Tamara Suju: Así fueron los últimos días de Víctor Hugo Quero en el Hospital Militar
La denuncia señala también omisión de socorro especializado
La abogada Tamara Suju dio este miércoles más detalles sobre la muerte bajo custodia del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas. La activista de derechos humanos recibió información de una fuente interna que reveló detalles sobre los últimos días del detenido en el Hospital Militar Carlos Arvelo.
Suju indica que Quero Navas ingresó el 14 de julio de 2025 al nosocomio ubicado en Parroquia San Juan del Municipio Libertador por urgencias, trasladado desde el centro penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda. “Presentó desprendimiento y sangrado interno severo, por lo que los médicos lo intervinieron quirúrgicamente. Después lo ubicaron en el piso 11, área destinada a procesados militares, donde su estado de salud se agravó”, dijo la abogada.
Agrega que entre el 15 y el 24 de julio, el paciente sufrió hemorragia interna, caída de hemoglobina, deterioro sistémico e insuficiencia respiratoria y que permaneció nueve días en esa sala común a pesar de la gravedad de su cuadro clínico.
“Las autoridades hospitalarias no lo trasladaron a Terapia Intensiva sino hasta poco antes de la medianoche del 24 de julio. Víctor Hugo Quero Navas falleció a las 12:50 de la madrugada del 25 de julio”, señala en su cuenta de X.
La denuncia señala también omisión de socorro especializado. “Los responsables no le suministraron vía central ni oxígeno oportuno ni lo derivaron a cuidados intensivos. Además, se violó el protocolo forense, ya que el cuerpo salió del hospital en una bolsa negra a cargo de personal del Rodeo I”, agregó.
Suju identificó irregularidades cometidas por autoridades del Hospital Militar, funcionarios del Servicio de Custodia (SESMAS), el juez del caso, el fiscal general y el fiscal de la causa. También mencionó a alias Rayden, alias Fido Divo y alias El Chivo, del Rodeo I, así como al jefe del servicio médico del penal.
El Instituto CASLA, que dirige Suju, exigió una investigación independiente, supervisada internacionalmente, con acceso pleno a evidencias. Demandó la preservación de registros médicos, bitácoras y testimonios, así como la protección de familiares y testigos. La activista anunció que pondrá a disposición de la justicia nacional e internacional las pruebas en su poder cuando exista un Estado de derecho en Venezuela.