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Con prórroga de tres días incluida, este miércoles 29 de julio culminó el proceso de inscripción y actualización del Registro Electoral (RE) en todo el país. Diputados y dirigentes de partidos políticos, así como organizaciones civiles, denuncian una serie de irregularidades detectadas durante las jornadas que se iniciaron el 13 de julio en 551 puntos habilitados.

“Todo el proceso electoral está viciado es nulo por la falla de origen a partir del nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) a dedo por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata en su conjunto de un hecho político del Psuv para tomar el poder político a través de la Asamblea Nacional y no está dentro de los parámetros de las leyes electorales y la Constitución”, advierte la diputada de Voluntad Popular (VP) Olivia Lozano.

La integrante del Comité de Postulaciones Electorales recalca que cada etapa prevista en el cronograma electoral, incluido el RE, viola los parámetros legales, lo que llevará al desconocimiento nacional e internacional de los comicios parlamentarios y sus resultados. Asegura que para el pueblo venezolano, ocupado actualmente en comer, buscar fuentes de agua porque a su casa no llega y hasta leña para cocinar, las elecciones no son de su interés porque sabe que no contribuirán a la solución de los problemas del país.

“En principio está la falta de condiciones para ese RE debido a la cuarentena, luego no hay garantía de una auditoría para verificar si se actualizó y depuró. La data solo será usada para abultar y consagrar la trampa, de manera que todas las irregularidades que se presentaron eran de esperarse en un proceso ilegítimo desde su origen”, reitera Lozano.

Poco tiempo y escasos puntos habilitados 

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) compara el lapso establecido para el RE y los puntos habilitados por el CNE para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, con los comicios de 2015. Para las primeras solo fueron 14 días, más una prórroga de tres días y 551 puntos en todo el territorio nacional, mientras que en 2015 se habilitaron 1.568 en los 335 municipios durante cinco meses.

Aunado a ello, no todos los puntos funcionaron y el CNE nunca informó sobre la aprobada distribución de puntos móviles para el Registro, por lo que fue información “privilegiada” que manejaron unos pocos. “Entre los días 23, 24 y 25 de julio, por ejemplo, se pudo constatar que no estaban operativos algunos puntos referidos en la web del CNE para el Distrito Capital y el municipio Chacao (…) Esto dificultó aún más a los ciudadanos el cumplimiento de este derecho y deber”, expresa el OEV mediante un comunicado.

Exclusión

Piero Maroun, diputado de la AN por Acción Democrática, indica que hay más de ocho millones de personas que deben regularizar su situación en el RE, de las cuales 1 millón 650 mil electores necesitan cambiarse de centro de votación porque se mudaron de estado o de municipio. De igual forma, señala, 2 millones 696 mil ciudadanos en edad de votar no están inscritos, la cifra asciende a más de 5 millones si se toma en cuenta a quienes están en el exterior. El legislador duda que ambas cifras puedan cubrirse con un RE abierto solo 17 días.

“Si a ese CNE le interesara que la gente participe abre el RE por lo menos uno o dos meses, pero no lo hicieron con la finalidad de incluir a la mayor cantidad de gente posible. Todas esas convocatorias dentro del cronograma electoral son llamados manipulados para aparentar legalidad y legitimidad de un proceso electoral amañado”, denuncia el parlamentario.

Incongruencias

Súmate, a través de su coordinadora nacional de Contraloría Electoral, Nélida Sánchez, apunta que al verificar las direcciones de los puntos habilitados en la página web del ente comicial se contaron más de 800, lo que contrastó con el número anunciado de 551. A su juicio, dicha incongruencia, que se suma a la falta de información sobre los puntos móviles, denota falta de transparencia y precisión de los datos divulgados por el CNE.

Sesgo político en distribución de puntos

En la distribución de los puntos del RE se evidenció sesgo político, puesto que fueron ubicados en bases de misiones sociales del gobierno de Nicolás Maduro, sedes de comandos policiales y de la Guardia Nacional, hasta en sedes de organismos públicos y empresas del Estado. Esto fue interpretado por Súmate como factor de desmotivación para personas opuestas al gobierno que deseaban inscribirse en el Registro o actualizar sus datos y una forma de coacción contra trabajadores públicos.

