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Foto por Iván E. Reyes | @IvanEReyes

“En Venezuela la infraestructura para hacer el análisis de las pruebas es limitada”

“Desde la vigencia de la cuarentena, los militares han tomado las estaciones de gasolina”

Su esposa y su suegra llegaron a Venezuela procedentes de Madrid, España, el 13 de marzo. Dos días después entraban a su casa funcionarios del Distrito Sanitario N°7 con equipos de bioseguridad que a Víctor* le parecieron “trajes de astronauta”. Les tomaron muestras de la mucosa en nariz y garganta con hisopos y en 48 horas llegó el resultado: positivo para COVID-19.

El personal sanitario ubicó su casa en San Román, municipio Baruta, luego de que su cuñado, también recién llegado de España, se sometiera a una prueba de detección que confirmó que tenía el virus que ha cobrado la vida de 58.795 personas en todo el mundo hasta este 3 de abril, según Worldometers, y siete en Venezuela.  “Le preguntaron con quién viajó y dijo que estuvo con su mamá y su hermana, así que fueron a mi casa”.

Víctor, de 49 años de edad, no tenía síntomas. “Yo fui asintomático en todo el proceso, pero ellas dos sí tuvieron fiebre dos días, tos seca y dolor de cabeza”, relata mientras espera los resultados del último examen, este 2 de abril.

Antes de que el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunciara que estaban usando cloroquina, un antimalárico, para tratar a las personas con diagnóstico de COVID-19 confirmado, la familia de Víctor recibió dos blister de 10 pastillas y la instrucción de tomar el tratamiento experimental cada 10 horas.

La vigilancia de contactos, una medida establecida en el protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sí se cumplió en este caso. Víctor afirma que recibían visitas cada dos días y llamadas diarias de distintos organismos, como Protección Civil, la Alcaldía de Baruta y la Secretaría de la Presidencia. Sin embargo, en la última semana el personal del Distrito Sanitario N° 7 le informó que no podía seguir haciendo las rondas presenciales por la escasez de gasolina en el país.

Desde que Nicolás Maduro decretó la cuarentena nacional, el 17 de marzo, los militares han tomado las estaciones de servicio para controlar el suministro de combustible que ha escaseado más de lo habitual en las últimas semanas.

El personal médico que sería exceptuado de la restricción ha denunciado que la Guardia Nacional Bolivariana rechaza sus salvoconductos. Una médica que trabaja en el Hospital José Ignacio Baldó (El Algodonal), uno de los 46 centros centinelas habilitados en todo el país para atender los casos de COVID-19, aseguró que ya no tiene gasolina para ir al hospital y que los guardias de la estación de Carapita, cerca del nosocomio, los mandan a hacer la cola o a usar el autobús.

“El director (del hospital) supuestamente va a mandar una lista del personal a la estación de gasolina, pero un compañero fue hoy (1 de abril) y le dijeron que no había gasolina ni lista. Espero se resuelva pronto o no podremos ir a trabajar”, lamentó la profesional, que prefirió mantener su identidad bajo reserva.

¿Pocos contagios o pocas pruebas de diagnóstico?

En el caso de la familia de Víctor se pudo hacer vigilancia epidemiológica por el relativo bajo número de contagios que reporta el gobierno de Maduro y que suman 153 en 17 estados, Distrito Capital y el Territorio Insular Francisco de Miranda (Los Roques) hasta el 3 de abril. De ese total, sólo 31 personas están en aislamiento domiciliario, lo que facilitaría el monitoreo de las autoridades.

En Venezuela el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ubicado en la Ciudad Universitaria, en Caracas, es el único centro de salud acreditado para diagnosticar el COVID-19. Sin dudas, será mucho más complicado ofrecer resultados oportunos para personas que vivan en zonas remotas del país.

Hasta el 31 de marzo, se había realizado en el país 1.779 pruebas, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha). Es decir, 57 pruebas por millón de habitantes.

En países como Islandia el número de pruebas por millón de habitantes es de 26.700; en Italia, 3.500; en España, 645; en Panamá, 340; y en Estados Unidos, 313, según datos publicados en el sitio especializado en estadísticas mundiales Statista.com.

Es decir, en Venezuela la infraestructura para hacer el análisis de las pruebas es limitada. Como paliativo, las autoridades comenzaron a aplicar test rápidos donados por países como China. La prueba serológica es similar a un examen de sangre, pero no detecta el virus de manera directa sino que identifica los anticuerpos IgM e IgG presentes en nuestra sangre o plasma cuando enfermamos de Covid-19. 

