Una España “en resistencia” frente al COVID-19 debe hacer y pasar más pruebas (IV)

CORONAVIRUS · 1 ABRIL, 2020 15:27

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María Victoria Fermín Kancev | @vickyfermin


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Laura Landaeta y su esposo cumplieron 14 días de aislamiento domiciliario el pasado 24 de marzo. Ambos son médicos venezolanos que migraron a Madrid, España, hace cinco años. Él comenzó a presentar fiebre, malestar general, tos leve, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y del gusto. Dio positivo para COVID-19 el 10 de marzo. 

“Se contagió en el hospital donde trabaja, cuando comenzaron a llegar los primeros pacientes de coronavirus y aún no habían hecho ningún tipo de recomendación”, cuenta la joven. 

A ella no le hicieron pruebas porque para ese momento, explica, aún el Gobierno español no había reglamentado que debían hacer pesquisas a todos los profesionales de la salud. Así lo ordenó después un documento emitido por el Ministerio de Sanidad y publicado en su sitio web el 17 de marzo. 

El texto señala que se les aplicará el test para comprobar la existencia del virus “a personas con infección respiratoria aguda con criterios de ingreso hospitalario”, así como “a las personas con infección respiratoria aguda que sean: a) personal sanitario b) personal socio-sanitario c) otros servicios esenciales”, para proteger a grupos vulnerables, como los adultos mayores. 

Las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacen énfasis en la necesidad de realizar pruebas a todos los casos sospechosos, pero en España no han podido cumplir esta directriz. 

Personas de concentran frente a un centro de servicios comunitarios en el barrio Raval, en Barcelona, en busca de la ayuda que ofrece el ayuntamiento. Foto/EFE

Reportes de prensa revelan que, hacia el 15 de marzo, algunas de las 17 comunidades autónomas del país decidieron no realizar los test a quienes presentaban síntomas leves. En ese entonces, El País alertó que este escenario ponía en riesgo “la fiabilidad de los registros” sobre el impacto de la enfermedad en España. 

El 21 de marzo, cuando se anunció que llegaron al país más insumos para realizar las pesquisas, el Ministerio de Salud advirtió que su entrega se estaba priorizando a las regiones que sufrían “una carga mayor”. 

Vigilancia relativa 

Aunque la OMS exhorta a“localizar y observar a los contactos de todos los nuevos casos probables o confirmados”, el Ministerio de Sanidad, en un manual de procedimientos fechado el 15 de marzo, señala que “no se hará un seguimiento activo de los contactos; únicamente se les indicará realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días”, y señalan cuáles deben ser las condiciones de ese tipo de aislamiento.  

Advierten que estas personas no deben salir a la calle salvo en caso de necesitar asistencia médica; sin embargo no todos los funcionarios públicos parecen predicar con el ejemplo. El segundo vicepresidente del país, Pablo Iglesias, fue criticado por incumplir esta medida al asistir a un acto público el 14 de marzo aún cuando su pareja, la ministra de la Igualdad, Irene Montero, estaba enferma de coronavirus. Además, la prensa local ha reseñado denuncias de familiares de fallecidos por COVID-19 que tenían síntomas leves y no se les hizo pruebas.  

En Madrid, las personas que salen a la calle guardan al menos un metro de distancia entre sí. Foto/EFE

El seguimiento que recomienda la OMS deberían hacerse vía telefónica o con visitas casa por casa. El Ministerio de Salud llama a que los “contactos” se comuniquen con las autoridades de su comunidad autónoma solamente si presentan fiebre o tos, y en caso de presentar dificultad para respirar “empeoramiento o sensación de gravedad” llamar al 112.  

Todo cambió en el hospital 

Gherzon Casanova, médico venezolano de 32 años de edad y egresado de la Universidad de Los Andes (ULA), trabaja en un hospital de referencia para múltiples enfermedades en la ciudad de Barcelona, y relata que “hoy día el 90% de la actividad y espacios del centro están destinados para pacientes con COVID-19”. 

Para el 25 de marzo más de 300 pacientes estaban distribuidos en 18 salas y 60 de ellos permanecían internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Todas las consultas ambulatorias y estudios de imagen (tomografías, resonancias, rayos X) quedaron suspendidos, excepto para pacientes oncológicos.  

