¿Renovación del TSJ abriría la puerta a una transición democrática?

Comenzar de cero en el proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que sea la totalidad de los cargos, fue uno de los primeros acuerdos a los que llegó la mesa de diálogo entre el gobierno encargado y la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015. 

La presidenta de la Comisión Delegada y cabeza de la delegación opositora de seis diputados, Dinorah Figuera, no dudó en considerar la medida anunciada el 12 de agosto como un paso importante en la reinstitucionalización y democratización del país. El chavismo parece concentrarse en el otro punto del acuerdo: el desbloqueo del oro depositado en Inglaterra. Se ha asegurado que dichos recursos se destinarán a la atención a las víctimas del doble terremoto.

Juristas consultados por Efecto Cocuyo coinciden en que de lograrse la renovación total del TSJ, para convertirse en el máximo tribunal de la República imparcial e independiente que dicta la Constitución y la ley, será clave en el inicio de un proceso de transición democrática  en Venezuela. Para los académicos Juan Carlos Apitz, Gustavo Manzo y el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, hay que apostar al éxito del mecanismo de selección de los magistrados, aunque no lo dan por sentado. 

De momento, lo que sí es un hecho es que la ruta de renovación parcial del alto tribunal (20 magistrados de 32), iniciada en la AN de 2025, con total dominio del chavismo queda truncada, es decir, quedan sin efecto las 561 postulaciones publicadas en una lista el 19 de junio. El proceso incluía 63 candidatos para inspector general de tribunales y 33 para dirigir la Escuela Nacional de la Magistratura.

El eje del Estado de derecho 

“El TSJ es como el eje que hace funcionar el estado de derecho. Sin justicia no hay Estado de derecho. La existencia de las normas sin un órgano que las haga cumplir no garantiza la existencia del Estado de derecho. Cualquier proceso, sea electoral o de otra índole pende de un hilo sin haberse renovado el TSJ”, sostiene el abogado constitucionalista Gustavo Manzo sobre la importancia del proceso y el hecho de que se renueve el alto tribunal antes que el Poder Electoral. 

A juicio del profesor universitario, el anuncio de renovación total del TSJ es un avance importante de la mesa de diálogo. De momento opta por tener una “visión positiva” del proceso y apostar por mayores avances hasta que otras decisiones y acciones demuestren lo contrario. 

Mesa de diálogo acuerda renovación total del TSJ y reforma de leyes judiciales

Al suscribir el acuerdo con el jefe del Parlamento de 2025, Figuera aseguró que el cronograma de ejecución de los acuerdos (renovación del TSJ y desbloqueo del oro) comenzarian este mismo mes de agosto, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el “cumplimiento estricto de cada compromiso”.

Analistas y políticos que apoyaron el acuerdo firmado en la mesa de diálogo recordaron que el actual TSJ, dominado por el chavismo, fue el que avaló (2024) la proclamación y posterior juramentación de Maduro como presidente reelecto sin ordenar al CNE que mostrara las actas de votación. La denunciada parcialidad política de la cabeza del Poder Judicial también llevó a anular las elecciones regionales en el estado Barinas (2021) que dieron como ganador a Freddy Superlano, entre otras decisiones. 

“Se trata de lograr una especie de garantía para que cuando se hagan elecciones, con un CNE integrado por rectores imparciales, los resultados sean respetados. Sería impensable seguir con un TSJ cómplice de todas las barbaridades que hemos visto que se han cometido en materia electoral y de violaciones de derechos humanos. Eso fue lo que creo que privó para los primeros pasos de reinstitucionalizar el país”, expresó el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Juan Carlos Apitz. 

El abogado constitucionalista recalcó que un nuevo TSJ debe garantizar la aplicación igualitaria de la ley y restituir los derechos y garantías que la Constitución establece, por lo que coincide en que se debe aprovechar la oportunidad que surge de la mesa de diálogo, bajo la supervisión del Departamento de Estado de EEUU.

¿Abre la puerta a la transición? 

Tras el cuestionado proceso para la escogencia del fiscal general de la República y la defensora del Pueblo, la AN presidida por Jorge Rodríguez había iniciado el camino hacia la renovación parcial del TSJ (20 cargos), con la  reforma de la ley del máximo tribunal (13 de mayo) que aumentó de nuevo el número de magistrados a 32. 

Posteriormente (19 de mayo) juramentó al Comité de Postulaciones Judiciales de 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil, la mayoría afines al chavismo. La tendencia de la lista de 561 postulados no fue distinta. El inicio del diálogo sumado a los terremotos del 24 de junio, interrumpieron y dieron al traste con el proceso.

“Es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Si nosotros logramos, con el alerta ciudadana, nombrar a un buen TSJ será un gran paso porque se dedicará a garantizar la separación de Poderes, a garantizar el imperio de la ley, a hacer efectivos los derechos y garantías que establece la Constitución. Nos estamos jugando algo muy importante. Si todos remamos hacia el mismo sitio, que es escoger a los mejores magistrados, podemos sentar las bases de la transición democrática venezolana”, reiteró Apitz.

Manzo considera el TSJ como pieza clave, pero basado en Danwart A. Rustow y su libro “Transitions to democracy”, sostiene que la transición ya comenzó con  el quiebre de la coalición dominante, una vez se produce la extracción del gobernante Nicolas Maduro, el 3 de enero, y  un reacomodo con personas en el poder, tuteladas por EEUU. A su juicio, no es casual que el plan de tres fases de Washington para Venezuela contemple como última etapa unas elecciones democráticas, lo cual explica por qué no se cambia primero a los rectores del CNE.