Si la muestra revela una elevada cantidad de anticuerpos, la prueba es positiva. Esto significa que una persona tiene o tuvo la enfermedad recientemente. El resultado tarda 15 minutos y no requiere de equipos de laboratorio complejos, pero no es tan confiable como la PCR-RT (Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real), que es la única prueba de diagnóstico incontrovertible.

El ministro Rodríguez declaró que  hasta el 1° de abril se han realizado 10.000 pruebas rápidas y la Ocha indicó en su informe oficial que el gobierno asegura tener 52.000 kits de diagnóstico PCR y un millón de pruebas rápidas a través de los convenios de cooperación suscritos entre Venezuela y China, Rusia y Cuba. También reportó que dispone de más de 2,3 millones de tabletas de fosfato de cloroquina.

Hasta el 3 de abril las autoridades venezolana registran siete muertes asociadas al COVID-19 y la recuperación de 43 personas.

Para muestra un Algodonal

La Encuesta Nacional de Hospitales, que elabora anualmente la organización Médicos por la Salud, publicada el 24 de enero, detectó que 53% de los hospitales no contaban con las mascarillas que deben usar los profesionales sanitarios para evitar contagiarse y enfermar a otros. 92% no contaba con un protocolo de actuación específico y ninguno tenía habilitada una zona de aislamiento para los pacientes infectados, como exige la OMS.

“El 30 de marzo, una comisión de expertos de la salud publicó los resultados de una encuesta nacional de impacto del COVID-19, en la que se reflejan fallas en la disponibilidad de insumos médicos y de higiene básicos, así como interrupciones en los servicios públicos de agua, electricidad, combustible y gas. Según los datos, el nivel de desabastecimiento de guantes en el sector salud sería de 25%, de tapabocas de 45 % y de jabón de 65 %. La encuesta también resaltó que la disponibilidad es a menudo intermitente cuando estos insumos existen”, refiere la Ocha en su informe.

En este escenario, fueron habilitados 46 hospitales centinelas para la atención de pacientes de COVID-19, tres de ellos ubicados en el Distrito Capital. Médicos y enfermeros de uno de estos centros, el Hospital General Dr. José Ignacio Baldó,  protestaron en la calle en demanda de equipos de protección personal.

Los trabajadores de la salud denunciaron que no tenían servicios de epidemiología, rayos X, laboratorio ni tapabocas; que ni siquiera contaban con suministro permanente de agua. Además, destacaron las deficiencias de la infraestructura. La protesta tuvo eco y se obtuvo ayuda internacional.

El Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela ha implementado un Plan Intersectorial de Preparación y Atención al COVID-19, que se enfoca principalmente en las áreas de salud, agua, saneamiento e higiene y comunicación de riesgos. El requerimiento financiero es de 61 millones de dólares.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realiza intervenciones iniciales en materia de salud, agua, saneamiento e higiene en 14 de los hospitales centinelas priorizados y prevé apoyar adicionalmente a 60 ambulatorios y Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y escuelas seleccionadas. La OPS y la OMS han distribuido 200 Equipos de Protección Personal (EPPs) al Ministerio de Salud y a sus oficinas de terreno entre otras actividades.

Un mes después, en el Hospital de El Algodonal se implementa un protocolo para garantizar el aislamiento de los pacientes con COVID-19. El complejo está conformado por tres hospitales: Simón Bolívar (para la atención de adultos); Luisa Cáceres de Arismendi (pediátrico) y Herrera Vega (maternidad). Este último fue dispuesto para recibir a los casos positivos que son referidos de otros centros de salud, explicó la neumonóloga internista, Ana Vielma, presidenta de la Sociedad de Médicos de El Algodonal.

“Se diseñó una ruta para que los pacientes con COVID-19 no pasaran por el Simón Bolívar ni el Luisa Cáceres, donde hay hospitalizados con otras patologías pulmonares crónicas, como tuberculosis o cáncer”, explica la especialista.

Pese a ser un centro centinela no tiene capacidad para hacer pruebas de detección a casos sospechosos. Cuentan con tres kits que sirven solo para tomar muestras (que deben ser enviadas luego al Instituto Nacional de Higiene) y que están reservados para el personal médico mientras esperan una dotación de tests rápidos.