Casanova describe que en la institución hacen los máximos esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Sanidad sobre las condiciones de aislamiento hospitalario para reducir los riesgos de transmisibilidad del virus, como mantener la distancia de un metro como mínimo entre las camas de los pacientes. 

Medicos españoles reciben aplausos

Los trabajadores sanitarios que afrontan la pandemia del COVID-19 son tratados como héroes. Foto/EFE

Cuando llega al hospital, admite el profesional venezolano, siente miedo: “algo impensable en el pasado, como limitar la intubación a pacientes con comorbilidades y de mayor edad, es ahora una realidad, debido a la escasez de respiradores por el incremento en los pacientes”. Y como consecuencia de esta “saturación” al menos 60 compañeros del hospital donde trabaja Casanova están “de baja” por coronavirus. 

En España la cifra de personal sanitario contagiado de SARS-CoV-2 se disparó y para el 27 de marzo alcanzaba un total de 9.444, lo que representaba el 14,7% del total nacional de infectados.

Los analistas advierten que esto se debe a debilidades en la dotación de equipos de protección individual para los profesionales de la salud, otro estándar destacado por la OMS en su protocolo de prevención y control de infecciones durante la atención sanitaria por el nuevo coronavirus.

Según ha anunciado recientemente, el gobierno de España cerró un contrato con China de 432 millones de euros, por la compra de de 550 millones de mascarillas, 950 respiradores, 5,5 millones de pruebas rápidas de coronavirus y 11 millones de guantes.  

Antes y después del estado de alarma 

En España transcurrió casi un mes y medio desde que se detectó el primer caso de COVID-19, el 31 de enero, para declarar un “estado de alarma” que limita la circulación de los ciudadanos en la vía pública en todo el territorio, como parte de las medidas de distanciamiento social recomendadas por la OMS para frenar la propagación del SARS-CoV-2. 

En el sector Ifema, en Madrid, se instaló un hospital de campaña. Foto/EFE

Previamente, las autoridades habían ofrecido recomendaciones generales que invitaban a reducir el contacto entre las personas por precaución, así como a realizar el lavado de manos con agua y jabón. 

El 9 de marzo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, acordaron medidas para zonas “en fase de transmisión comunitaria significativa”, como suspender clases, migrar al teletrabajo (siempre que fuese posible) y llamar a evitar lugares concurridos. En esa fecha, contabilizaban 1.622 personas contagiadas y 35 fallecidos por COVID-19. 

Un día después España suspendió los vuelos con Italia, el país europeo más afectado por la pandemia. Finalmente, el 14 de marzo, cuando la cifra de infectados llegó a 6.200 personas y los muertos eran 191, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció el estado de alarma, que entró en vigencia el 16, cuando se anunció también el cierre de las fronteras terrestres con pocas excepciones. 

Sánchez dijo que con estas medidas buscaban «ganar tiempo» para preparar al sistema sanitario del país y encontrar una vacuna para el COVID-19. Mientras, quien no las cumpla (y no esté dentro de los grupos exentos) podría ser sancionado: “desde una multa de 100 euros a una pena de prisión de un año”, si se resiste o desobedece “gravemente” a las autoridades o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, reseñó El País

Un mercado en Barcelona estaba casi desierto este 31 de marzo. Foto/EFE

Y aunque muchos cumplen con estas normas y solo salen a comprar alimentos o medicamentos, “está la picaresca, que hay gente que aprovecha pues sacar al perro y se da una vuelta muy grande, cuando en realidad debería ser a los alrededores. O va a comprar cada día, en vez de hacer una compra grande”, cuenta el español Sergio Sánchez Jiménez, empleado de la banca. 

Él, que debe asistir a su oficina un par de veces por semana, requiere de un certificado de su empresa que justifica ante las autoridades por qué debe salir de casa. De resto, aplica el teletrabajo y cuenta que se establece rutinas, incluyendo llamar a sus padres por videollamada “porque están haciendo la cuarentena solos en su casa, en otro pueblo llamado Móstoles”. 

