Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

9

QUÉ CHÉVERE

2

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Tortura, maltrato sistemático y condiciones inhumanas avaladas por el Estado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) documentó algunos casos de violaciones cometidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y otros cuerpos de seguridad a las órdenes de la administración de Nicolás Maduro.

Según se indica en el informe publicado este miércoles, 16 de septiembre, la Misión investigó 223 casos individuales, de los cuales 48 se detallan en el informe completo. Ubicaciones de los centros de tortura, descripciones del interior de los espacios, los métodos de tortura perpetrados y los responsables de los actos se mencionan en el documento de 443 páginas.

Los casos a profundizar fueron seleccionados a partir de consideraciones de disponibilidad y seguridad de los testigos, acceso a los expedientes y pruebas digitales. Se aclara que «de ninguna manera sugiere que otros casos sean de menor importancia o credibilidad».

También se examinaron otras 2.891 violaciones de los derechos humanos para corroborar patrones, pero la Misión no ha podido investigar todos los contextos.

Fernando Albán

El exconcejal del municipio Libertador de Distrito Capital y su familia recibieron amenazas telefónicas anónimas en 2015, razón por la que decidieron salir de Venezuela entre los años 2015 y 2017. En 2018, Albán viajó a Nueva York para conversar con líderes opositores y participar en eventos. A su regreso, el 5 de octubre de 2018 fue detenido por funcionarios del Sebin en el Aeropuerto de Maiquetía.

Se le autorizó para hacer una llamada más de 24 horas después de su arresto. Albán informó que se encontraba detenido en el décimo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en la sección de contrainteligencia. No recibió maltratos, pero los funcionarios lo estaban presionando para incriminar al diputado Julio Borges del atentado con drones contra Maduro el 4 de agosto de 2018.

El 7 de octubre de 2018 fue presentado ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de de Caracas y luego remitido al Tribunal Primero de Primera Instancia con competencia en casos vinculados con terrorismo, a cargo de la jueza Carol Padilla. La Misión pudo revisar la orden de aprehensión de Albán y constató que no se proporcionaron elementos probatorios que justifiquen que se le acusara de terrorismo, intento de asesinato de Maduro.

Sobre su muerte, el 8 de octubre, el equipo documentó versiones contradictorias de lo ocurrido por parte del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Tarek William Saab y el ministro de Interior Néstor Reverol, a pesar de que no se había completado la investigación.

La versión oficial sobre la muerte de Albán es el suicidio, pero la ONU duda de esa tesis

Cruce de datos

El Ministerio Público abrió una investigación pero el equipo no pudo establecer cuál fue el veredicto del caso. Tampoco hay información sobre la investigación de otros delitos en su contra a pesar de las denuncias presentadas por sus abogados. El 2 de junio, la Misión solicitó al Gobierno de Venezuela el informe de investigación, expediente de la detención, la autopsia y fotografías para una revisión independiente, pero no recibieron respuesta.

Pudieron acceder a un documento con las actuaciones de los funcionarios del Sebin investigados por la muerte de Albán. También contactaron a expertos forenses que determinaron que la autopsia estaba muy por debajo de las normas internacionales.

La Misión tiene «motivos razonables» para creer que se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias contra Albán y que murió bajo la custodia del Sebin, lo que implica una presunción de responsabilidad del Estado. Tiene «fuertes reservas» sobre la calificación de suicidio.

Capitán Rafael Acosta Arévalo

El 22 de junio de 2019, la esposa del capitán Waleska Pérez informó que no había tenido información sobre su marido desde el día anterior. Había ido a una reunión con militares activos y retidos. Cuatro días después, el gobierno anunció su detención por presuntamente formar parte de un golpe llamado «Vuelvan Caras«. Sus abogados no pudieron comunicarse con él hasta el 28 de junio de 2019.

Un informe de la Dgcim señala que el 26 de junio de 2019, dos funcionarios de este cuerpo de seguridad viajaron a Guarenas para detener al capitán. Lo interceptaron en una parada de autobús y, luego de presentar sus credenciales, Acosta Arévalo intentó huir pero sufrió una caída. Esta versión contrasta con lo que informó la familia del capitán, que sospecha que al militar lo llevaron a un centro de detención clandestino.

El documento dice que los oficiales llevaron al capital a hospital militar Carlos Arvelo a las 7 de la mañana del 28 de junio de 2019. Tenía un traumatismo en varias partes del cuerpo, deshidratación moderada y una infección en la piel; sin embargo estaba en «condiciones estables». En la noche fue llevado en silla de ruedas a la audiencia de presentación ante el Tercer Juzgado Militar a pesar de que fue dado de baja del Ejército en 2006.

El capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo murió víctimas de las torturas que recibió en la Dgcim en el mes de junio de 2019. Hay pruebas de la tortura en su contra 

Informes

En un breve contacto con su abogado, quien lo vio adolorido y sangrando, Acosta asintió cuando se le preguntó si había sido torturado. El juez, al ver el estado del capitán, ordenó que lo llevaran al hospital militar Vicente Salias Sanoja en Fuerte Tiuna, pero llegó al centro de salud sin signos vitales. Un informe del Cicpc dice que el lugar de muerte de Acosta fue el depósito de cadáveres del hospital. Este dato plantea dudas sobre la hora y el lugar exacto de la muerte del capitán.

El examen externo del cadáver muestra 38 heridas en su cuerpo, fracturas y quemaduras en la piel. La autopsia estableció como causa de muerte edema cerebral grave por insuficiencia respiratoria aguda causada por un politraumatismo generalizado. El 10 de julio, más de 10 días después, las autoridades se comunicaron con la familia para que acudiera a la morgue de Bello Monte e identificaran el cuerpo.

El 30 de junio el Ministerio Público acusó a dos oficiales de la Dgcim, el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía y el sargento segundo Estiben José Zárate Soto. Sin embargo, el Ministerio Público no investigó las denuncias de tortura. El 7 de agosto, la Misión solicitó al Gobierno datos sobre las actuaciones judiciales en este caso pero no recibió respuesta.

La Misión concluyó que tiene motivos razonables para creer que se cometió un arresto arbitrario, desaparición forzada de corto plazo, torturas hasta el punto de causarle la muerte y que oficiales de e la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dgcim y la unidad de Asuntos Especiales participaron en las violaciones.

OLP en Barlovento

En Caucagua, Barlovento (Miranda) se llevaron a cabo varias Operaciónes de Liberación del Pueblo (OLP) en el año 2016, luego del asesinato o secuestro de funcionarios en la localidad.

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, dijo que se activó la operación conjunta por la situación de seguridad en Miranda, así como para «combatir los desalojos arbitrarios de casas por parte de elementos violentos vinculados al paramilitarismo colombiano y al crimen organizado».

Las acciones se llevaron adelante en el marco del «Plan Rondón» por la REDI (Región Estratégica de Defensa Integral) Capital, cuyo objetivo era neutralizar a los grupos que pudieran generar violencia. El 7 de octubre de 2016 las tropas llegaron a la localidad de El Café y realizaron incursiones en distintas partes de Barlovento durante los diez días siguientes.

Entre los días 13 y 18 de octubre de 2016, los cuerpos de seguridad detuvieron a 35 hombres; a ocho los liberaron y a 17 los asesinaron o desaparecieron. No se tiene información sobre nueve. De las 35 detenciones, 25 se hicieron sin orden de captura y a20 de ellos los trasladaron a la base del Batallón del Caribe, instalada temporalmente en El Café. Los detenidos recibieron torturas para reunir información sobre el paradero de bandas criminales.

Fosas comunes

La Misión tuvo conocimiento de que los detenidos fueron trasladados a finales de octubre de El Café a la base militar en la Alfarería Bell, donde permanecieron alrededor de una semana antes de ser ejecutados. Los cuerpos de seguridad obligaron a los detenidos a firmar un documento que validaba que no recibieron malos tratos. El 18 de octubre de 2016 el ministro de Interior informó que la operación logró desmantelar una banda y anunció el asesinato de cinco personas.

El 27 de octubre de 2016, el Ministerio Público de Miranda recibió una denuncia en relación con la desaparición de 12 personas en El Café. Durante las investigaciones, la institución identificó a un testigo que dio información coherente sobre la ubicación de las fosas comunes de las víctimas. El 25 de noviembre de 2016 se encontraron dos cuerpos en una fosa del sector La Maturera, al día siguiente se encontraron diez cadáveres en una fosa común en una zona boscosa del Parque Nacional Guatopo.

La orden de desaparecer a los 12 detenidos llegó a nivel de comandantes el 23 de octubre de 2016, «al parecer de un representante del Ceofanb (Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana)». En un procedimiento distinto murió un adolescente por asfixia mecánica por aspiración bronquial, politraumatismo general y traumatismo craneal.

El 27 de noviembre de 2017, el Ministerio Público anunció que presentaba cargos por la muerte de los 12 hombres, contra 12 miembros del Batallón del Caribe. Dos días después, se responsabilizó de la muerte del adolescente a otros siete miembros del Batallón. La Misión concluyó que tiene motivos para creer que se cometieron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Puede leer los otros 45 casos detallados por la Acnudh aquí.