“Incluso lo más importante no son las elecciones cuando se den, sino que no venga una regresión autoritaria, es decir, que ese gobierno que sea electo, tenga el suficiente equilibrio para mantenerse en el tiempo y que haya una sucesión de gobiernos democráticos, uno tras otro, que solidifique la vuelta a la democracia en Venezuela. Por eso, no se pueden mantener las mismas estructuras (como el TSJ)”, enfatizó Manzo.

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ONG plantea mayor participación de la sociedad 

La renovación total del TSJ, anunciada por la mesa de diálogo, incluye reformar de nuevo la Ley del TSJ, revisar y “ampliar” el actual Comité de Postulaciones Judiciales, abrir un nuevo proceso de postulaciones y la conformación de una comisión, adicional, que revisará  los requisitos y las credenciales de quienes se presenten como candidatos a magistrados. 

De acuerdo con la información que manejan los abogados consultados, la reforma, por ahora, no implica volver a bajar el número de magistrados  de 32 a 22. Sin embargo, señalan que estarían de acuerdo por considerar que el número es excesivo y no deriva necesariamente en el aumento de la productividad de las seis Salas. Otras opiniones giran en torno a la eliminación de la Sala Constitucional, creada con la nueva Carta Magna de 1999, o de sus poderes excesivos. 

El abogado y defensor de derechos humanos, Alí Daniels, concuerda con apostar al éxito del nuevo proceso de escogencia, pero advierte que una señal de transparencia será un cronograma público de las etapas y su estricto cumplimiento y del baremo de selección y sus resultados. Acceso a la Justicia propone además que las entrevistas a los postulados al TSJ también puedan ser públicas para que la sociedad civil también pueda evaluar a los candidatos.

“Si se elige un TSJ independiente sería un cambio estructural, de fondo, porque en 27 años nunca hemos tenido un TSJ imparcial, independiente. La trascendencia radica en que estamos hablando del Poder sobre el cual han descansado las decisiones más importantes del Estado. El TSJ fue el que permitió el uso de armas letales contra manifestaciones, el que investigó y metió presos a los alcaldes en el año 2014, fue el que avaló la Constituyente en el 2017 y los resultados oficiales de la elección del 28 de julio y así sucesivamente”, resaltó el codirector de la ONG.

Otro planteamiento de la organización que monitorea el Poder Judicial en Venezuela es que el Comité de Postulaciones Judiciales sea “rescatado” del control político y sea un órgano ciudadano. Advirtió que el artículo 270 de la Carta Magna no dice que dicho Comité tenga que estar conformado por diputados, además como mayoría, como lo ha hecho el chavismo hasta ahora en una “desnaturalización” de la ley del TSJ que habla de 11 parlamentarios y 10 de la sociedad civil. Proponen que los miembros sean, en todo caso, mayoría de la sociedad civil. 

“Que provengan de las facultades de derecho de universidades, autónomas y privadas, miembros de colegio profesionales, de las academias, miembros de  reconocidas ONG con experiencia en temas de derechos humanos y justicia.  Si se reformula la ley del TSJ y se constituye un Comité de acuerdo con la Constitución, personas de reconocida solvencia moral y prestigio, pudieran sentirse confiadas de postularse para el nuevo tribunal; pero si persiste un comité de postulaciones político, no se sentirán incentivadas para participar”, advirtió. 

El integrante de la mesa de diálogo por la oposición, Ramón López, declaró recientemente que se va a generar un nuevo Comité de Postulaciones Judiciales con 23 miembros en lugar de 21 (vía reforma de la ley) para incorporar dos integrantes más por la sociedad civil para que este sector sea mayoría (12 a 11).

Blindaje de la selección 

La letra “d” del punto 2 del acuerdo de la mesa de diálogo señala expresamente la conformación de un “consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación”. 

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Los juristas lo destacan como un refuerzo positivo de la escogencia de los magistrados; sin embargo, Daniels indica que para la conformación de dicho consejo debe ser reformada la ley del TSJ, como se espera que se haga. 

“En este caso lo vemos como un órgano de primer grado, integrado por personas técnicas, sin criterio político; es decir,  que sirva de primer filtro para los postulados, evaluar credenciales y ver si las personas cumplen con los requisitos constitucionales, que las impugnaciones se hagan en ese nivel. Por ejemplo, si se sabe que una persona violó DDHH o formó  parte del aparato represivo o tiene antecedentes penales, debería ser excluida por ese Consejo. El Comité de Postulaciones  se limitaría a evaluar lo que pasó de ese primer filtro, además de diseñar un baremo con criterios objetivos y presentar los candidatos a la AN”, apuntó Daniels.

Sobre este punto, el diputado López también adelantó que dicho Consejo estará integrado por siete profesionales del Derecho que deben cumplir con las misma característica que se le exigen a los magistrados.

Para Daniels, la mesa de diálogo puede abordar en paralelo la renovación del TSJ y el CNE por tratarse de materias distintas. Advirtió que la definición de un cronograma electoral lleva más tiempo por lo que el inicio de ese otro proceso no debe demorar demasiado. 

“Valoramos el proceso de forma optimista, pero todo dependerá del resultado final. La etapa de los cheques en blanco debemos dejarla a un lado y debemos evaluar la evolución de esta reforma a partir de los hechos. Si tenemos un TSJ imparcial e independiente luego de este proceso, se estarian fundando las bases para una verdadera transición en el país. Por eso es tan importante que el proceso se haga como se debe”, agregó.