En rueda de prensa del 22 de julio, el presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la AN, Ángel  Medina, junto a Maroun cuestionó que hubiera más puntos del Registro en zonas menos poblados y menos en los estados con mayor población como Miranda, con el objetivo de favorecer a una parcialidad política.

“En Barinas con menos población hay 114 puntos para el Registro Electoral, en Lara 331, mientras que en Miranda solo hay 36. Dentro del mismo estado Miranda, en Baruta, hay un solo punto en la Plaza Bolívar con dos máquinas, mientras que en Chacao, con menos electores, hay cinco. Debería haber un punto por parroquia en todo caso para los estados más poblados”, acota Nélida Sánchez.

Una irregularidad calificada por Sánchez y Maroun como grave fue la detección de puntos móviles en casas de activistas políticos. Fue el caso de una precandidata a la AN en el Zulia, ligada al chavismo.

Restricciones de movilidad

Las dificultades para desplazarse por la falta de transporte y las restricciones impuestas debido a la cuarentena para cortar los contagios por COVID-19, impidieron que venezolanos acudieran a los puntos del RE, bien sea para inscribirse o para cambiarse de centro de votación.

Dicha limitación fue una constante en las dos semanas y tres días que duró el registro, situación agravada en estados con cuarentena radical como Zulia, Vargas, Táchira, Bolívar, Sucre y la Gran Caracas. Se critica que el CNE no diseñara un plan de contingencia desde el inicio para cubrir aspectos como el traslado.

Incumplimiento de medidas de bioseguridad

Hasta este miércoles 29 de julio se reportaron en Venezuela 17.158 casos confirmados de COVID-19 y 154 muertes. Se critica que se llamara a la población a desplazarse hacia los puntos del RE en pleno auge de la pandemia.

Además, en varios puntos se constató incumplimiento de medidas de bioseguridad para prevenir el virus tales como el distanciamiento social en las colas,  uso de guantes por partes de los funcionarios del CNE, del gel alcoholado para las manos de los votantes y la falta de limpieza  del equipo biométrico colocado en las mesas después de cada contacto.

Control social

Durante la prórroga se del RE se observaron colas de última hora en varias regiones del país reportadas por electores a Efecto Cocuyo. Autobuses fueron observados en las adyacencias de puntos del CNE en Cojedes y Cumaná, estado Sucre, entre otros. Coordinadores regionales de Súmate denuncian que jóvenes eran chantajeados con un cupo en la universidad o un puesto de trabajo a cambio de inscribirse.

En similar ilícito habrían incurrido de acuerdo con la organización de observación electoral, personas que manejan la distribución de alimentos de los CLAP en las comunidades, al advertir a quienes no se cambiaran a determinados centros de votación que  no les llegaría la bolsa o caja con productos.

Poca difusión

Las fallas de internet en todo el país dificultaron el acceso de los ciudadanos a la página web del CNE para informarse sobre la ubicación de los puntos para el RE. Varios electores reportaron haberse enterado de la convocatoria y la dirección a donde debían acudir por grupos de whatsapp. Súmate destaca la campaña “poco agresiva” del CNE para que los jóvenes en edad de votar acudieran a la convocatoria.

Comprobantes sin firmas

Sánchez indica además que un requisito para validar la inscripción o la actualización en el RE es que el comprobante del acto sea debidamente sellado y firmado por el funcionario que hace el registro y el elector. Denuncia que en algunos puntos monitoreados esa formalidad no se cumplió. Advierte que ello se presta a manipulación de los datos de los ciudadanos, lo cual acarrea sanciones civiles y penales.

“Hay muchas denuncias de personas a los que mudaron de forma inconsulta de centro de votación y otros que se cambiaron pero el sistema no actualizó la modificación, cómo se pretende que haya confianza para ir a votar”, fustiga Maroun.

“La manera como transcurrió el proceso de inscripción y actualización de los ciudadanos en el Registro Electoral es un mal mensaje y no logra disipar las dudas que una buena parte del país mantiene respecto a la calidad del venidero proceso electoral. Muy por el contrario, las profundiza. Por el bien de todos, es imperativo introducir las rectificaciones necesarias” alerta el OEV.

De acuerdo con el cronograma electoral está prevista una auditoría al RE para el 14 de agosto y la impugnación para el día 26 de ese mes. La publicación del RE definitivo tiene fecha entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre