Como quiera que es una pandemia mundial, desde el primer momento está claro que la propagación del COVID-19 depende de lo que haga cada uno de los países, por separado y en conjunto.
Está planteada la posibilidad de aprender de los éxitos y fracasos de cada una de las naciones, desde las que tienen mayores capacidades hasta las que adolecen de fallas estructurales en sus sistemas sanitarios y en la vigencia plena de los derechos humanos. Menos útil sería perder tiempo en comparaciones asociadas a la diatriba política que suele enturbiar las relaciones internacionales.
La emergencia amerita sobreponer los criterios técnicos y humanitarios que favorecen a la comunidad de naciones en su conjunto. Y en ese sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han impartido lineamientos generales que privilegian la dignidad de las personas. En definitiva, se trata de salvar vidas.
A modo panorámico, Efecto Cocuyo muestra las medidas estatales más resaltantes en ocho países, analizadas a partir de las directrices establecidas por la OMS y la ONU para afrontar el COVID-19, sistematizados en un baremo: Estados Unidos, Italia, Colombia, Alemania, España, China, Chile y Venezuela.

Lo bueno: detección temprana y protección de los más vulnerables
El primer lineamiento de la OMS consiste en la necesidad de hacer los mayores esfuerzos posibles para la detección temprana del COVID-19, a través de mecanismos de vigilancia epidemiológica efectiva para evitar nuevos contagios.
China, el país donde surgió el nuevo coronavirus, ha logrado aplanar su curva de contagios a través del uso de tecnologías al alcance de las manos de la gente. Todo aquel que tenga un teléfono celular puede ser monitoreado en forma permanente, de modo de procesar alertas tempranas sobre riesgos de contraer el virus, en atención a los lugares y personas frecuentados por cada quien.

“Deberán realizarse pruebas a todos los casos sospechosos”, recomienda la OMS. Sin embargo, ello depende de las capacidades de cada país para masificar las pruebas de despistaje.
Es necesario distinguir entre pruebas de detección y pruebas de diagnóstico. Hecha la aclaratoria, Colombia se ha puesto como meta la realización de 335.000 test rápidos semanalmente. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó que estas pruebas “fast track” permiten la optimización de recursos y ayudan a los profesionales de salud a tomar decisiones sobre la eventual necesidad de aislamiento domiciliario u hospitalario.

Con más fortaleza que Colombia, las autoridades del Instituto de Virología Robert Koch, de Alemania, han dicho que pueden realizar 348.619 exámenes de diagnóstico por semana. Además, en Alemania han innovado con las pruebas de detección “drive in”: dentro de su automóvil, para evitar mayores contactos interpersonales, las personas son examinadas masivamente.

Los más directamente expuestos al virus son los médicos y enfermeros que atienden a los contagiados. La OMS recomienda una adecuada dotación de Equipos de Protección Especial, pero no todos los países tienen la misma capacidad para cumplir dicho lineamiento.
La contingencia amerita el establecimiento de prioridades. España, cuyo personal sanitario es animado con jornadas de aplausos desde ventanas y balcones, compró material sanitario por 432 millones de euros, que incluye 550 millones de mascarillas, 950 respiradores, 5,5 millones de pruebas rápidas de coronavirus y 11 millones de guantes.
Chile, con el aval de la OMS, ha optado por cuarentenas locales y no nacional, a partir de los datos que se han podido recabar a través de la detección temprana y la vigilancia epidemiológica.

Estados Unidos y Alemania, se han esforzado por establecer incentivos a las empresas que se dediquen a fabricar insumos y equipos de protección personal, Adicionalmente, ambos países han diseñado planes de estímulo económico para paliar la merma de recursos de los las medianas y pequeñas empresas, así como a los sectores de la población con menor poder adquisitivo.
Las personas con discapacidad y los adultos mayores, requieren una atención diferenciada porque son más proclives a contraer el COVID-19. En ese sentido, destaca como una buena práctica el Decreto Real emitido en España para “la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables”.
Lo malo: censura y fallas en la vigilancia epidemiológica
Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde han apresado a un periodista por informar sobre el COVID-19. Se trata del comunicador social independiente Darvinson Rojas, sometido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) el 23 de marzo, junto a sus padres. La Fiscalía le imputó el delito de incitación al odio y, aunque el 25 de marzo ordenaron su excarcelación, permaneció preso ocho días más.