Sánchez Jiménez asegura que “no hay problemas de comunicación por internet y todo está aguantando”, lo cual facilita el acceso y flujo libre de información durante la pandemia, como ha explicado la Relatoría sobre Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. 

Y no solo para la información sobre la pandemia hay espacio, también para las horas de ocio y los contenidos de entretenimiento. Por ejemplo, la Comisión Europea solicitó a algunos servicios de video en streaming bajar la calidad de las reproducciones de alta definición a estándar durante 30 días para prevenir cualquier sobrecarga. 

Protección y garantía de servicios 

Y en estas circunstancias de fortalecimiento de medidas de aislamiento social, la Organización Mundial de la Salud advierte que los estados deben mitigar los efectos adversos de la crisis en la población y ofrecer protección laboral a los trabajadores. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, precisó el 19 de marzo que los trabajadores independientes afectados por la reducción de sus ingresos estarán exentos de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social y, además, recibirán una prestación equivalente al 70 % de la base reguladora (salario mínimo), lo que supone un mínimo de 661 euros.

El funcionario agregó que todos los trabajadores autónomos o independientes obligados a cerrar por la pandemia, o que han registrado una caída de ingresos del 75%, tienen ya derecho a la nueva prestación económica aprobada por Consejo de Ministros.

Las calles de Bilbao son desinfectadas a pesar de que la circulación de personas es casi nula. Foto/EFE

También se acordó moratoria en el pago de hipotecas para los afectados, el pago de bonos a hogares de personas en situación de vulnerabilidad, la creación de un fondo especial (de 300 millones de euros) para reforzar la atención de las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y las personas en situación de calle, entre otros.

Adicionalmente, se prohibió a las compañías cortar los suministros de luz, gas, agua y telecomunicaciones a aquellas personas que hayan quedado sin ingresos suficientes debido a la emergencia causada por el COVID-19. 

El llamado “plan de choque” del Gobierno español también incluye transferir 600 millones de euros a las comunidades autónomas y ayuntamientos para garantizar la prestación de servicios básicos. Hasta el 25 de marzo se evaluaba suspender por dos meses el pago de alquileres.

También, como lo ha pedido la OMS, las autoridades establecen que el servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano “es un servicio esencial que debe estar garantizado”, así como el abastecimiento alimentario. 

Canales de comunicación

El Estado español acogió el modelo de presentación de datos sobre el COVID-19 sugerido por la OMS, por lo que a diario reporta el número de casos confirmados y la cifra de fallecidos, desagregados por comunidad autónoma, además de desagregar las estadísticas por edad, sexo y los casos de personas hospitalizadas graves. 

Sobre el número de pruebas realizada, para el 21 de marzo, sumaban 355.000 de acuerdo con la directora del Instituto San Carlos III, Raquel Yotti. 

En las página web de las instituciones oficiales, especialmente la del Ministerio de Sanidad, exhiben abundante información para distintos sectores y en diferentes formatos accesibles. También, como establece la ley, los medios de comunicación públicos y privados deben emitir mensajes informativos sobre el COVID-19 y los periodistas están dentro de la población que está exceptuada de las restricciones de libre tránsito establecidas en el decreto de alarma. 

Para el 1° de abril la cifra de casos positivos de coronavirus en España era de 102.136 y 9.053 fallecidos, según los registros de Worldmeters

El Gobierno sigue haciendo esfuerzos de cooperación internacional con China o la Unión Europea, como promueve la OMS, para acceder a más insumos, aún cuando se ha llevado algunos fiascos como la adquisición de pruebas para el diagnóstico del coronavirus de baja calidad. Mientras tanto la vida de Laura, Gherzon y Sergio, así como los millones de residentes de España, ya ha sido trastocada. 

Los aplausos, cantos y los gritos desde las ventanas de los apartamentos en Madrid y otras ciudades para manifestar apoyo al personal de salud que ha tratado a los miles de enfermos será un recuerdo para la memoria colectiva. 

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, del grupo español Dúo Dinámico, quizá nunca imaginaron que un día su canción se convertiría en el himno de una pandemia: «Resistiré, para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré».