El director del portal de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans, y el asesor estratégico de Juan Guaidó, Demóstenes Quijada, son los primeros excarcelados de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta (Miranda), luego del indulto decretado por el chavismo el pasado lunes, 31 de agosto.
“Yo solamente tengo que agradecerle a Dios y a mi familia, son los únicos a los que tengo que agradecer el hecho de que yo hoy en momento esté de pie y dando estas palabras. (…) Sepa la opinión pública que nos mantenemos en el trabajo y seguimos en Venezuela luchando por la libertad”, dijo Evans a su salida la tarde de este martes, 1 de septiembre.
El ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció el lunes que se concedieron indultos a una serie de presos políticos y otros reclusos, así como a diputados en el exilio, como parte de los resultados de la mesa de diálogo con los partidos minoritarios de la oposición venezolana. La lista está conformada por 110 nombres, sin embargo, según información de Foro Penal, solo 50 son presos políticos.
Luego de la excarcelación, Quijada dijo a los medios de comunicación que aún desconoce el motivo por el que fue puesto preso. “Finalmente, salgo como un hombre aún más formado en las experiencias de la vida y que no queda más que trabajar y seguir adelante (…). No me encuentro bajo ningún efecto de daño físico”. Ni Evans ni Quijada mencionaron las condiciones de su excarcelación.
Ley contra el Odio
Evans estuvo detenido desde el pasado 13 de julio por supuesta “incitación al odio”, contemplada en la Ley contra el Odio que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el año 2017. En ese entonces subió un video a su cuenta de Instagram, en el que mostró la orden de aprehensión en su contra firmada por el Tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas.
El pasado 2 de abril, diputados denunciaron el secuestro de dos personas más ligadas al equipo de trabajo de Juan Guaidó. Esta vez se trata de Demóstenes Quijada y Maury Carrero, asesores del presidente de la Asamblea Nacional (AN). Hombres identificados como funcionarios de la Dgcim ingresaron a la residencia de Quijada, ubicada en La Boyera, municipio El Hatillo.
Se le imputaron los supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y explosivos y ocultamiento de estupefacientes de menor cuantía. Maury Carrero quedó igualmente detenida. Se le imputaron los delitos de asociación para delinquir y ocultamiento de armas de fuego. Estuvo representada ante el tribunal por el abogado de Foro Penal, Alfredo Romero.