Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

3

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Con 38 leyes sancionadas cierra la Asamblea Nacional, del 6 de diciembre, su primer año de gestión 2021. Del paquete legislativo resaltan leyes sociales, las relacionadas con reformas al sistema de justicia y las leyes de Presupuesto y Endeudamiento 2022.

Analistas políticos, como Piero Trepiccione, sostienen que el Parlamento de 277 diputados, elegido en las cuestionadas elecciones de 2020, cumplió su objetivo político de servir de apoyo interno a la gestión de Nicolás Maduro, más no el desplazar a la Asamblea Nacional de 2015 como el único poder legítimo en Venezuela, y llegó a un año sin alcanzar reconocimiento internacional.

Meta de 35 leyes superada

El Parlamento se propuso aprobar 35 leyes este año, sin contar las que pudieran presentarse en el camino como necesarias. El presidente de la AN del 6Dic, Jorge Rodríguez dio por cerrado el año legislativo 2021, este 15 de diciembre, con 38 normativas sancionadas (incluyendo leyes aprobatorias o convenios con países aliados) y 55 instrumentos legales aprobados en primera discusión.

Rodríguez destacó como una victoria del chavismo en el Parlamento el haber develado y frenado un plan para la «destrucción de la institucionalidad democrática del país» y la instauración de un «gobierno títere», paralelo a la administración de  Maduro.

Esto en alusión a la declaratoria de la continuidad de la AN de 2015 con mayoría opositora a través de la Comisión Delegada Legislativa y la reforma del Estatuto de Transición a la Democracia y con ello la continuidad del gobierno interino presidido por Juan Guaidó.

«Desde este recinto se violó la Constitución, se votó la derogación de la Constitución por un Estatuto sin valor legal, se robaron miles de millones de dólares de los venezolanos, al final parece que la intención era hacerse con los recursos de la República, ese fue el único objetivo conseguido», recriminó Rodríguez este 15 de diciembre en el Palacio Legislativo.

El mes de enero inició con la Ley de Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates, con la que se dejó claro que las sesiones de la AN debían ser presenciales y en el Palacio Federal Legislativo. Esto en alusión a las reuniones vía Zoom que realiza el Legislativo de 2015 con mayoría opositora.

En el primer mes en funciones, la AN del 6Dic también arrancó con la Ley Derogatoria de la Ley que Regula los Períodos Constituciones del Poder Público Estadal y Municipal, instrumento que allanó el camino para la celebración de megaelecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de este año.

«No representa a las fuerzas políticas»

De cara a los comicios regionales y aprovechando la falta de acuerdo con la AN de 2015 para la designación del nuevo Poder Electoral, el Parlamento con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), nombró a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 4 de mayo de este año.

La designación se caracterizó porque, entre los cinco rectores principales, se incluyó a dos relacionados con la oposición, Roberto Picón y Enrique Márquez.

«Es una AN para efectos del funcionamiento interno del gobierno de Maduro, ha sido su soporte para subsanar el apoyo legislativo interno, pero no es reconocida internacionalmente, lo cual es parte del esquema de sanciones. El país sigue sin tener acceso a financiamientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial y el Bando Interamericano de Desarrollo», señala Trepiccione.

Para el politólogo, dicho reconocimiento internacional pero también nacional por parte de la oposición mayoritaria, es un objetivo que no cumplió la AN del 6Dic este año «ni lo va a cumplir, porque el país está claro que la distribución de fuerzas políticas no está representada en ese Parlamento», con 253 diputados del PSUV, apenas 23 de la oposición moderada y uno del Partido Comunista de Venezuela (PCV), exaliado del chavismo.

Reformas judiciales en pleno proceso ante CPI

En pleno proceso (fase de investigación) contra el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, la AN instalada en el Palacio Federal Legislativo aprobó en segunda discusión ocho leyes relacionadas con el sistema de justicia.

Fueron sancionadas la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, la Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalística y la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar.

Igualmente, la Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Penitenciario y la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública y la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.

Durante su balance legislativo, Rodríguez aplaudió la aprobación de los ocho instrumentos jurídicos para «cuidar, proteger y hacer más progresivos» los derechos humanos.

Pero defensores de derechos humanos y ONG advierten que la administración de Nicolás  pretende «lavarse la cara» ante la CPI con leyes que no resuelven el fondo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El 3 de noviembre el fiscal de la CPI, Karim Khan informó a Maduro que el examen preliminar que se abrió en 2018 contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad, avanzó hacia una nueva nueva fase; es decir, la de investigación formal que apunta a los responsables individuales y toma en cuenta la cadena de mando.

Leyes sociales

En el transcurso de 2021 fueron aprobadas igualmente en segunda discusión las leyes de la Gran Misión Chamba Juvenil; Ley de Sistemas de Cuidados para la Vida; Reforma de Ley de Idiomas Indígenas; Ley de Teatro; Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Infantil. Asimismo, la Ley de Protección y Atención Integral de los Adultos Mayores; Nuevos Emprendimientos y Sobre el derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

Además, la Ley de Reforma del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones; Ley para la Promoción del Ciclismo Urbano; Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial; Ley de Juramento Público; Reforma Parcial de Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial; Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Recreación; Ley sobre el Lenguaje Inclusivo y la de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.

Rodríguez llamó a los 277 diputados a volver a las comunidades que los eligieron y explicar a la gente el alcance de las normativas aprobadas, especialmente las que apuntan a combatir la violencia hacia las mujeres y la atención de los adultos mayores.

«Fue un plan modesto, pudo haber sido más ambicioso, hay muchas leyes obsoletas que requieren ser adaptadas a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, y otras que es preciso derogar porque implicaron la asfixia al empresariado y contradicen lo que debe ser el papel del Estado como promotor del desarrollo. Un ejemplo es la Ley de Arrendamiento con la que casi se desaparece al sector inmobiliario», apunta Trepiccione.

Al cierre

Al 15 de diciembre, la AN con mayoría chavista cerró con las leyes de Presupuesto y Especial de Endeudamiento 2022, así como los instrumentos legales con los presupuestos del Banco Central de Venezuela (BCV) y el propio Poder Legislativo.

El regreso de la discusión del presupuesto nacional al hemiciclo fue «celebrado» por los legisladores pesuvistas, puesto que para el período 2016-2020 el Ejecutivo lo presentó primero ante el Tribunal Supremo de Justicia y, luego, la Constituyente de 2017, pese a ser competencia de la AN, según el artículo 187 constitucional.

El único diputado del PCV, Oscar Figuera, salvó el voto porque, según denunció, la Ley de Presupuesto no fue entregada con antelación a los parlamentarios para su correcta evaluación. Indica que lo mismo sucedió con muchas legislaciones. Señala que dicha práctica reiterada viola el Reglamento Interior y de Debates, atenta contra la función contralora de la AN y propicia la corrupción.

Lo que quedó pendiente

Entre las normativas pendientes de segunda discusión quedaron las polémicas leyes de Ciudades Comunales y Parlamento Comunal, así como la Reforma de la ley Orgánica de Drogas; Zonas Económicas Especiales; Reforma Parcial del Decreto con Rango y Valor de Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ley de Aguas; Reforma de la ley anticorrupción; Ley Orgánica del Derecho a la ciudad y la Ley Especial sobre los Delitos de Genocidio, Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra.

Negociaciones entre el gobierno y la oposición frenaron, de momento, la sanción de la Ley de Ciudades Comunales de la que apenas se aprobaron en segunda discusión (22 de junio) diez artículos de 61, como una de las concesiones otorgadas para que el antichavismo mayoritario participara en las elecciones del 21 de noviembre.

Diputados de la oposición moderada en el Parlamento del 6Dic, señalan que el gobierno de Maduro aguarda porque termine de pasar el tema electoral, incluyendo la repetición de comicios en Barinas el 9 de enero, para dar luz verde a la ley. Expertos han alertado que viola la Constitución al imponer un modelo de Estado Comunal no previsto su texto y que las ciudades comunales son estructuras paralelas que restarán competencias y recursos a las gobernaciones y alcaldías.

Trepiccione cuestiona, además, que la AN del 6Dic se ha dedicado a aprobar leyes no consensuadas con los distintos sectores de la sociedad, sino que solo consultan a sectores reducidos afines al gobierno de Maduro.

«Este ya no es un país polarizado, una Asamblea Nacional no puede aprobar leyes desde una perspectiva ideológica, tiene que obedecer a la Venezuela que emerge», advirte.