Jorge Rodríguez da por cerrado año legislativo con 38 normativas sancionadas

POLÍTICA · 15 DICIEMBRE, 2021 18:54

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Deisy Martínez

Foto por @antvvenezuela

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El presidente de la Asamblea Nacional (AN) del 6D, Jorge Rodríguez, dio por cerrado el año legislativo 2021 este miércoles 15 de diciembre, sin llamado a sesiones extraordinarias.

Rodríguez destacó como logros la sanción de 38 leyes, así como la aprobación de 55 normativas en primera discusión en 61 sesiones ordinarias, pero también enarboló lo que a su juicio es una victoria del chavismo en el Parlamento: develar y frenar un plan para la «destrucción de la institucionalidad democrática del país» y la instauración de un «gobierno títere», paralelo a la administración de Nicolás Maduro.

 Esto en alusión a la declaratoria de la continuidad de la AN de 2015 con mayoría opositora a través de la Comisión Delegada Legislativa y la reforma del Estatuto de Transición a la Democracia y con ello la continuidad del gobierno interino presidido por Juan Guaidó.

 Petición

 «Desde este recinto se violó la Constitución, se votó la derogación de la Constitución por un Estatuto sin valor legal, se robaron miles de millones de dólares de los venezolanos, al final parece que la intención era hacerse con los recursos de la República, ese fue el único objetivo conseguido» recriminó Rodríguez al culminar la sesión ordinaria de este 15 de diciembre en el Palacio Legislativo, la última del año.

 Del paquete legislativo sancionado, Rodríguez destacó las leyes contra el abuso sexual infantil y contra la violencia hacia la mujer. Asimismo, aplaudió la aprobación de ocho instrumentos jurídicos para «cuidar, proteger y hacer más progresivos» los derechos humanos, así como la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Admitió que falta mucho por hacer.

«Les pediría que estén en sus estados y circuitos porque recibimos un mensaje en las elecciones, la gente quiere ser atendida y sigue confiando en nosotros, pero si nos dedicamos a acompañarlos más. Estamos obligados a acompañar al pueblo que nos eligió, volver a las calles, para explicarles los alcances de las leyes aprobadas», instó a los parlamentarios.

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 Comisión de justicia y reparación de víctimas 

La última ley del año en ser sancionada fue la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.

La normativa consta de 19 artículos, una disposición transitoria y una disposición única. De acuerdo con el artículo 2, dicha instancia que será designada por las dos terceras partes del Parlamento, tiene como finalidad promover el respeto, garantía y protección de los DDHH de las personas.

De igual forma, debe contribuir con el aseguramiento del derecho a la tutela judicial de las víctimas, procurar su atención integral y reparación, velar por el establecimiento de las responsabilidades de violaciones de DDHH, así como porque las actuaciones de los organismos competentes se ajusten al respeto a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por la República en la materia.

La Comisión con autonomía presupuestaria estará adscrita al Consejo Moral Republicano y tendrá una vigencia de dos años, prorrogables por la AN del 6Dic, de acuerdo con el artículo 6. Sus integrantes serán siete, a saber tres personas con trayectoria en DD. HH., dos integrantes de organizaciones civiles expertas en la materia y dos diputados de la AN, de los cuales el Poder Legislativo nombrará uno como presidente o presidenta.

Negada ampliación de integrantes

En este punto, el diputado de la bancada de la oposición moderada, Oscar Ronderos solicitó que el número de diputados se ampliara a cuatro a fin de garantizar la participación de al menos uno del antichavismo. La petición fue negada por la mayoría del chavismo en la Cámara.

«No tiene sentido que los diputados sean solo del gobierno que es el que viola derechos humanos», dijo.

En el articulado (17 y 18) se establece la obligatoriedad por parte de personas naturales, jurídicas y funcionarios de colaborar con los requerimientos de la Comisión en el ejercicio de sus funciones, incluyendo copias de documentos e información confidencial, so pena de destitución, en el caso de los órganos de administración de justicia, de investigación penal y de seguridad.

Defensores de derechos humanos y ONG advierten que la administración Maduro pretende «lavarse la cara» ante la Corte Penal Internacional (CPI) con leyes que no resuelven el fondo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.