A un año de la muerte de Fernando Albán, Fiscalía aún niega expediente y exhumación

POLÍTICA · 7 OCTUBRE, 2019 19:50

A un año de la muerte de Fernando Albán, Fiscalía aún niega expediente y exhumación

Texto por Cristofer García | @cristofueg

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“Su abogado tuvo que exiliarse por persecución política”

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Un año después de la muerte del concejal Fernando Albán, el cadáver no ha sido exhumado, como lo solicitó su familia y defensa, que insisten en que el caso del político de Primero Justicia se trata de un asesinato.

“Hemos solicitado la exhumación del cadáver desde el año pasado, pero esto no se ha podido. Nunca nos respondió el Ministerio Público”, aseguró Ramón Aguilar, abogado defensor de Albán, este lunes, 7 de octubre.

La muerte de Albán ocurrió el 8 de octubre de 2018, cuando cayó desde el piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela. En ese momento, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, afirmó que se trató de “un suicidio”.

Ante la muerte en situación irregular, y en manos del Estado, los abogados del concejal solicitaron la aplicación del protocolo de Minnesota, que es usado para investigar muertes potencialmente ilícitas.

“El caso de Fernando Albán encaja en el protocolo de Minnesota, para ser investigado como una muerte presuntamente ilícita”, afirmó Aguilar.

Este mecanismo de las Naciones Unidas, aplicado para prevenir las ejecuciones extrajudiciales, establece que se realice una investigación independiente, con apoyo de técnicos internacionales y con la mayor ética posible. Sin embargo, la solicitud no tuvo respuesta.

La tesis gubernamental es desestimada por la defensa del político fallecido, porque afirman que hay pruebas para calificar al caso como un homicidio. Además, Aguilar aseguró que solo tuvieron acceso al expediente durante 20 minutos, no les permitieron una copia y tampoco tener acceso al cuerpo.

“Hay más de 50 solicitudes pidiendo acceso al expediente y copia certificada y nunca se nos permitió tener el expediente”.

Tampoco hubo disposición para que la autopsia fuese auditada y afirmó que cuentan con evidencia fotográfica del cadáver y el centro de reclusión, que han conseguido extraoficialmente por funcionarios del Sebin, que revelarían que fue un asesinato.

“Tenemos fundados indicios de que fue un homicidio. El cuerpo fue encontrado sin esposas y sin calzado. Si hubiera sido un traslado a tribunales debería estar calzado”, sostuvo.

Aseguró que las investigaciones que han realizado particularmente con este material fotográfico desmentiría que la muerte ocurrió producto de la caída, sino que Albán estaría muerto antes.

“Los expertos que hemos consultado afirman que existen marcas que corresponden a tortura con electrocución y por distintos colores de la cabeza o, que fue asfixiado, o estuvo varias horas en una sola posición, lo que pudiera descartar la tesis de que murió al caer sino que murió arrojado después de estar muerto”.

Esta tesis es reafirmada por el exdirector del Sebin, Manuel Christopher Figuera, quien aseguró que Albán murió antes de ser arrojado del décimo piso y fue torturado por órdenes del gobernante chavista Nicolás Maduro.

Los abogados defensores introdujeron ante al Fiscalía, en diciembre de 2018, una denuncia contra el director del Sebin, Gustavo González López, la juez Carol Padilla, quien ordenó al detención de Albán -así como la de otros presos políticos- y contra funcionarios de la policía de inteligencia. La denuncia tampoco fue respondida.

Dos meses después, en febrero de 2019, introdujeron en la Defensoría del  Pueblo otra denuncia contra los mismos funcionarios y también contra Saab, a quien señalaron del encubrir el caso.

Aguilar, quien se encuentra exiliado en Colombia, recordó que luego de esta denuncia los abogados fueron perseguidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

También resaltó que solicitaron apoyo del representante del presidente (e) Juan Guaidó en ese país, para recavar las evidencias lograr unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

“Estamos pidiendo la colaboración del embajador Humberto Calderón Berti, con expertos internacionales para que revise el material que nosotros tenemos y aportar esas pruebas a la Cidh“, dijo.

Recordó que en abril de este año introdujeron ante la Cidh una solicitud para que se ordenaran medidas cautelares en el caso Albán, porque al concejal se le violaron todos los derechos procesales y de legitimo derechos a la defensa.

“Se violó el derecho  la vida, libertad, al debido proceso, convenios internacionales, torturas y tratos crueles, además de derechos civiles y políticos”.