Imputan cuatro delitos a asesor de Juan Guaidó

POLÍTICA · 4 ABRIL, 2020 22:07

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Texto por Deisy Martínez @deicamar

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El asesor de Juan Guaidó, Demóstenes Quijada, fue imputado por los supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y explosivos y ocultamiento de estupefacientes de menor cuantía.

El abogado Joel García informó la noche de este sábado, 4 de abril, que le dictaron privativa libertad y se fijó la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) como sitio de reclusión.

Maury Carrero, también integrante del equipo asesor del titular de la Asamblea Nacional (AN), quedó igualmente detenida. Se le imputaron los delitos de asociación para delinquir y ocultamiento de armas de fuego. Estuvo representada ante el tribunal por el abogado de Foro Penal, Alfredo Romero.

Las imputaciones y las medidas de privativa de libertad se conocieron este sábado pasadas las 8:00 de la noche.

“En la audiencia de hoy (sábado) a Demóstenes Quijada, asesor del presidente Juan Guaidó, pudimos ver cómo una vez más en estos casos se aplica el derecho penal del enemigo, no te juzgo por lo que hiciste sino te juzgo por quien eres. Al ingeniero se le precalificaron cuatro delitos que son producto de la siembra de armas y explosivos para lo que este gobierno (de Maduro) es eficiente”, denunció el abogado.

Quijada y Carrero fueron víctimas de una detención de arbitraria la madrugada del 2 de abril por parte de funcionarios de la Dgcim. Quijada fue envuelto en sábanas en presencia de su esposa e hijos. García informó que apelarán la decisión.

Consultado por Efecto Cocuyo aseguró que a Quijada le sembraron dos granadas y un supuesto explosivo cuyos detalles desconocen.

Denuncia siembra de armas y explosivos

“Le sembraron una droga que puede ser marihuana o crispy, no hay una experticia que determine qué es; sin embargo le fue precalificado el delito de ocultamiento de drogas de menor cuantía”, agregó.

García lamentó que una vez más queda demostrado que la justicia y el estado derecho no privan en el país.

Los delitos fueron imputados ante el Tribunal 18 de Control, a cargo de la juez Hilda Villanueva pese a que el viernes 3 de abril se declaró incompetente. “Fue el mismo tribunal que emitió las órdenes de allanamiento, de aprehensión, contra varias personas. Si era incompetente no podía emitir orden alguna”, explicó.

“El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 72 que las actuaciones de un tribunal incompetente en la materia son nulas; es decir, que todas las actuaciones son nulas y así lo alegó la defensa, sin embargo la juez Villanueva lo declaró sin lugar”, rechazó.

Tribunal ¿incompetente?

Resaltó que las solicitudes del fiscal a la juez para los allanamientos y las órdenes de aprehensión son de fecha 1 de abril pero la Dgcim las solicitó al fiscal el 2 de abril. “¿Cómo es que el fiscal pide las órdenes sin la solicitud del cuerpo de seguridad y peor aún un tribunal incompetente las emanó, anoche declinó su competencia”.

García afirmó que temía una incomunicación de entre 30 y 45 días de los detenidos como ha ocurrido en otros casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Quijada se encuentra bien físicamente, aunque con aspecto desmejorado por el cansancio y la presión.

Acotó que tanto detenidos como defendidos contaban en el tribunal con tapabocas, guantes, gel y alcohol como medidas de prevención contra el COVID-19.