Tercera ronda de negociaciones en México en puertas: ¿Qué ha pasado en Venezuela?

POLÍTICA · 16 OCTUBRE, 2021 12:49

Ver más de

Deisy Martínez


¿Cómo valoras esta información?

2
QUÉ CHÉVERE
QUÉ INDIGNANTE
QUÉ CHIMBO

A medida que transcurren las negociaciones entre el gobierno y la oposición en México, acontecimientos políticos y sobre derechos humanos no han cesado en Venezuela. Hasta ahora las conversaciones con la mediación de Noruega parecen resistir a los embates externos, en la búsqueda de una solución consensuada a la crisis venezolana.

La segunda ronda de negociaciones realizada en septiembre, a diferencia de la primera, no produjo acuerdos concretos en torno a dos importantes puntos en agenda: reinstitucionalización del Poder Judicial venezolano; sanciones internacionales y activos de la República en el exterior. Las partes solo se comprometieron a identificar mecanismos de consulta sobre diversos temas con actores políticos y sociales que sean lo más incluyentes posible.

Este domingo 17 de octubre, se espera la instalación de la tercera ronda de negociaciones entre la delegación que representa al gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, ¿Qué pasó en el ínterin en el país? A continuación un resumen.

 Caso Monómeros

 La situación de la empresa Monómeros provocó una fractura que parece insalvable entre Primero Justicia (PJ) y el gobierno interino presidido por Juan Guaidó, pese a que también forma parte de él. 

Luego de que el 27 de septiembre la tolda emitiera un comunicado con fuertes críticas por el manejo partidista de activos de la República en el exterior que ha derivado en supuestos casos de corrupción y proponer un fideicomiso que garantice transparencia en la gestión, Guaidó respondió con una propuesta de reestructuración de la directiva de la empresa de fertilizantes.

Pero el planteamiento fue bloqueado por PJ en sesión de la Comisión Delegada Legislativa del 5 de octubre. El primer vicepresidente de la Comisión, Juan Pablo Guanipa reclamó que al menos con PJ, la propuesta de Guaidó no fue consultada, por lo que el debate sobre el punto quedó pendiente para otra sesión.

El líder opositor se adelantó y publicó el 12 de octubre un decreto de reestructuración de la filial de Pdvsa, lo que provocó el rechazo no solo de PJ, sino de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, cuyos voceros advirtieron a Guaidó que no podía ordenar unilateralmente la medida sobre Monómeros. Frente a ellos, un grupo de diputados de Encuentro Ciudadano y Voluntad Popular, declara su apoyo irrestricto a la pretensión del interinato.

Mientras, la Comisión de Contraloría del Parlamento de 2015, que pidió la reestructuración de Monómeros, se propone continuar con interpelaciones a funcionarios y exfuncionarios de la empresa para determinar responsabilidades por presuntos malos manejos que llevaron a una declaratoria de quiebra y acogida a un plan de rescate el 24 de septiembre. La Delegada aprobó en su última sesión que cinco legisladores investiguen las irregularidades de la empresa.

En la mesa de negociaciones PJ está representada por Tomás Guanipa. Politólogos como Benigno Alarcón, coinciden al señalar que la división opositora en pleno proceso electoral, podría traer consecuencias muy negativas, no solo en términos de derrota el 21 de noviembre sino en cuanto al apoyo internacional.

Nuevo llamado a las calles

En momentos en que el debate sobre la continuidad del gobierno interino comienza a asomarse, con factores de oposición a favor y en contra, entre estos PJ, llamó el 29 de septiembre a  «agitar el país» nuevamente para exigir elecciones generales libres y transparentes en el país.

También anunció que recorrería el país para promover dicha exigencia, lo que fue interpretado como una campaña electoral indirecta de cara al 21 de noviembre, bajo el lema  «Unidos Para Luchar». Esto, pese a su posición pública, en contra de la participación de la oposición mayoritaria en las elecciones.