“A todo paciente sospechoso deben realizarle el test de despistaje. Lo que pasa, y no solo en nuestro país, es que no hay kits suficientes y por lo tanto hay que ser muy específicos y cuidadosos con su utilización. Para nadie es un secreto el deterioro del sector salud y eso incluye la escasez de insumos. La Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud están en comunicación permanente para la adquisición de insumos y así poder repartirlos en diferentes centros centinelas”, agrega Vielma.

El suministro de agua se restableció un día después de recibir el primer caso confirmado de COVID-19, el 16 de marzo, afirma la médica. Actualmente cuentan con 20 camas de hospitalización y ocho de terapia intensiva Pero las consultas y el triaje normal de neumonología fueron suspendidos en el único hospital especializado en enfermedades respiratorias del país por falta de personal. También recibieron dotación de equipos de protección: gorros, lentes, mascarillas N95, batas de quirófano, guantes y cubrebotas. Desde que inició la emergencia han hospitalizado a cinco personas, una egresó por mejoría clínica y otra fue trasladada a una clínica privada por petición de los familiares. 

En los otros dos centros centinelas de la capital las condiciones son críticas, según el dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano. En el Hospital Jesús Yerena, no hay guantes ni tapabocas, tampoco agua ni jabón ni desinfectante, y el Hospital Leopoldo Manrique Terrero “está cerrado”, denunció el sindicalista.

La guerra de cifras tampoco permite conocer la dimensión real de la fragilidad del sistema de salud. Mientras la Red Defendamos la Epidemiología alerta que hay 206 camas de terapia intensiva (50% en Caracas) y sólo 102 tienen ventilación mecánica, funcionarios gubernamentales aseguran que hay 23.762 camas de hospitalización en todos los centros en capacidad de recibir personas portadoras de coronavirus: 11.000 en áreas de medicina y pediatría de la red pública hospitalaria, 4.003 camas del sistema Barrio Adentro, 4.759 camas de la red de atención privada y 4.000 camas en hoteles, estos últimos para el “aislamiento selectivo” de pacientes infectados con síntomas leves.

La revolución chavista que tanto renegó del Fondo Monetario Internacional pidió  5 mil millones de dólares al organismo para afrontar la emergencia causada por el COVID-19, el cual fue negado por falta de claridad sobre quién es el presidente legítimo del país.

A pesar de que Maduro y los voceros oficialistas aseguran que el país tiene las capacidades para superar con éxito la pandemia y se atreve a compararse con países como Estados Unidos, la petición al FMI pudiera interpretarse como una admisión de que sin ayuda internacional sería muy difícil, por no decir imposible.

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela está definida como un quiebre institucional del Estado que anula su capacidad de garantizar los derechos humanos en el país. Y una de las expresiones más dramáticas de esa situación de emergencia es el desmantelamiento del sistema de salud pública. Como lo demuestra el caso de El Algodonal, solo será posible superar las dificultades con ayuda internacional.

En situación de vulnerabilidad extrema

Los personas con enfermedades crónicas y las personas con discapacidad son poblaciones en extremo riesgo. La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) alerta que 10.000 pacientes renales y 2.600 trasplantados corren riesgo de muerte en Venezuela. La restricción de movilidad por el decreto de cuarentena y la escasez de gasolina impiden a las personas que requieren tratamiento sustitutivo renal asistir a las unidades de diálisis.

Esta crisis fue denunciada por el abogado Henderson Maldonado en el estado Lara. El 31 de marzo acompañó a pacientes renales a estaciones de servicio, pero los militares negaron el suministro de gasolina, el defensor de derechos humanos grabó el incidente con su celular y recibió una golpiza y fue detenido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró su caso.

El director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, denunció el 1° de abril en su cuenta de Twitter que en Venezuela «uno de los grupos más olvidados durante la cuarentena ha sido el de las personas con alguna discapacidad.“Ninguna autoridad, a ningún nivel, los ha tomado en cuenta en ninguno de sus decretos o resoluciones. Y luego se hacen llamar humanistas”. 

La ONG Consorven también ha advertido que las personas sordas son más vulnerables al COVID-19 debido a la poca información que reciben y exhortó a que el Estado garantice todo el acceso a la información de manera accesible a las personas con discapacidad. Indicaron que hasta el 25 de marzo, 64% de las comunicaciones oficiales no contaron con interpretación en Lengua de Señas Venezolana, 94% de los noticieros tampoco, el 100% de las comunicaciones oficiales no contaron con subtítulos electrónicos y 100% no mostraron subtítulos electrónicos a lo largo de la emisión.

