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La liberación de al menos 50 presos políticos y la devolución de la tarjeta a Primero Justicia,  como producto de las negociaciones entre Henrique Capriles Radonski y Stalin González, son concesiones logradas a cambio del llamado a participar en las elecciones parlamentarias.

Expertos electorales advierten que dichas medidas buscan aumentar la participación de los partidos en los comicios con miras a validarlos, pero poco tienen que ver con la transparencia  del proceso.

“Son condiciones producto de la negociación, en una situación como esta busca aumentar la participación de los partidos de oposición, no tiene que ver con la transparencia que debe tener el proceso sino para que haya más pluralidad. Es probable que suceda  lo mismo con las tarjetas de otros partidos como Acción Democrática o del chavismo”, expresó la exconsultora jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE), Egleé González Lobato.

Vicios estructurales

González Lobato junto al exrector del CNE Andrés Caleca y la coordinadora nacional de contraloría electoral de Súmate, Nélida Sánchez, señalaron que hay serios “vicios estructurales” que afectan al derecho al sufragio desde el punto de vista constitucional y técnico, difíciles de revertir de cara al 6 de diciembre.

De allí que apuntan, que lo recomendable sería suspender temporalmente (hasta mediados de 2021) el evento electoral en aras de adecuarlo a la Carta Magna y a la normativa, sin dejar de mencionar que hay condiciones sanitarias (repunte de casos de COVID-19) que lo demandan.

“Hay una merma en la garantía del derecho al sufragio como expresión de la democracia. El aumento arbitrario del número de diputados (a 277), se crea una lista nacional de 48 diputados que no representan a ningún estado, sin criterio técnico, que degrada el voto a una elección de segundo grado. Lo mismo ocurre con la representación indígena que ahora se escoge a mano alzada”, resumió González.

Caleca subrayó que la Constitución establece en su artículo 63 que el voto es directo, universal y secreto y que el 186 prevé el número de diputados a elegir, por lo que no es “negociable” su aplicación o no en una mesa entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición o partido político, “simplemente debe acatarse”.

El 30 de julio, los exfuncionarios del ente comicial introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para solicitar la nulidad de la convocatoria a las parlamentarias que aún espera respuesta.

 Condiciones técnicas

Los expertos también resaltaron que a 90 días de los comicios parlamentarios los venezolanos desconocen cómo van a votar y los actores políticos no han sido informados sobre las especificaciones técnicas de las máquinas de votación, si se adquirieron, a quién y cuántas se emplearan en el proceso, así  como el software a utilizar.

“Hay condiciones para el voto que deben ser garantizadas y debe haber transparencia. ¿Cómo sabemos que los miembros de las juntas electorales regionales y los miembros de mesa que se escogieron entre gallos y media noche no son del Psuv? Los vicios y las irregularidades son de tal magnitud que no hay manera de evitar que esas elecciones sean un desastre, vamos hacia ese desastre electoral”, alertó Caleca.

Para Nélida Sánchez, el proceso electoral se tiene que ver como un todo y debe estar ajustado a la norma constitucional y a la ley desde su origen. Enfatiza que no solo debe tomarse en cuenta lo que se logre a partir del llamado de Capriles sino que hay etapas del proceso que deben corregirse desde el inicio y los tiempos antes del 6 de diciembre, no dan.

“¿Cómo se promete que van mejorar las condiciones y lo que quedó atrás? Hay electores que se quedaron por fuera porque apenas dieron unos pocos días para las inscripciones y actualizaciones del Registro Electoral (RE) y no habilitaron suficientes máquinas, los partidos no pudieron impugnar el Registro porque no les dio tiempo, hay reubicaciones masivas de votantes que no se revirtieron, ¿cómo arreglas eso a estas alturas?”, cuestionó.

Añadió que de suspenderse los comicios temporalmente, debería abrirse de nuevo el RE para garantizar el derecho de los que cumplan 18 años en ese lapso y habilitar por lo menos una máquina en cada parroquia.

Observación internacional

El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, le aseguró al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre tendrán tinta indeleble y observación internacional. Incluso invitó al diplomático a ser uno de los observadores.

Al respecto, Sánchez sostuvo que el requerimiento de observación internacional debe hacerse desde la convocatoria del proceso y no tres meses antes, para que pueda ser aprobada por los organismos internacionales. Apunta que ni siquiera estaba contemplada en el cronograma electoral.

Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea han dicho que no enviarán misiones al proceso electoral porque no cumplen las garantías requeridas para considerarse transparentes y democráticas. Varios países, principalmente Estados Unidos, también manifiestan desde ya su desconocimiento a los resultados electorales y avalan  la continuidad de la actual AN presidida por Guaidó.

Además, en la normativa solo está previsto un acompañamiento internacional que no permite opiniones vinculantes contra el proceso y es ejercido por organismos de países aliados al chavismo y con sistemas electorales obsoletos.

“Uno de los principios por los que se rige toda elección de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) es la transparencia, algo de lo que carece totalmente este proceso convocado para el 6 de diciembre”, lamentó Sánchez.

González Lobato llamó a la gestión de Maduro y a Capriles para que repasen la lección de las presidenciales del 2018: el desconocimiento internacional por la falta de transparencia y la profundización de la crisis del país.