“Es muy tentador ceder a esta presión”, dijo Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, el 21 de marzo. El país sumaba entonces más de 500 casos confirmados de COVID-19. “Para uno mismo, porque sería mucho más fácil decir ‘sí, háganlo’, pero no resulta”, continuó Leanes en referencia a las críticas de miembros del Colegio de Médicos y de 56 alcaldes del país, que solicitaron al presidente Sebastián Piñera una medida de cuarentena nacional.
Otros países de América Latina, como Venezuela y Argentina, con menos casos habían ordenado el confinamiento de su población, para prevenir la propagación del virus. Las medidas de distanciamiento social del gobierno chileno, en cambio, han sido menos drásticas, selectivas y progresivas. El abordaje estatal ha priorizado la capacidad diagnóstica para atender y aislar específicamente a los casos afectados.
“No se recomiendan medidas de limitación del movimiento indiscriminadas y por largos períodos de tiempo, por dos razones: primero, porque tienen un efecto corto, y segundo, porque no se pueden sostener muchas veces porque, o la gente las incumple, o la gente no puede subsistir con esas medidas”, declaró Leanes.
El transporte público, como el Metro de Santiago, tiene pocos usuarios. Foto/EFE
Stefanía Vega, antropóloga chilena, de 33 años de edad, desconfía del proceder estatal. Recuerda que las fallas en la atención pública en salud fue una de las causas que motivaron el estallido social en Chile a finales de 2019, desde el 18 de octubre. “Eso provoca que mucha gente vea esto, y me incluyo, con mucha incertidumbre”, lamenta. Vive en Santiago de Chile y espera, con preocupación, que los intereses económicos no se pongan por encima de la salud de la población.
“El gobierno venía muy afectado y el país muy dolido”, explica Silene Ramírez, periodista venezolana, radicada en Chile desde hace 15 años. “Eso recién se estaba comenzando a levantar. Otros países del mundo agarran esta pandemia con una base mucho mejor; aquí la base está delicada. Las protestas aquí tuvieron impactos de infraestructura, sociales, económicos”, explica.
El referendo para aprobar o no un proceso de cambio de la constitución nacional en Chile estaba previsto para abril, pero fue aplazado debido a la emergencia sanitaria. “Con esto, ahora el país está en pausa”, dice Ramírez.
El 13 de marzo, dos días después de que la OMS declaró al coronavirus como pandemia, Chile sumaba 43 casos confirmados. El presidente Sebastián Piñera dijo que desde enero había un equipo de trabajo y un plan de acción para atender la contingencia. Las medidas mencionadas fueron: compra de equipos e insumos, una línea de laboratorio para los diagnósticos, una alerta sanitaria temprana para conceder más atribuciones y recursos al Ministerio de Salud, entre otros.
También anunció la disposición de 50 hospitales para atender la emergencia, así como también la construcción rápida de más centros de salud. Piñera indicó entonces que sus medidas respondían a “la información científica, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las mejores experiencias de países amigos”.
Desde el 15 de marzo quedó prohibido el paso de cruceros de pasajeros por los puertos chilenos. Tres días después, el gobierno cerró las fronteras terrestres, aéreas y marítimas a los extranjeros, exceptuando la entrada y salida de cargas de mercancía para garantizar el abastecimiento regular del país.
La policía se encarga de mantener las restricciones al libre tránsito. Foto/EFE
El 19 de marzo, el gobierno de Chile decretó Estado de Catástrofe —un Estado de Excepción Constitucional— por 90 días. Para reducir el contacto social, el 22 de marzo se decretó toque de queda a nivel nacional, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Otras medidas de distanciamiento social son la suspensión de clases presenciales, la postergación de cirugías electivas en centros asistenciales públicos y privados, el cierre de centros comerciales y de entretenimiento, como cines, teatros, restaurantes, discotecas y gimnasios.
Las farmacias, supermercados, bancos y centros de salud están exentos de esta norma dentro los centros comerciales.También están prohibidos todos los eventos con más de 50 personas, mientras que las medidas de aislamiento en cuarentena están dirigidas a todos los adultos mayores de 80 años y, progresivamente desde el 20 de marzo, 15 comunas —unidad de la administración local en Chile— de la Región Metropolitana. La periodista venezolana Silene Ramírez vive en una de ellas: la comuna Las Condes.
