Sectores civiles y económicos de Vargas apuestan pasar de la contingencia a la reconstrucción

Representantes de cámaras empresariales, sectores productivos, organizaciones sociales y la Red de Sobrevivientes del estado Vargas suscribieron este 5 de agosto el “Acuerdo Institucional y Pacto Social para la Reconstrucción y el Desarrollo Sustentable” de La Guaira, tras el doblete sísmico que dejó más de 6 mil personas muertas y centenares de edificios colapsados y otros con severos daños. 

El documento establece una hoja de ruta orientada a concretar la reactivación económica, la evaluación técnica del territorio y la planificación urbana de la entidad ubicada en el litoral central del país.

Durante el encuentro, que contó con la participación de Fedecámaras, gremios estadales y miembros de la sociedad civil litoralense, las organizaciones advirtieron sobre la urgencia de superar los esquemas asistenciales para dar paso a compromisos de inversión de largo plazo. Durante la actividad remarcaron que la reconstrucción requiere ciencia, participación comunitaria e inversión local.

Cese de la contingencia

El documento suscrito por las organizaciones locales exige poner fin al decreto de emergencia operativa para iniciar la recuperación física y económica del estado Vargas. Los firmantes advirtieron que mantener un esquema de contingencia de manera indefinida paraliza el comercio, ahuyenta las inversiones y desgasta el tejido social. Ante la situación, el acuerdo propone sustituir la asistencia social directa por inversiones productivas que generen empleos estables para las familias de La Guaira. 

El ingeniero y panelista David Morán criticó que el Estado mantenga la zona en contingencia permanente y no aplique planes profesionales. A su juicio, “la administración pública operó todo el tiempo en contingencia perpetua”, lo que a su criterio refleja un desinterés histórico por la planificación técnica.

Por su parte, el representante de la Red de Sobrevivientes de los terremotos de Vargas, Iván Cedeño, quien también participó como panelista, enfatizó que la hoja de ruta debe orientarse a evitar errores del pasado mediante la suspensión estratégica del estado de emergencia. 

Cedeño sostiene que “la reconstrucción no se puede hacer sin el sector económico” y recalca que no es posible avanzar en planes ideales “si ello no viene respaldado por el músculo económico, por la inversión, por las reglas claras”.

La vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, rechazó los discursos que proponen frenar el desarrollo de la región. Polesel cuestionó a quienes afirman que “en La Guaira no hay que construir más” e insistió en que tales posturas ignoran el arraigo de sus habitantes y el valor estratégico de contar con infraestructura clave como el puerto y el aeropuerto.

Representantes de @fedecamaras, cámaras estatales, la red de la sociedad civil y supervivientes del doblete sísmico del pasado 24 de junio se reúnen en el estado Vargas para definir una hoja de ruta orientada a la reconstrucción de la región. #5Ago pic.twitter.com/KZNTHgPINn

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) August 5, 2026

Mapa de riesgo como norma técnica y legal

El documento firmado por los distintos sectores fija la elaboración de un Mapa de Riesgo Actualizado e Integrado con rango de norma técnica y jurídica. Según el texto, este estudio servirá como “la guía vinculante para la aprobación de variables urbanas, la concesión de permisos de construcción, la fijación de pólizas de seguro y el otorgamiento de créditos de fomento”.

La propuesta enfatiza que los límites geológicos privarán sobre cualquier otra conveniencia, al advertir que “ninguna consideración económica o política estará por encima de las limitaciones físicas fijadas por el suelo”, se lee. 

Entre los requerimientos contemplados en el acuerdo destacan dos evaluaciones específicas: la microzonificación sísmica, orientada a medir la respuesta de los suelos y fijar parámetros de construcción, y el estudio hidrogeológico, destinado a delimitar las cuencas y las áreas propensas a deslaves. 

Las organizaciones gremiales y comunitarias remarcaron en el texto que este diagnóstico no busca frenar la economía, sino convertirse en “la única garantía real de seguridad para la vida humana y la protección patrimonial en la zona”, dice. 

Asimismo, el pacto exige la contratación de proveedores y mano de obra regional con la intención de que las obras generen dinamismo económico directo dentro del estado Vargas. 

En materia social, el documento plantea saldar deudas pendientes con la población expuesta a vulnerabilidades mediante “esquemas transparentes de permuta y acceso a soluciones habitacionales seguras para las familias que deban ser reubicadas fuera de los sectores de peligro”. 

Máster plan con legitimidad tripartita

Los firmantes demandan también el diseño de un “Máster Plan de Reconstrucción y Desarrollo Urbano” que busque frenar la superposición de proyectos y el malgasto de recursos, por lo que exige que el plan no termine como un documento archivado en oficinas públicas. 

El documento señala que la reestructuración debe abarcar la reorganización de la vialidad y el transporte multimodal, la modernización de los servicios públicos, la conservación de las cuencas como infraestructura verde y la consolidación de nodos comerciales y turísticos seguros.

Con el fin de garantizar que las intervenciones se sostengan en el tiempo, las organizaciones condicionaron la viabilidad del plan a un triple respaldo que integra el aval técnico de academias y colegios profesionales, la validación social construida junto a las comunidades y sobrevivientes, y un compromiso institucional donde el Estado asuma el proyecto como una política pública de largo plazo, blindada frente a las coyunturas electorales o cambios de gestión.

El documento concluye con el compromiso de mantener la alianza activa y fiscalizar la ejecución de las obras.