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Después del 24 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que Estados Unidos se perfilaba como gran foco mundial del COVID-19, millones de estadounidenses recibieron por servicio postal una guía que les envió el presidente Donald Trump para afrontar la pandemia; quizás como una medida de refuerzo para alcanzar a ese 10% de los habitantes de ese país que no usa internet, a pesar de que 90% de su población tiene acceso a información online.

«El mayor impulsor del brote sigue siendo Europa, pero también Estados Unidos, que en conjunto cuentan con 85% de casos a nivel mundial en las últimas 24 horas y de este 85 %, el 40 % ocurrió en EEUU», advirtió Margaret Harris, portavoz de la OMS.

El 27 de marzo, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se hizo eco de la OMS, pues para esa fecha esa ciudad  sumaba más 25.573 casos confirmados de COVID-19, incluyendo 366 muertes; un tercio del total nacional. «Odio decir esto, pero la verdad es que ahora somos el epicentro de la crisis, la ciudad más grande de la nación», expresó De Blasio. 

Dos días después, los contagios en Nueva York ascendieron a 59.513 y los decesos a 965. Y, aún así, Donald Trump negó la posibilidad de declarar la cuarentena en la ciudad de Estados Unidos más afectada por la pandemia. A través de su cuenta en Twitter, Trump dijo que, en lugar de la cuarentena, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitirían una «fuerte advertencia de viaje» para Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. También anunció que las medidas de distanciamiento social se extenderían hasta el 30 de abril.

La icónica Time Square luce desolada por el impacto del COVID-19 en Nueva York. Foto/EFE

Ante la demanda de mayores recursos formulada por algunos gobernadores, el presidente de Estados Unidos ha apelado a su estilo confrontacional. Por ejemplo, subestimó el requerimiento de ventiladores en algunos hospitales e instó a las empresas fabricantes a acelerar el aporte de este tipo de equipos, que son clave para el tratamiento de personas contagiadas con COVID-19.

“Trump dijo que el plan se basará en pruebas de vigilancia y que los condados se designarán con niveles de riesgo bajo, medio y alto, lo que sugeriría que el distanciamiento social debería reducirse, mantenerse o aumentarse”, reportó el Centro para la Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota (CIDRAP, por sus siglas en inglés), el 27 de marzo.

El estado de emergencia nacional se decretó el 13 de marzo, cuando en Estados Unidos se contabilizaban aproximadamente 1.800 contagiados y 41 personas muertas. La medida permitiría un desembolso de aproximadamente 50.000 millones de dólares, que serían administrados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para combatir la pandemia.

Ese día, al ser consultado sobre fallas en la aplicación temprana de test de despistaje del COVID-19, Trump se descargó de responsabilidades:“No me hago responsable en absoluto”, fue su respuesta, al tiempo que insistió en señalar que las demoras en la distribución de las pruebas fueron responsabilidad de los gobiernos anteriores, reseñó CNN. 

El director del Instituto Nacional de Salud, Anthony Fauci, está al frente de la estrategia sanitaria del gobierno de EEUU para combatir el COVID-19. Foto/EFE

Inmediatamente después de la declaración de emergencia nacional Wall Street se disparó: «En la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzó 9,36 % o 1.985 puntos, situándose en 23.186 y recuperando buena parte de lo perdido en la víspera, cuando se desplomó 10 % en su peor jornada bursátil desde el crash de 1987, entre ventas de pánico por la suspensión de vuelos provenientes del continente europeo, pese a la drástica inyección de liquidez en el sistema financiero anunciada por la Reserva Federal».

Wall Street es un termómetro determinante para la toma de decisiones gubernamentales en Estados Unidos en vista del dilema entre salvar vidas y salvar la economía. El 30 de marzo, cuando las muertes por COVID-19 en todo el país sumaban 2.467 (de las cuales  965 correspondían a la ciudad de Nueva York) y el número de personas contagiadas había ascendido a 140.886 , el Dow Jones ganó 200 puntos y la mejora se atribuyó al plan gubernamental de contención del nuevo coronavirus. 

El gobierno de Trump dispuso la restricción de ingreso a Estados Unidos de personas procedentes de China, Irán, el espacio europeo Schengen y el Reino Unido, incluso si se tratara de ciudadanos estadounidenses. Muchos destacaron un sesgo xenofóbico de la retórica del presidente, quien durante semanas se estuvo refiriendo al COVID-19 como «el virus chino».  

