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Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas mostraron su preocupación por el aumento de las amenazas y los ataques contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela, a raíz de que se declarara el estado de alarma nacional el 13 de marzo para frenar la pandemia de COVID-19.

«Nos preocupa el efecto disuasorio que esto puede tener en la legítima labor de los defensores y periodistas que trabajan para salvaguardar los derechos humanos en el contexto de la pandemia de COVID-19, y durante un año electoral», destacaron en un comunicado.

Los expertos subrayaron que en la actual pandemia es esencial garantizar el acceso a la información sobre la dimensión de la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por el gobierno, por lo que «las autoridades deben abstenerse de adoptar cualquier tipo de represalias» contra el personal de salud y comunicadores sociales.

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«Instamos al gobierno de Venezuela a promover espacios de diálogo, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con los derechos humanos, y a no adoptar una legislación que restrinja aún más la libertad de asociación», señalaron.

Entre los firmantes del comunicado se encuentran los relatores de la ONU sobre defensores de los derechos humanos (Michel Forst), libertad de expresión (David Kaye) y libertad de asociación (Clément Nyaletsossi).

Imputaciones a periodistas y médicos

Desde el decreto de alarma nacional y hasta el 15 de abril, la ONG Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys-Venezuela) reportó la detención arbitraria de al menos 14 trabajadores de la prensa. De ellos imputaron a Darvinson Rojas, Arnoldo Sumoza y Eduardo Galindo Peña.

También detuvieron y acusaron a una bionalista en el estado Trujillo por colocar en sus estados de Whatsapp los récipes de un paciente con COVID-19, así como un gineco-obstetra en el estado Lara por criticar la vestimenta que usan los políticos al visitar hospitales, en contraste con la falta de equipos de protección para el personal médico.

Las detenciones incluyen además contra dirigentes gremiales, como un jubilado del sector salud en Monagas; docentes y el arresto e imputación de la epidemióloga del estado Nueva Esparta, Carmen Hernández, a quien acusaron de permitir el funcionamiento de una academia de béisbol en esa entidad, donde se generó, hasta ahora, el mayor foco del coronavirus en Venezuela.

Con información de Efe