“Espérennos en los cuatro costados de Venezuela, vamos a agitar a este país exigiendo condiciones (…) Que este evento sea el punto de partida para elegir un nuevo presidente, para levantar a todo un país”, dijo en un acto público.

Hasta ahora las movilizaciones que se ven en las calles muestran a candidatas y candidatos promoviendo sus propuestas para las elecciones del 21 de noviembre. Algunas de ellas las acompaña el dos veces candidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski.

Observación internacional en riesgo

 Otro hecho significativo en el intervalo fueron las declaraciones del alto comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, sobre la observación electoral de la misión de dicho bloque en las megaelecciones regionales del 21 de noviembre. El 8 de octubre Borrell aseguró que es una «garantía» para la oposición que la UE observe los comicios y que en ningún caso implicaba reconocimiento a la presidencia de Maduro.

La afirmación fue tildada por el gobierno de Maduro de  «injerencista» en los asuntos internos del país y rechazada por estar a favor de una parcialidad política. La Cancillería advirtió que una misión de observación en esos términos no sería aceptada en Venezuela. Ante la polémica, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, dijo que se mantenían los esfuerzos para que se concrete una observación por parte de la UE.

El CNE también pidió explicaciones y el propio Borrell, aunque no las dio, dijo que Leopoldo López y Juan Guaidó, quieren impedir se permita la Misión Electoral de Observación de la Unión Europea. La palabra exacta que usó fue «dinamitar«. Y recordó que dirigentes de Voluntad Popular y el propio partido de López y Guaidó van a los comicios.

Posteriormente, el 14 de octubre, Naciones Unidas anunció el envío de tres expertos para monitorear los comicios regionales a solicitud del CNE. El equipo deberá proporcionar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un informe independiente e interno sobre el desarrollo general del proceso, sin emitir declaraciones públicas. También se evalúa el envío de una misión de observación electoral.

Simulacro electoral 

 El simulacro electoral de los comicios regionales del 21 de noviembre, se hizo el 10 de octubre, en 446 centros de votación de todo el país.

Un recorrido realizado por Efecto Cocuyo, en centros electorales del este y oeste de Caracas, más la observación de ONG, dedicadas a la veeduría electoral como Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), permitió constatar una mayor participación ciudadana en el ensayo, buen funcionamiento de la plataforma tecnológica en general, pero también la persistencia del llamado  «voto entubado» que facilita el  «arrase» de la votación a favor de los partidos políticos e irregularidades.

Entre las irregularidades destacaron: campaña electoral adelantada principalmente por parte de factores políticos del chavismo, pero también de la oposición; uso de recursos públicos como el transporte de gobernaciones y alcaldías para movilizar electores y la instalación de puntos de control político y social a las afueras de los centros de votación, en su mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

 La muerte del general

De acuerdo con ONG y activistas de derechos humanos, las violaciones de DDHH contra la disidencia política en Venezuela, documentadas por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, quedó nuevamente evidenciada con la muerte del general retirado y exministro de la Defensa, Raúl Isaís Baduel, el 12 de octubre.

La familia denuncia asesinato, desmiente la versión oficial de muerte por COVID-19 y exige exhumación para que se pueda realizar una autopsia independiente a sus restos e investigación internacional para determinar las causas exactas del deceso. El cuerpo del militar, quien en vida fue compadre de Hugo Chávez, fueron sepultados bajo la estricta vigilancia de cuerpos de seguridad por orden gubernamental.

La ONG Justicia Venezolana expresa que aún siendo el coronavirus la causa, está el hecho de que el gobierno de Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones para para preservar la vida de los presos políticos contagiados y evitar que otros se enfermen.

 Otras patologías entre disidentes recluídos en distintos centros carcelarios, apunta la ONG, no han sido atendidas y las solicitudes de traslado a centros de salud, ignoradas, pese a que constitucionalmente (artículo 43) el Estado es responsable de la vida de los privados de libertad bajo su custodia.