Marino Alvarado: El Gobierno intenta simular justicia en casos de Acosta, Pernalete y Albán

POLÍTICA · 2 MAYO, 2021 16:03

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Texto por Ibis Leon | @ibisL Fotos por EFE

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Los delitos que imputó el Ministerio Público a los responsables materiales de las muertes del estudiante Juan Pablo Pernalete y del concejal Fernando Albán no fueron bien recibidas por los familiares de las víctimas ni por defensores de derechos humanos.

Para el coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, la calificación de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva que hace la Fiscalía en el caso de Pernalete “lo que busca es generar impunidad a favor de la Guardia Nacional Bolivariana”.

El abogado explica que el término correspectivo está mal usado pues existen suficientes elementos para determinar quién disparó: “Cuando van a un proceso de control de orden público no todos los funcionarios de la GNB tienen bombas lacrimógenas, basta con establecer cuál era el pelotón que estaba actuando, quiénes tenían bombas y ver los videos para determinar el ángulo desde el cuál se hizo el disparo para determinar quién es el responsable”.

 “El gobierno, a través del Ministerio Público, está intento simular justicia, pero mientras no se investigue a la cadena de mando, a quienes tienen capacidad de decisión para que se cometan los crímenes, se está garantizando impunidad”, afirma.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas también rechazan la actuación de la Fiscalía porque “vuelve a revictimizar a los padres de Pernalete e impide que haya un correcto acceso a la justicia”.

“Dicha precalificación jurídica plantea que el Guardia que le disparó a Juan Pablo lo hizo con la intención de herir y no de matar. Además utiliza incorrectamente la figura de responsabilidad correspectiva, empleada usualmente en casos en los que una persona es lesionada o asesinada por una multitud y es imposible determinar quién causó la lesión o muerte”, alertan.

¿Homicidio culposo o intencional?

El Ministerio Público también informó que los agentes responsables de la muerte del concejal Fernando Albán fueron acusados de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido.

“Si la persona está bajo responsabilidad del Estado y se concluye que hubo un homicidio, entonces ese homicidio no es culposo, es intencional, posiblemente hubo tortura psicológica y física”, señala Alvarado.

En su opinión, la única imputación “justa” que hace el Ministerio Público es la que está relacionada al asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Sus custodios son procesados por homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura.

No obstante, el defensor de derechos humanos considera que esto obedece a una estrategia que busca inhibir la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI).

“La decisión del TSJ de anular la sentencia en el caso de Arévalo y ahora las nuevas calificaciones que está haciendo Saab son un efecto directo del informe de la misión de determinación de los hechos presentado en septiembre donde se establece claramente que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y tiene que ver con el avance que ha tenido el caso Venezuela I en la Corte Penal Internacional con mucha posibilidad de que pase a la fase de investigación”, expone el abogado.

Hablan los familiares

Tras la declaración del Fiscal, José Gregorio y Elvira Pernalete hicieron pública una carta en la que señalan que los delitos imputados a los funcionarios de la GNB “constituye o bien una burla con la que pretenden engañar al mundo o el resultado de una negligente investigación”.

“Nos hemos enfrentado a un Estado que desde el inicio no solo pretendió ocultar la verdad sino que no satisfecho con la muerte física de Juan Pablo, también buscó su asesinato moral, inventando historias contra él y algunos de sus compañeros de lucha”, denuncian.

La familia de Fernando Albán, a través de su abogado Ramón Alfredo Aguiar, advirtió que “la única intención del (Fiscal) es confundir a la opinión pública y pretender engañar a la Corte Penal Internacional, haciendo creer que se está averiguando y enjuiciando los crímenes cometidos”.