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Jorge González, migrante venezolano, conduce su bicicleta por las calles de Bogotá. Lleva puesta una mascarilla y también un par de guantes. Funcionarios de seguridad le piden que se detenga. No por hacer algo indebido. Él puede circular libremente, a diferencia de la mayor parte de quienes habitan la ciudad y el país entero. Trabaja en entregas a domicilio (de alimentos, medicamentos, entre otros productos), una de las actividades exentas de la cuarentena oficial para detener la propagación de la pandemia del COVID-19.

Le piden que pose para una foto, que será incluida en una campaña oficial sobre normas de prevención del coronavirus. “Un día no me dejaron trabajar porque no tenía tapaboca”, recuerda. González es uno de los 1,7 millones de venezolanos que buscan en Colombia la posibilidad de un futuro mejor. “En mi trabajo ahora hay muchísima más demanda, porque la gente no puede salir y hay quienes por miedo tampoco quieren salir. Yo traslado lo que sea, cosas de farmacias, comidas, un mercado, hasta para pagar un recibo”, dice.

La cuarentena en la capital colombiana empezó como un simulacro, ordenado el 20 de marzo por la alcaldesa Claudia López, quien durante la vigencia de la medida exoneró de pagos de los servicios de agua, electricidad y gas. Desde el 25 de marzo y hasta el 13 de abril, el presidente Iván Duque decretó una cuarentena para todo el país, bajo el nombre de “Aislamiento Preventivo Obligatorio”. La orden se emitió para reducir la propagación del nuevo coronavirus, cuando Colombia superaba los 400 contagiados y contaba cinco fallecidos. Al día de hoy, 31 de marzo, los contagiados suman 906 y los muertos 16, según los registros de Worldmeters.

Cartagena, la ciudad más turística de Colombia, lucía desolada el 27 de marzo. Foto/EFE

La primera estrategia considerada por el gobierno ante el COVID-19 apuntó a la detección temprana. Es una de las principales medidas promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la pandemia. El 4 de febrero el ministro de Salud y Protección Social, Iván Darío González, aseguró que Colombia era el primer país de Latinoamérica en tener pruebas de diagnóstico para el nuevo coronavirus.

“Tenemos un margen de 24 horas para que las muestras tomadas en otros territorios estén en Bogotá y, una vez se encuentren en el Instituto Nacional de Salud (INS), en ocho horas tenemos el resultado”, aseguró la directora del INS, Martha Ospina. Mes y medio después, las autoridades apuestan a un sistema de descarte rápido de casos sospechosos, para optimizar los recursos, mientras refuerzan los mecanismos de distanciamiento social.

La circular 019 de 2020, bajo el Decreto 476, estableció el «consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19», basado en la realización de pruebas rápidas para la detección de anticuerpos y a partir de eso, definir la ruta de atención.

«Este es un proceso de fast track con el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) para que en dos días se pueda tener la aprobación de estas pruebas rápidas. A partir del primero de abril Colombia contará con por lo menos 350 mil pruebas semanales gracias a la gestión adelantada por el Ministerio de Salud», aseguró el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.

No son pruebas diagnósticas sino de detección: «Permiten la optimización de recursos ayudando a los profesionales de salud en la toma de decisiones en cuanto aislamiento, realización de prueba diagnóstica confirmatoria y tratamiento», explicó el funcionario. La prueba permite descartar casos negativos o identificar posibles infecciones.

Un enfermero se prepara para atender a un paciente con Covid-19 en una clínica de Cali, el 24 de marzo. Foto/EFE

Polémicas políticas rodean la respuesta oficial

“Mi rutina sigue igualita. No puedo ir al cine, pero de resto es lo mismo”, dice el venezolano Jorge González, quien se reconoce afortunado de contar con el Permiso Especial de Permanencia, emitido por el gobierno colombiano en el contexto de la migración forzada causada por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. “Si los nacionales de cada país se las están viendo feas con ayudas de los gobiernos, imagínate los que están en el marco de la ilegalidad, haciendo otras cosas. Sin el Permiso, yo no tuviera empleo formal en el servicio de pedidos a domicilio”, explica.

“Hay otros que pueden estar muy afectados con esto de la pandemia. Y acá los venezolanos dependemos mucho del gobierno colombiano, porque no tenemos quien nos defienda”, agrega en relación a la crisis política venezolana. El gobierno de Colombia desconoce la presidencia de Nicolás Maduro y avala la presidencia interina del diputado Juan Guaidó. La mayor parte de las instituciones y recursos de Venezuela, sin embargo, siguen en manos del primero.

El presidente Iván Duque descartó algún contacto directo con Maduro en el contexto de la pandemia, pero aseguró, el 16 de marzo, que se activaría una coordinación especial con Venezuela a través de la OMS, “para atender la amenaza del coronavirus, concretamente con un monitoreo constante de los pasos fronterizos con el vecino país, los cuales permanecen cerrados”.

A lo interno, una nueva controversia política surgió en torno al manejo de fondos por parte del Ejecutivo Nacional. Funcionarios cuestionan cómo el presidente administra los recursos destinados al alivio económico de familias y empresas durante la pandemia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó el 18 de marzo que se destinará 14,8 billones de pesos (equivalentes a 3,6 mil millones de dólares, al cambio oficial) para atender la emergencia causada por el COVID-19 en Colombia. Estos recursos provendrían del Fondo de Ahorro y Estabilización y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Al menos 85 senadores y la alcaldesa de Bogotá rechazaron el uso de dineros regionales para favorecer al sistema financiero.

Inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas!