Las previsiones de la OMS, secundadas por la angustia manifestada por el alcalde de Nueva York, se confirmarían muy pronto. “Estados Unidos superó este jueves -26 de marzo-con más de 85.000 casos de coronavirus a China y a Italia como el país del mundo con más contagios siendo el estado de Nueva York su gran foco”, divulgó la agencia EFE.

La administración Trump propuso medidas drásticas, como reducir las cotizaciones sociales temporalmente. “El objetivo es que los estadounidenses tengan más dinero en su cuenta de banco a final de mes y puedan lidiar con mayor facilidad con las dificultades que plantea la epidemia”, reseñó la BBC. En materia de suspensión de deudas, el gobierno estadounidense comenzó por los estudiantes y anunció que progresivamente se evaluarían medidas similares para proteger a otros sectores de la población.

Sin embargo, el 3 de marzo la Reserva Federal recortó en medio punto porcentual las tasas de interés, con el propósito de proteger la economía de Estados Unidos. Sin embargo, este tipo de medidas va a contravía de lo establecido por la OMS  y los expertos de las Naciones Unidas sobre la necesidad de privilegiar la protección de los derechos humanos.

Vista del Columbia Memorial Hospital este martes 30 de marzo. Foto/EFEAuxilio financiero a los más afectados

Ha habido marchas y contramarchas. El 25 de marzo el Senado de Estados Unidos aprobó un plan de estímulo económico para socorrer a los que han perdido sus empleos por la situación de parálisis económica asociada al COVID-19; 3.328 millones en la tercera semana de marzo. Se trata de un aporte de 2,2 billones de dólares, el mayor de la historia del país, que debe contar con la aprobación de la Cámara Baja y debe ser firmado por Trump, “quien ya ha asegurado que lo ratificará nada más llegar a su mesa”, acota El Nuevo Herald.

“La propuesta incluye una partida de cerca de 250.000 millones de dólares que se reservarán para un pago directo de 1.200 dólares a individuos que tengan una renta de menos de 75.000 dólares al año, más 500 dólares por niño de 16 años o menos que esté a su cargo. Aun así, las personas que ganen más también recibirán una de estas ayudas: las parejas sin hijos que ganen 150.000 dólares o menos recibirán 2.400 dólares y las unidades familiares con ingresos por debajo de los 112.500 dólares anuales serán beneficiaros de 2.400 dólares, más 500 por cada hijo”, precisa el referido diario estadounidense.

Las pequeñas empresas también recibirían auxilio financiero, a través de préstamos por un monto total de 350.000 millones de dólares. Para otras empresas en situación crítica como las del sector turístico, el plan incluye un fondo crediticio de 500.000 millones de dólares. Otros 280.000 millones de dólares se destinarán al reforzamiento de las capacidades de las autoridades sanitarias estatales para detener la propagación del Covid-19 en Estados Unidos.

El Centro de Convenciones Jacob Javits en Nueva York se habilitó para atender a pacientes con COVID-19. Foto/EFE

Se sabe lo que hay que hacer, pero ¿se hace?

Aunque las autoridades sanitarias no precisan el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas por la OMS y la ONU para afrontar el nuevo coronavirus, el sitio coronavirus.gov  reúne los lineamientos de la Casa Blanca, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).  Además, cada uno de estos tres organismos ha creado páginas específicas sobre la pandemia, con énfasis en la prevención y qué hacer ante la presencia de síntomas del COVID-19.

Los CDC constituyen los principales componentes del sistema sanitario  de Estados Unidos que se ha reforzado para atender la contingencia. Trabajan las 24 horas  del día los 7 días de la semana.

Desde los CDC se difunden orientaciones para los grupos que tienen mayor riesgo de contraer el Covid-19. En primer lugar, destacan los adultos mayores, pues 8 de cada 10 muertes reportadas en los Estados Unidos corresponden a este sector de la población. 

Una consulta realizada en el sitio web de los CDC el 28 de marzo, ofrece mayores precisiones. Ha sido necesaria la hospitalización entre 31% y 70% de los casos de mayores de 85 años y entre 31% y 59% de los casos de mayores entre 65 y 84 años. La reclusión en unidades de cuidados intensivos de mayores de 85 años ha procedido entre 6% y 29% de los casos, y cuando se trata de personas con edades entre 65 a 84 años de 11% a 31%. Entre 11% y 25% de los casos de adultos mayores se registraron muertes, mientras que en el segmento de 65 a 84 años de edad los decesos por el COVID-19 oscilan entre 4% y 11%.