“Yo para salir debo tener un salvoconducto o pedir un permiso. Inicialmente fueron siete comunas de Santiago, que son consideradas entre las más adineradas, porque en teoría pueden viajar más, y los primeros casos fueron importados de esa zona”, explica Ramírez. La comuna Independencia salió el 2 de abril de la lista de jurisdicciones en aislamiento, bajo el llamado de que los habitantes permanezcan voluntariamente en sus hogares.
El primer caso de coronavirus confirmado en Chile fue detectado el 3 de marzo; un médico de 33 años de edad que había viajado al sudeste asiático. Dos semanas después, el país alcanzó el mayor nivel de contagios, con respecto a la población de toda Suramérica. “El número de contagios que tenemos en nuestro país también tiene relación con la capacidad diagnóstica. Nuestro país tiene una muy buena capacidad diagnóstica”, declaró la subsecretaria de Salud, Paula Daza, a CNN Chile. “Nuestros números demuestran la realidad que estamos viviendo. Probablemente hay otros países en que ese nivel de vigilancia no es tan efectivo”, agregó.
Un hombre traslada mercadería en una calle de la comuna Providencia, en Santiago. Foto/EFE
“No esperemos más”, exhortaron 56 alcaldes, en una carta dirigida al presidente de la República y al Congreso el 20 de marzo, para solicitar una orden de cuarentena nacional obligatoria. “Consideramos fundamental arribar a un amplio acuerdo nacional en esta dirección, y una actuación rápida del gobierno nacional que establezca esta medida cuanto antes”, expone el documento.
Con el respaldo de la OMS, sin embargo, el gobierno chileno ha sostenido una estrategia de cuarentenas selectivas y periódicas. Hasta la fecha, el país suma 3.404 casos comprobados, 335 personas recuperadas y 18 fallecidas.
Siete personas viven en la misma casa de Silene Ramírez, entre ellas dos adultos mayores y un médico. “Aquí nadie se ha contagiado porque cumplimos con las medidas. Sabemos que en cualquier momento puede pasar, pero tomamos las precauciones que se indican”, dice. Su esposo es neurocirujano, por lo que es el único miembro de la familia que continúa trabajando fuera de casa a pesar de la medida de cuarentena en su sector. Solo atiende emergencias, porque todas sus cirugías están aplazadas, a menos que sea un caso urgente. “Al volver, desinfecta todo lo que trae consigo y se baña antes de compartir con nosotros”.
Todos los supermercados, cuenta Ramírez, han dispuesto servicios gratuitos de envíos a las casas, llevados por empleados con tapaboca y guantes. “Igual uno lo deja un rato en la puerta de la casa y limpia todo con alcohol”. Ramírez considera que los esfuerzos oficiales solo darán frutos si las personas asumen una conciencia ciudadana. “Y eso vale para todos los países. Ese ha sido el problema”, opina.
Los autobuses de transporte público son desinfectados por funcionarios públicos. Foto/EFE
Otra migrante venezolana, Jennifer Piña, también permanece en aislamiento en casa, aunque en su sector no hay decreto de cuarentena. Vive en la comuna Valparaíso y quedó sin empleo a principios de marzo, tras la llegada de la pandemia. “Yo trabajaba en una cafetería, que ya había pensado cerrar con lo de las protestas, porque estaba cerca de los enfrentamientos que había con la policía. Pero ahora con lo del coronavirus, apresuraron el cierre”.
Coincide en que, además de las medidas estatales, es necesaria la conciencia individual. “El día que me quedé sin trabajo, pasé por un supermercado para comprar una Harina Pan y al entrar hice un flashback con Venezuela”, recuerda, en referencia a los episodios de escasez de la crisis económica venezolana. “Porque no había nada. La gente y su histeria colectiva compró de manera desproporcionada”. Los siguientes días ha conseguido los productos básicos sin inconveniente en los abastos de su comunidad.
El Plan Económico de Emergencia del gobierno, presentado el 19 de marzo, destinará 11 mil 750 millones de dólares para enfrentar la crisis económica provocada por el coronavirus. “El paquete de medidas pone foco en la protección del empleo, inyectar liquidez a las empresas de todos los tamaños y apoyar los ingresos de los y las trabajadoras”, reporta el portal oficial del gobierno, que también destaca una campaña de vacunación contra la Influenza dirigida a grupos de alto riesgo —niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, enfermos crónicos y personal de salud— de cara al invierno.
La actividad comercial está reducida al mínimo. Foto/EFE
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“Es muy tentador ceder a esta presión”, dijo Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, el 21 de marzo. El país sumaba entonces más de 500 casos confirmados de COVID-19. “Para uno mismo, porque sería mucho más fácil decir ‘sí, háganlo’, pero no resulta”, continuó Leanes en referencia a las críticas de miembros del Colegio de Médicos y de 56 alcaldes del país, que solicitaron al presidente Sebastián Piñera una medida de cuarentena nacional.
Otros países de América Latina, como Venezuela y Argentina, con menos casos habían ordenado el confinamiento de su población, para prevenir la propagación del virus. Las medidas de distanciamiento social del gobierno chileno, en cambio, han sido menos drásticas, selectivas y progresivas. El abordaje estatal ha priorizado la capacidad diagnóstica para atender y aislar específicamente a los casos afectados.
“No se recomiendan medidas de limitación del movimiento indiscriminadas y por largos períodos de tiempo, por dos razones: primero, porque tienen un efecto corto, y segundo, porque no se pueden sostener muchas veces porque, o la gente las incumple, o la gente no puede subsistir con esas medidas”, declaró Leanes.
El transporte público, como el Metro de Santiago, tiene pocos usuarios. Foto/EFE
Stefanía Vega, antropóloga chilena, de 33 años de edad, desconfía del proceder estatal. Recuerda que las fallas en la atención pública en salud fue una de las causas que motivaron el estallido social en Chile a finales de 2019, desde el 18 de octubre. “Eso provoca que mucha gente vea esto, y me incluyo, con mucha incertidumbre”, lamenta. Vive en Santiago de Chile y espera, con preocupación, que los intereses económicos no se pongan por encima de la salud de la población.
“El gobierno venía muy afectado y el país muy dolido”, explica Silene Ramírez, periodista venezolana, radicada en Chile desde hace 15 años. “Eso recién se estaba comenzando a levantar. Otros países del mundo agarran esta pandemia con una base mucho mejor; aquí la base está delicada. Las protestas aquí tuvieron impactos de infraestructura, sociales, económicos”, explica.
El referendo para aprobar o no un proceso de cambio de la constitución nacional en Chile estaba previsto para abril, pero fue aplazado debido a la emergencia sanitaria. “Con esto, ahora el país está en pausa”, dice Ramírez.
El 13 de marzo, dos días después de que la OMS declaró al coronavirus como pandemia, Chile sumaba 43 casos confirmados. El presidente Sebastián Piñera dijo que desde enero había un equipo de trabajo y un plan de acción para atender la contingencia. Las medidas mencionadas fueron: compra de equipos e insumos, una línea de laboratorio para los diagnósticos, una alerta sanitaria temprana para conceder más atribuciones y recursos al Ministerio de Salud, entre otros.
También anunció la disposición de 50 hospitales para atender la emergencia, así como también la construcción rápida de más centros de salud. Piñera indicó entonces que sus medidas respondían a “la información científica, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las mejores experiencias de países amigos”.
Desde el 15 de marzo quedó prohibido el paso de cruceros de pasajeros por los puertos chilenos. Tres días después, el gobierno cerró las fronteras terrestres, aéreas y marítimas a los extranjeros, exceptuando la entrada y salida de cargas de mercancía para garantizar el abastecimiento regular del país.
La policía se encarga de mantener las restricciones al libre tránsito. Foto/EFE
El 19 de marzo, el gobierno de Chile decretó Estado de Catástrofe —un Estado de Excepción Constitucional— por 90 días. Para reducir el contacto social, el 22 de marzo se decretó toque de queda a nivel nacional, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Otras medidas de distanciamiento social son la suspensión de clases presenciales, la postergación de cirugías electivas en centros asistenciales públicos y privados, el cierre de centros comerciales y de entretenimiento, como cines, teatros, restaurantes, discotecas y gimnasios.
Las farmacias, supermercados, bancos y centros de salud están exentos de esta norma dentro los centros comerciales.También están prohibidos todos los eventos con más de 50 personas, mientras que las medidas de aislamiento en cuarentena están dirigidas a todos los adultos mayores de 80 años y, progresivamente desde el 20 de marzo, 15 comunas —unidad de la administración local en Chile— de la Región Metropolitana. La periodista venezolana Silene Ramírez vive en una de ellas: la comuna Las Condes.