Abuso absurdo que además nos disminuye recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares. pic.twitter.com/iNbyS9Yh8X

— Claudia López ? (@ClaudiaLopez) March 23, 2020

Los grandes cambios en Colombia comenzaron el 12 de marzo. El presidente declaró entonces una emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo, y un conjunto de medidas de alejamiento social, que luego han quedado acompañadas por mecanismos de protección económica.

Ese primer día el mandatario anunció la cancelación de todos los eventos públicos de más de 500 personas, la suspensión del tránsito y el desembarco de cruceros, el aislamiento preventivo de ciudadanos extranjeros en hoteles, en centros para adultos mayores y de grupos étnicos. También informó sobre la suspensión temporal por 10 días de las visitas a sitios de reclusión.

Al día siguiente, el gobierno lanzó una nueva línea de crédito «para aliviar el impacto del COVID-19 en los sectores de turismo, aviación y espectáculos públicos», y prometió protocolos y un fondo para la atención sanitaria de los privados de libertad.

Militares colombianos distribuyen alimentos a pobladores de la localidad de Soacha. Foto/EFE

Como otra medida de apoyo, el Gobierno destinó 480 mil millones de pesos (equivalentes a 119 millones de dólares, al cambio oficial) para las personas en situación de mayor vulnerabilidad. La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, dijo que tres millones de familias serían beneficiadas con esta ayuda económica.

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, informaron que los servicios de agua, gas y electricidad serían garantizados en todo el país durante la cuarentena, y que se reconectarán para aquellos a quienes se los hayan cortado por falta de pago.

Diversos protocolos, retos de ejecución

Desde el 17 de marzo, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, difundió las medidas de protección al empleo «con ocasión de la fase de contención del COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria en el país». El documento expone opciones de trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones anuales, anticipadas y colectivas y permisos remunerados.

Luz Ángela Montilla, colombiana, cuenta que le adelantaron sus vacaciones. “Nuestro sueldo sigue andando. Hasta ahora no nos han dicho más nada”. Trabaja en Cali, pero viajó a Popayán —138 kilómetros al sur— para cumplir la cuarentena junto a sus parientes. “Saber que tu familia está en otra parte te genera muchísimo estrés, muchísimo miedo de que les pase algo. Creo que nosotros entramos mucho en pánico cuando apareció la primera persona muerta”.

En su casa solo una persona sale a hacer compras, como lo orientan las autoridades. “Hay personas que no entienden eso y es falta de educación. Pero también tenemos que entender que hay personas que económicamente no tienen la manera de encerrarse sin preocuparse, porque sus ingresos son diarios; No formales y quincenales como los de uno”, lamenta. “Yo creo que en estos momentos la población venezolana en Colombia va a sufrir mucho en estos casos, porque ellos tienen un trabajo al día. Hay algunos que no tienen sus documentos. Es preocupante”.

Los soldados colombianos vigilan el cumplimiento de la cuarentena. Foto/EFE

El distanciamiento social también ha sido reforzado con el cese de actividades escolares. El 16 de marzo el presidente Duque suspendió las clases presenciales de la educación pública, y adelantó el periodo de vacaciones escolares entre el 30 de marzo y el 20 de abril. Informó que los maestros desarrollarán métodos de enseñanza a distancia, entre el 16 y el 27 de marzo, y que el 20 de abril, dependiendo de la evolución del virus, se evaluará si las actividades académicas se retoman de forma presencial o virtual.

Otros voceros oficiales anunciaron el cierre de modalidades de atención a primera infancia y exhortaron a las universidades a desarrollar, en el marco de su autonomía, métodos de educación a distancia. «Es importante mencionar que vamos a garantizar, con los operadores de la prestación del servicio, la llegada a la casa, puerta a puerta, de la canasta nutricional a la que tienen acceso los niños y niñas entre cero y cinco años, para poder garantizar el peso y que no haya desnutrición infantil”, aclaró la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez.

Diversos lineamientos y protocolos oficiales sobre el COVID-19 están expuestos en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social: abordan temas de atención especial a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, recién nacidos, pueblos y comunidades indígenas, personas privadas de libertad y personas en situación de calle. El portal digital presenta también lineamientos sobre el manejo del aislamiento domiciliario en Colombia, con fecha del 16 de marzo.

Personas se aglomeran en Cartagena para recibir las ayudas monetarias dispuestas por el gobierno. Foto/EFE

El 25 de marzo, no obstante, la Revista Semana contó la historia de una empresaria que ganó la primera tutela en Colombia para un paciente contagiado con el nuevo coronavirus, luego de que el hotel donde se hospedaba y su seguro médico se negaran a prestarle servicios.

«Con el apoyo de su abogado, activaron las vías legales para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones dignas y a la seguridad social. El tribunal falló en su favor y dictó una serie de medidas provisionales que debían ser cumplidas por la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la EPS Colsanitas (cercana) al hotel donde se hospeda», reseñó el medio de comunicación.

Otro migrante venezolano, asentado en Cali, con un diagnóstico reciente de VIH, se pregunta qué tanto el gobierno podrá garantizar la protección de todos. “Mi familia en Venezuela aún no sabe de mi enfermedad. No los quiero preocupar. Gracias a Dios, me ha ido bien con el tratamiento y tengo gente que me ayuda, pero cuando llegó el coronavirus a la ciudad, no fui más al almacén donde estaba trabajando y dejé de salir incluso antes de la cuarentena”, cuenta, y agrega que se ha enfocado en el teletrabajo.

“Me siento culpable porque son otros los que se exponen al coronavirus para comprar y traer la comida a casa. Me da pena, pero también sé que mi salud está más comprometida”, agrega angustiado.