Personal del Hospital Center en Brooklyn habilitaron una morgue auxiliar para trasladar a los fallecidos por el virus. Foto/EFE

Aunque no se conoce con precisión el riesgo que representa el COVID-19 para las personas que viven con VIH, las autoridades sanitarias de Estados Unidos también han atendido las inquietudes. Por ejemplo, ante la posibilidad de escasez de antirretrovirales durante la contingencia, se ha respondido: “La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) está monitoreando de cerca la cadena de suministro de medicamentos, ya que el brote de COVID-19 tiene el potencial de interrumpir el suministro de productos médicos y farmacéuticos en los Estados Unidos. La Alianza Nacional de Directores Estatales y Territoriales del SIDA (NASTAD) también se ha mantenido en contacto con los principales fabricantes de medicamentos contra el VIH, ya que muchos de estos productos dependen de ingredientes producidos en China. Al 10 de marzo de 2020, no hubo informes de preocupaciones de fabricación o escasez de suministro”.

Sobre las mujeres embarazadas, también se hacen esfuerzos para despejar dudas, con el mecanismo de preguntas frecuentes.  «¿Se puede pasar COVID-19 de una mujer embarazada al feto o al recién nacido?». Y al respecto se señala: “Todavía no sabemos si una mujer embarazada con COVID-19 puede transmitir el virus que causa COVID-19 a su feto o bebé durante el embarazo o el parto. Ningún bebé nacido de madres con COVID-19 ha dado positivo por el virus COVID-19. En estos casos, que son un número pequeño, el virus no se encontró en muestras de líquido amniótico o leche materna”.

Las especificaciones se extienden a otros grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con asma e infantes. Los lineamientos referidos a personas con discapacidad se limitan a la facilitación de información oficial en formatos accesibles. Por ejemplo, el Instituto de Discapacidades de la Universidad de Temple ha aportado herramientas de comunicación en caso de emergencia, que incluyen lenguaje de señas.

En Miami Dade cerraron parques, playas y espacios de ocio el 28 de marzo. Foto/EFE

En cuanto al acceso al agua potable en la contingencia causada por la propagación del nuevo coronavirus, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) asegura que se han tomado todas las previsiones: “Los estadounidenses pueden seguir usando y bebiendo agua de su grifo como de costumbre”. Ello incluiría, prioritariamente, hogares y hospitales

La EPA solicitó a los gobiernos estatales que flexibilizaran las restricciones al libre tránsito de los trabajadores y proveedores de los servicios públicos y privados de agua potable, para garantizar el suministro continuo y suficiente, que es indispensable a efectos de las medidas de higiene imprescindibles para evitar la propagación del virus. 

Medidas de vigilancia vs aumento de contagios

El debate sobre la masificación de las pruebas de despistaje del COVID-19 incluye eventuales episodios de discriminación; por ejemplo, que los «ricos y famosos» tendrían mayor acceso a los test que la población en general. 

George Annas, director del Centro de Derecho de Salud, Ética y Derechos Humanos de Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, citado por The Boston Globe, advirtió que los cambios en las recomendaciones del gobierno federal han causado una confusión general sobre las pruebas y han socavado la confianza del público: «No parece haber una regla uniforme. El sistema no puede ser visto como injusto, como privilegiando a las personas que tienen conexiones o dinero o algo que el estadounidense promedio no tiene».

Las medidas de distanciamiento social se promueven por distintos medios. Foto/EFE

En teoría, los criterios para la realización de pruebas de despistaje del COVID-19 están sujetos a prioridades en el siguiente orden: 1) pacientes hospitalizados y trabajadores sanitarios sintomáticos, 2) pacientes en centros de atención a largo plazo con síntomas, pacientes mayores de 65 años con síntomas, pacientes con afecciones subyacentes con síntomas y primeros respondedores con síntomas, 3) trabajadores de infraestructura crítica con síntomas, individuos que no cumplen con ninguna de las categorías anteriores con síntomas, trabajadores de la salud y socorristas, e individuos con síntomas leves en comunidades que experimentan altas hospitalizaciones por COVID-19. Las personas sin síntomas están excluídas.

En materia de vigilancia epidemiológica, las autoridades sanitarias de Estados Unidos aseguran que los departamentos de salud estatales y locales pueden ajustar los protocolos para responder a las circunstancias que cambian rápidamente.

Sobre la protección prioritaria que requieren los trabajadores sanitarios, el gobierno de Estados Unidos ha admitido dificultades: “Los principales distribuidores en los Estados Unidos han reportado escasez de EPP –Equipo de Protección Personal-, específicamente respiradores, mascarillas y batas N95. Los centros de salud son responsables de proteger a sus profesionales sanitarios de la exposición a los patógenos, incluso mediante la provisión de EPP adecuado.”