“Yo para salir debo tener un salvoconducto o pedir un permiso. Inicialmente fueron siete comunas de Santiago, que son consideradas entre las más adineradas, porque en teoría pueden viajar más, y los primeros casos fueron importados de esa zona”, explica Ramírez. La comuna Independencia salió el 2 de abril de la lista de jurisdicciones en aislamiento, bajo el llamado de que los habitantes permanezcan voluntariamente en sus hogares.
El primer caso de coronavirus confirmado en Chile fue detectado el 3 de marzo; un médico de 33 años de edad que había viajado al sudeste asiático. Dos semanas después, el país alcanzó el mayor nivel de contagios, con respecto a la población de toda Suramérica. “El número de contagios que tenemos en nuestro país también tiene relación con la capacidad diagnóstica. Nuestro país tiene una muy buena capacidad diagnóstica”, declaró la subsecretaria de Salud, Paula Daza, a CNN Chile. “Nuestros números demuestran la realidad que estamos viviendo. Probablemente hay otros países en que ese nivel de vigilancia no es tan efectivo”, agregó.
Un hombre traslada mercadería en una calle de la comuna Providencia, en Santiago. Foto/EFE
“No esperemos más”, exhortaron 56 alcaldes, en una carta dirigida al presidente de la República y al Congreso el 20 de marzo, para solicitar una orden de cuarentena nacional obligatoria. “Consideramos fundamental arribar a un amplio acuerdo nacional en esta dirección, y una actuación rápida del gobierno nacional que establezca esta medida cuanto antes”, expone el documento.
Con el respaldo de la OMS, sin embargo, el gobierno chileno ha sostenido una estrategia de cuarentenas selectivas y periódicas. Hasta la fecha, el país suma 3.404 casos comprobados, 335 personas recuperadas y 18 fallecidas.
Siete personas viven en la misma casa de Silene Ramírez, entre ellas dos adultos mayores y un médico. “Aquí nadie se ha contagiado porque cumplimos con las medidas. Sabemos que en cualquier momento puede pasar, pero tomamos las precauciones que se indican”, dice. Su esposo es neurocirujano, por lo que es el único miembro de la familia que continúa trabajando fuera de casa a pesar de la medida de cuarentena en su sector. Solo atiende emergencias, porque todas sus cirugías están aplazadas, a menos que sea un caso urgente. “Al volver, desinfecta todo lo que trae consigo y se baña antes de compartir con nosotros”.
Todos los supermercados, cuenta Ramírez, han dispuesto servicios gratuitos de envíos a las casas, llevados por empleados con tapaboca y guantes. “Igual uno lo deja un rato en la puerta de la casa y limpia todo con alcohol”. Ramírez considera que los esfuerzos oficiales solo darán frutos si las personas asumen una conciencia ciudadana. “Y eso vale para todos los países. Ese ha sido el problema”, opina.
Los autobuses de transporte público son desinfectados por funcionarios públicos. Foto/EFE
Otra migrante venezolana, Jennifer Piña, también permanece en aislamiento en casa, aunque en su sector no hay decreto de cuarentena. Vive en la comuna Valparaíso y quedó sin empleo a principios de marzo, tras la llegada de la pandemia. “Yo trabajaba en una cafetería, que ya había pensado cerrar con lo de las protestas, porque estaba cerca de los enfrentamientos que había con la policía. Pero ahora con lo del coronavirus, apresuraron el cierre”.
Coincide en que, además de las medidas estatales, es necesaria la conciencia individual. “El día que me quedé sin trabajo, pasé por un supermercado para comprar una Harina Pan y al entrar hice un flashback con Venezuela”, recuerda, en referencia a los episodios de escasez de la crisis económica venezolana. “Porque no había nada. La gente y su histeria colectiva compró de manera desproporcionada”. Los siguientes días ha conseguido los productos básicos sin inconveniente en los abastos de su comunidad.
El Plan Económico de Emergencia del gobierno, presentado el 19 de marzo, destinará 11 mil 750 millones de dólares para enfrentar la crisis económica provocada por el coronavirus. “El paquete de medidas pone foco en la protección del empleo, inyectar liquidez a las empresas de todos los tamaños y apoyar los ingresos de los y las trabajadoras”, reporta el portal oficial del gobierno, que también destaca una campaña de vacunación contra la Influenza dirigida a grupos de alto riesgo —niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, enfermos crónicos y personal de salud— de cara al invierno.
La actividad comercial está reducida al mínimo. Foto/EFE