigar la corrupción en la que supuestamente incurrieron los parlamentarios de oposición y otros funcionarios del interinato, Saab presentó cifras. Una de ellas, que existen 59 órdenes de aprehensión contra quienes habrían cometido delitos.

 «En total hay 23 investigaciones que involucran al falso Gobierno interino en hechos de corrupción, vinculaciones criminales y usurpación de funciones. Se han solicitado 59 órdenes de aprehensión por estos hechos, practicado 21 allanamientos, realizado 15 incautaciones y solicitado 258 bloqueos e inmovilizaciones de cuentas», expuso Saab, al rendir cuentas de su gestión de 2021 ante la plenaria.

 Desde el Palacio Federal Legislativo, el funcionario insistió en que son «cifras contundentes» para desmantelar una «organización criminal que está boqueando».

 «La derrota de esta banda de violentos y corruptos ha significado un nuevo resurgir de la política, el debate y el establecimiento de nuevos espacios de negociación que han impactado a toda la población. Aprovechemos estos momentos», instó.

 Entre los presuntos delitos citó los nombramientos ilegales de juntas administrativas Ad hoc de activos de la República como Citgo, Monómeros Colombo-Venezolanos e instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV).

 Asimismo, citó la «designación írrita» de un Procurador Especial de la República, que tildó de «inexistente» y el » intento de apropiación» del oro de la República depositado en el Banco de Inglaterra.

 «Conspiraciones»

 Saab también indicó que están pendientes de ejecutarse 102 órdenes de aprehensión, 79 con alerta roja de Interpol y 14 solicitudes de extradición, contra involucrados en «conspiraciones» para asesinar al gobernante Nicolás Maduro e intentos de golpe de Estado contra su administración.

 Por estos hechos, entre los que mencionó a la operación Gedeón de 2020, aseguró igualmente que fueron practicados 77 allanamientos y están privadas de libertad 202 personas; 205 acusadas y 62 condenadas por admisión de hechos.

 La primera vicepresidenta de la AN de 2020, Iris Varela, quien escuchaba el discurso de Saab desde el palco de la junta directiva, es la que más se ha quejado de que ante tales hechos de corrupción e intentos de derrocamiento contra Maduro, opositores como Guaidó no estén en la cárcel.

 Saab destacó que la lucha anticorrupción también se hizo «en casa» puesto que 300 fiscales, mencionó, fueron procesados por corrupción. La cifra, explicó, incluye privativas de libertad, medidas cautelares y órdenes de aprehensión.

Amoroso solicitará a la Fiscalía acciones contra diputados de 2015

«No hace falta que investigue la CPI»

 Saab no dejó de mencionar la investigación formal que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad, para reprochar que Venezuela recibió un «trato diferenciado» por razones políticas. Aseguró que el caso no debía pasar del examen preliminar abierto en 2018 y cerrarse.

 «No hace falta que investigue la CPI y lo vamos a demostrar en la práctica (…) debimos haber quedado en el examen preliminar, mientras a Colombia la dejaron 20 años y el caso fue cerrado. Esperamos que en esta nueva etapa reine la transparencia, la complementariedad y la reciprocidad», acotó.

 En cuanto a la oficina de la CPI que funcionará en Caracas dijo que fue aceptada porque «el que no la debe no la teme».

 Sobre violaciones de derechos humanos también presentó números: imputación de 232 funcionarios de seguridad del Estado en 2021 por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y un civil por colaborar en la comisión del delito y 97 funcionarios han sido condenados.

 «En estos cuatro años y medio de gestión, hemos privado de libertad a 663 funcionarios policiales y militares; y a 33 civiles por su vinculación a violaciones a los derechos humanos. Y hemos logrado que 243 fueran condenados», agregó.