En una de las guías más detalladas establecidas desde los CDC, referidas a las condiciones de aislamiento hospitalario, se insiste en las pautas de vigilancia epidemiológica a seguir:  1) indagar sobre ruta de transmisión del agente infeccioso conocido o sospechoso, 2) evaluar factores de riesgo de transmisión en el paciente infectado y en otros pacientes en el área o habitación que se está considerando para la colocación del paciente, 3) optimizar la disponibilidad de habitaciones para un solo paciente y considerar opciones de pacientes para compartir habitación. Sobre el aislamiento domiciliario, los CDC no tienen en su sitio web orientaciones específicas.

Por el COVID-19, Nueva York dejó de ser la ciudad que nunca duerme. Foto/EFE

En cuanto al reporte de casos de COVID-19, las autoridades sanitarias de Estados Unidos han establecido  un formulario,  a efectos de ubicar e identificar a las Personas bajo Investigación (PUI, por sus siglas en inglés). Además de sus datos personales y los relativos a los síntomas que presenta la persona, el formulario incluye los llamados antecedentes epidemiológicos, a través de preguntas sobre viajes a países con alta recurrencia del nuevo coronavirus y los eventuales contactos que hayan tenido con personas contagiadas.

Hay especificaciones para la remisión, a través de un sistema electrónico o vía telefónica, de la información recabada en los centros de salud que tengan capacidad de realizar pruebas de laboratorio  y en los que no tengan esa capacidad. Los datos se envían a la jurisdicción local de los CDC y luego a la jurisdicción nacional de esa institución, donde se sistematiza y procesa toda la información relacionada con la propagación de la enfermedad en Estados Unidos.

La información oficial y las críticas fluyen

La página coronavirus.gov ofrece información actualizada diariamente sobre el curso de la pandemia en todo el territorio estadounidense. También es de acceso público la información sobre las publicaciones académicas certificadas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

El acceso a internet se ha reforzado a través de una iniciativa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) denominada Mantener la Conexión de los Estadounidenses. Se trata de un compromiso de los prestadores del servicio en los siguientes términos: 1) No suspender el servicio residencial, ni el que presta a pequeñas empresas, por no pago de sus cuentas a causa de las alteraciones generadas por la pandemia del coronavirus; 2) Eximir de cargos por pagos atrasados, causados por las circunstancias económicas relacionadas con la pandemia del coronavirus, a clientes del servicio residencial o de pequeñas empresas; y 3) Habilitar áreas de conexión WiFi (Wi-Fi hotspots, en inglés) para todos los estadounidenses que las necesiten. Una consulta al correspondiente sitio web realizada el 29 de marzo indicó que 550 empresas habían suscrito el compromiso.

Para garantizar la accesibilidad de la información sobre la pandemia, las autoridades de Estados Unidos se han apoyado en herramientas aportadas por algunas universidades. El Centro de Servicios START de  la Universidad de New Hampshire ha puesto a la disposición de todo el que lo necesite recursos de acceso a idiomas. 

En un país que se ufana de la libre circulación de informaciones y opiniones, las autoridades sanitarias también han echado mano de las redes sociales más populares, como Twitter y Facebook, para abundar en mensajes oficiales sobre el COVID-19. Sin embargo, y precisamente a través de su cuenta en Twitter, el profesor de la Universidad de Stanford y ex funcionario del Departamento de Estado, Brett McGurk, no duda en señalar que el hecho de que Estados Unidos tenga el peor desempeño en el combate de la pandemia constituye “un fracaso catastrófico del liderazgo nacional”. Como lo había advertido la OMS, para el 28 de marzo Estados Unidos destacaba con la curva de propagación del virus más vertiginosa y preocupante de todo el mundo.

Sunset Boulevard, en Hollywood, estuvo desierto la noche del 29 de marzo. Foto/EFE

Estados Unidos es una nación de contrastes. Por una parte, están  los señalamientos serenos de Anthony Fauci, uno de los médicos más prominentes de ese país, que está al frente de la lucha contra el COVID-19. Fauci se ha atrevido a desmentir a Trump sobre la aplicación exitosa de una vacuna en breve plazo y ha admitido la posibilidad de que la pandemia cause hasta 200.000 muertos en el en país. Por la otra, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, sugiere anteponer la defensa de la economía a la atención  de los adultos mayores, aún siendo él una persona de 70 años de edad. «Nadie me ha contactado y preguntado: ‘como adulto mayor, ¿está dispuesto a arriesgar su supervivencia a cambio de mantener el Estados Unidos que ama para sus hijos y sus nietos?’. Y si ese es el intercambio, yo estoy dispuesto», expresó Patrick.