Aún falta el veredicto final. El fiscal general de la República designado por la Constituyente, Tarek William Saab, admitió los asesinatos del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el concejal Fernando Albán y el joven Juan Pablo Pernalete a manos de agentes del Estado el pasado 1 de mayo.
Mencionó los delitos que se imputan a los funcionarios implicados en las muertes y dijo que el accionar de la Corte Penal Internacional (CPI) solo se justifica si los órganos judiciales del país no garantizan justicia a las víctimas.
La Fiscalía de la CPI determinó que existen motivos razonables para presumir que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. A la fecha, la Fiscalía estudia si en Venezuela se llevan a cabo juicios válidos contra los altos funcionarios responsables de los crímenes cometidos.
La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo recopiló las declaraciones de voceros del Estado y organizaciones independientes relacionadas con los casos. De esta manera, evidenció que hubo reveses en la búsqueda de justicia. A continuación, lo encontrado.
Capitán Rafael Acosta Arévalo: entra la tortura
Según indicó el fiscal Saab los dos funcionarios implicados en la muerte del capitán de corbeta fueron imputados por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura.
El desarrollo del caso data del año 2019. El 29 de junio de ese año la abogada Tamara Suju denunció que el capitán no podía ponerse en pie cuando fue trasladado al tribunal 3ro de control militar. Cuando le preguntaron si había sido torturado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) asintió con la cabeza. El juez ordenó su traslado a un centro asistencial, pero falleció.
Denuncian asesinato de capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por presuntas torturas
El mismo día, el entonces ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, informó que se iniciaría una investigación sobre la muerte del capitán de corbeta, a quien acusó de cometer “actos graves de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”.
Tortura
El 30 de junio de 2019, el Ministerio Público acusó a dos oficiales de la Dgcim, el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía y el sargento segundo Estiben José Zárate Soto. Sin embargo, el Ministerio Público no investigó las denuncias de tortura.
Meses después de su muerte, los homicidas del capitán admitieron los hechos y obtuvieron una rebaja de un tercio de la pena, fueron condenados a 6 años y ocho meses de prisión. En ese entonces, el abogado de Acosta Arévalo, Alonso Medina Roa, lamentó que se hayan desestimado sus alegatos para que se incorporara al proceso la acusación por tortura.
Al día siguiente del homicidio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había exigido una investigación eficaz que no descartara a priori el delito de tortura. Sin embargo, la Fiscalía General de la República hizo caso omiso a las recomendaciones de Bachelet y a los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
El último informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela concluyó que tiene motivos razonables para creer que se cometió un arresto arbitrario, desaparición forzada de corto plazo, torturas hasta el punto de causarle la muerte y que oficiales de la Dgcim y la unidad de Asuntos Especiales participaron en las violaciones. De ahí la relevancia de lo dicho por Saab al incluir el delito de tortura.
Concejal Fernando Albán: faltan cargos
El Ministerio Público solicitó el 1 de mayo de este año una nueva investigación y orden de aprehensión contra los dos funcionarios que custodiaban al concejal Fernando Albán. Ahora los acusan por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido.
Sus familiares calificaron como “un nuevo show mediático” los delitos atribuidos a los funcionarios que custodiaban al concejal Albán. El representante del fallecido preso político consideró que el fiscal no incluyó los delitos de “desaparición forzosa, privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio calificado (ejecución extrajudicial), que son los denunciados por la familia desde diciembre de 2018”. Tampoco se incluyeron las responsabilidades en la cadena de mando.
¿A qué se deben estas reacciones? A que el caso ha dado muchos reveses desde el punto de vista de las autoridades y ha presentado irregularidades, lo que pone en duda la transparencia del proceso.
Versiones
El 8 de octubre de 2018, las autoridades informaron sobre la muerte del concejal, quien estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En ese entonces, el fiscal Saab dijo que el político opositor se había suicidado. Designó a dos fiscales nacionales para investigar el deceso.
Casi un año después, la Fiscalía acusó a dos funcionarios por los delitos de “incumplimiento de mecanismos necesarios de custodia”, insistiendo en su primera versión de la muerte del concejal.