Rojas usó sus redes sociales para informar sobre eventuales contagios del nuevo coronavirus, lo cual conecta con el debate de la censura en China, donde en WeChat fueron bloqueados algunas palabras alusivas al COVID-19.
“Si las autoridades no hubieran ocultado a los medios la existencia de un brote epidémico vinculado a un mercado muy popular, el público habría dejado de visitar este lugar mucho antes de su cierre oficial, el 1 de enero”, indica un informe de Reporteros sin Fronteras sobre la censura en China.
El gobierno de del presidente Xi Jinping carga con el lastre de haber censurado al médico de 34 años de edad Li Wenliang, el primero en advertir sobre la aparición del nuevo coronavirus en Wuhan y que murió a causa de la enfermedad. El galeno fue presionado por los directivos del hospital donde trabajaba y hostigado por la policía. Lo obligaron a firmar un documento a través del cual admitía “su error”. La legislación penal de China sanciona la difusión de rumores hasta con siete años de prisión.
En España, decenas de comunicadores sociales suscribieron un manifiesto denominado La libertad de preguntar, mediante el cual rechazan los “filtros” impuestos por La Moncloa para hacer preguntas al presidente Pedro Sánchez y demás autoridades del gobierno español sobre el COVID-19.
Habida cuenta que la meta es evitar más contagios, la vigilancia epidemiológica es clave. Italia, el país donde la pandemia ha causado más muertes (14.681, hasta este el mediodía de este 4 de abril), ha pagado caro las fallas en el seguimiento de casos sospechosos. El caso del paciente cero, llamado Mattia en Italia, puso al descubierto las debilidades. El hombre de 38 años de edad fue dado de alta, acudió a tres cenas y practicó deportes en equipo… Al final se determinó que fue un “superpropagador” del virus.
Italia ocupa el tercer lugar en la lista de países con más contagios (119.827), detrás de Estados Unidos (291.021) y España (124.736). Entre los que han contraído el COVID.19 en Italia están más de 6.000 trabajadores sanitarios.

Lo feo: xenofobia, represión y uso proselitista de la emergencia
Durante semanas, el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, se refirió al COVID-19 como “el virus chino”. Al insistir en tal calificación a través de su cuenta en Twitter, el presidente de Estados Unidos alegó que la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, una de sus promesas electorales en 2016, ayudaría a proteger a Estados Unidos de la epidemia.
En medio de la pandemia, Trump ha ordenado la aplicación de normas que restringen beneficios a los migrantes en situación irregular en Estados Unidos. “Si alguien no tiene documentos, o tiene ‘tarjeta verde’ (green card) pero piensa que no tiene derecho a esos servicios, eso empeorará la situación y nos impedirá encarar el asunto del coronavirus de manera efectiva”, advirtió el legislador por Nueva York, Adriano Espaillat.

La actitud de Trump, le valió un regaño desde la ONU. “Los gobiernos deben asegurar que sus respuestas a la pandemia del COVID-19 no contribuyan a la xenofobia y a la discriminación racial, y deben erradicar la xenofobia en todas las políticas y mensajes estatales, dijo E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
“Tenemos mucha gente que vive muy marginada, en el llamado agujero negro de la sociedad (…). En los barrios más difíciles de las ciudades más grandes me temo que tendremos problemas sociales en unas pocas semanas”, alertó el 27 de marzo, Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).
Frente a la posibilidad de alteraciones de orden público por parte de los que no pueden satisfacer necesidades básicas (la cual ya se confirmó en Italia), el gobierno de Estados Unidos anunció planes militares que incluyen “la represión de posibles disturbios civiles”. Sin embargo, la ONU ha sido tajante al advertir que los estados de excepción no pueden convertirse en excusas para el abuso de la autoridad y de la fuerza pública.
La advertencia tiene eco en Venezuela, donde las Faes, de la Policía Nacional Bolivariana, se han desplegado en Catia y Petare, a los extremos de Caracas, para imponer la cuarentena por la fuerza y, en algunos casos, a través de indiscriminados operativos tipo comando, que violan los principios del uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza pública.
Una de las actitudes más feas ante la pandemia es tratar de sacar provecho de la situación de emergencia. Más censurable aún es que se trate del uso proselitista de los recursos del Estado, pocos o muchos, que se destinan para afrontar el COVID-19.
Independientemente de su efectividad, el gobierno de Nicolás Maduro dispuso un sistema de “despitaje masivo y personalizado”, a través de una encuesta anclada al sitio web del Sistema Patria, que se ha utilizado como mecanismo de control político y social, según lo ha denunciado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Más allá de los números
La Organización Mundial de la Salud, organismo que coordina la respuesta ante la pandemia del COVID-19, ha establecido un abordaje integral. “No sólo pruebas. No sólo rastreo de contactos. No sólo cuarentenas. No sólo distanciamiento social. Háganlo todo”, destacó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. el 13 de marzo. La organización ha aclarado que las medidas deben aplicarse con una duración limitada y de acuerdo al contexto local.
El mayor número de contagios, entre los ocho países que fueron analizados en esta serie, se reporta en Estados Unidos, España e Italia. Colombia y Venezuela presentan la menor cantidad de casos confirmados de COVID-19. La eficiencia de las respuestas estatales, sin embargo, no se determina por este tipo de indicadores, aunque ofrecen una aproximación imprescindible sobre su impacto.

“Cuando vemos estos números que están creciendo, parte de ese crecimiento es un aumento de los esfuerzos de detección debido a mejores esfuerzos de rastreo y testeo”, afirmó Mike Ryan, director del Programa de Emergencias de la OMS, el 27 de marzo. Los altos índices de contagios confirmados no deben ser motivo de castigo sino de felicitación para los países que los reportan, según la organización.
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