La población en general carece de servicios fundamentales como el agua potable para asegurar la higiene que evita el contagio de COVID-19. El Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos registró que en 55% de los hogares de Caracas el agua falta entre uno y cuatro días por semana. En el interior del país la sequía se agudiza.

Un informe publicado por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, en febrero de 2020, reveló el deterioro de las condiciones de vida. Casi un tercio de la población padece de inseguridad alimentaria y 2,3 millones de personas se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa. Un 21% de los habitantes está subalimentado; un 59% de los hogares no tiene suficientes ingresos para comprar comida.

Para paliar la situación, Maduro afirmó el 22 de marzo que su gobierno estaba listo para asumir el pago de la nómica de las pequeñas y medianas empresas, ratificó la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2020, y presume de los bonos que deposita a quienes tienen Carnet de la Patria, un mecanismo utilizado para el control político y social, según ha advertido la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Estos bonos no superan los 2 dólares. Otro subsidio son las cajas de comida, conocidas como Clap, que cubren a 7,3 millones de hogares, según Encovi. 

La cuarentena

“Lo más difícil de la cuarentena es no ver a mis padres ni poder ayudarlos con las compras porque son personas mayores”, responde Víctor. Desde hace 20 días, cuando  se confirmó que él y otros integrantes de su familia habían contraído el COVID-19, no han salido del apartamento donde viven. Cuando necesita comprar comida lanza su tarjeta de débito en un sobre por la ventana (vive en el primer piso), y un vecino, que se ofreció a ayudarlo, la recoge y luego le envía los alimentos en el ascensor.

Víctor es corredor de seguros y puede trabajar desde su casa. Su esposa es empleada en un banco y como el servicio fue suspendido pudo cumplir el reposo sin contratiempos.

El mismo día que Maduro pidió asistencia al sistema de Naciones Unidas decretó cuarentena nacional y las autoridades aeronáuticas ordenaron la restricción de vuelos comerciales y privados dentro y fuera del país, con excepción de vuelos de carga y correo. Así ocurrió tres días después de que se confirmaron los primeros dos casos de Covid-19 en el país el 13 de marzo.

La medida comenzó en seis estados (La Guaira, Miranda, Zulia, Apure, Táchira y Cojedes) más Distrito Capital, pero en 24 horas se extendió a todo el territorio para evitar la propagación en un país con una emergencia humanitaria compleja que expulsó a más de 4 millones de venezolanos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Autoritarismo inconveniente

La situación de emergencia causada por el COVID-19 ha sido utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro para arreciar la represión contra los periodistas. El reportero Darvinson Rojas estuvo detenido 12 días en un comando de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana por publicar un tuit con cifras de casos de COVID-19. La Fiscalía le imputó el delito de incitación al odio.

El 24 de marzo la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez, fue detenida por la policía del estado y llevada a la sede del Ministerio Público, en Catia la Mar, para que rindiera declaración luego de haber publicado la historia de una enfermera que se había contagiado en la entidad.

Los gobiernos regionales y municipales imponen sanciones que restringen la movilidad e incluyen multas por no usar tapabocas. El trabajo comunitario, la privación de libertad y la detención en “salas de conciencia” del COVID-19 son algunas de las acciones que aplican las autoridades.

El 17 de marzo las Faes desalojó por la fuerza a vendedores y transeúntes de Petare. Eran aproximadamente 50 funcionarios encapuchados que apuntaban con armas largas a cualquiera. 

Por si fuera poco, la crisis política en Venezuela marca también la respuesta a la pandemia del COVID-19. El país tiene  dos gobiernos: uno “interino”, que encabeza Juan Guaidó, con reconocimiento internacional, pero sin recursos; y uno que ejerce Nicolás Maduro con el control del territorio y de la Fuerza Armada Nacional.

El gobierno interino está consciente de la imposibilidad de ingresar ayuda humanitaria al país sin la cooperación del régimen de Maduro y por eso Guaidó propone conformar un Consejo de Estado que represente a todas las fuerzas políticas del país y que escoja a un presidente (que no sea ni él ni Maduro) que dirija la transición. La propuesta es respaldada por Estados Unidos que ofrece garantías a Maduro si se hace a un lado y permite elecciones libres.