Desde que inició el proceso, la familia de Albán ha dicho que lo ocurrido fue un asesinato. Ellos solicitaron la exhumación del cadáver, en el marco de la aplicación del protocolo de Minnesota, que es usado para investigar muertes potencialmente ilícitas. A un año de la muerte, el Ministerio Público no les había respondido.
A un año de la muerte de Fernando Albán, Fiscalía aún niega expediente y exhumación
El 8 de octubre de 2020, el Tribunal 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas anuló el acto conclusivo de acusación contra los dos militares acusados por el Ministerio Público tras la muerte del concejal.
Sobre el caso, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela dijo que tiene “motivos razonables” para creer que se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias contra Albán y que murió bajo la custodia del Sebin, lo que implica una presunción de responsabilidad del Estado. Tiene “fuertes reservas” sobre la calificación de suicidio.
Juan Pablo Pernalete
El titular del MP indicó que unos 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron imputados por homicidio preterintencional en grado de complicidad por la muerte del joven Juan Pablo Pernalete en las protestas 26 de abril del 2017.
A partir de su muerte, autoridades del gobierno de Nicolás Maduro dieron a conocer su versión sobre el suceso, que quitaba la responsabilidad a los cuerpos de seguridad. El 29 de abril de 2017, el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, dijo que una “aproximación policial” señala que el joven pudo haber sido asesinado con una pistola de perno cautiva.
También señaló que medios informaron que Pernalete pudo haber muerto a causa de una bomba lacrimógena. Sobre esto dijo que le resultaba llamativo que no se observan guardias nacionales en la escena (lo que contrasta con declaraciones y videos). Sin embargo, de acuerdo con los resultados preliminares del Ministerio Público, 60% de las heridas en las marchas fueron causadas por policías y guardias nacionales. Esa conclusión se dio cuando Luisa Ortega Díaz era la fiscal general de la República.
Finalmente el Ministerio Público informa que la muerte de Juan Pablo Pernalete fue por el impacto de una bomba lacrimógena, no como desde hace 4 años el Gobierno de facto de Maduro intentaba manipularla, asegurando que fue por una “pistola de perno” pic.twitter.com/WDiadCnp5a https://t.co/cuaen05TnK
— PROVEA (@_Provea) May 1, 2021
Con motivos razonables
Casi un mes después, la entonces fiscal general confirmó que el deceso fue producto de un objeto metálico disparado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lo que desmintió las primeras versiones del Gobierno. “Esperamos determinar en los próximos días la persona que disparó esto”, prometió, aunque luego no pudo cumplir. La Constituyente la destituyó del cargo y designó en su cargo a Saab.
El 7 de agosto de 2020, la Misión de Determinación de Hechos se comunicó con el Gobierno para solicitar datos de las actuaciones judiciales, pero al momento de publicar el informe (15 de septiembre de 2020) no había recibido respuesta. Por todo lo ocurrido, la Misión concluyó que tenía “motivos razonables” para creer que Pernalete fue víctima de una “privación arbitraria de la vida y que la GNB – REDI Capital – estuvo involucrada”.
A cuatro años de la muerte de Pernalete, su familia manifestó que sigue “esperando que sean juzgados y condenados, no sólo quien accionó la carabina Norinco Narg 38 (…) sino también a quienes idearon y ordenaron la ejecución de las políticas antes señaladas, es decir, el autor material y los máximos responsables en la cadena de mando”.
Resultados cuestionables
¿Se hizo justicia? Aún falta que la CPI emita su informe. Sin embargo, ONG defensoras de los derechos humanos dan luces sobre las declaraciones de Saab y el impacto que estas puedan tener en el proceso que lleva la CPI.
El coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, consultado por Efecto Cocuyo el 2 de mayo, dijo que la calificación de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva que hace la Fiscalía en el caso de Pernalete “busca generar impunidad a favor de la Guardia Nacional Bolivariana”.
Marino Alvarado: El Gobierno intenta simular justicia en casos de Acosta, Pernalete y Albán
Sobre la calificación de homicidio culposo en el caso de Fernando Albán, Alvarado dijo que si la persona detenida está bajo responsabilidad del Estado y se concluye que hubo un homicidio, entonces no es culposo, sino intencional.
En su opinión, la única imputación “justa” que hace el Ministerio Público es la que está relacionada al asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Consideró que las declaraciones de Saab obedecen a una estrategia que busca inhibir la actuación de la CPI.