La Misión de Determinación de Hechos le allanó el camino al fiscal Khan

POLÍTICA · 5 NOVIEMBRE, 2021 09:00

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Deisy Martínez


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La investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, anunciada este 3 de noviembre por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, apunta a los responsables y toma muy en cuenta la cadena de mando.

El fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, reiteró este 4 de noviembre su rechazo al anuncio de Khan, por considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma para que el caso venezolano pase a fase de investigación. Esto, enfatiza, a pesar de que en el examen preliminar  no se ha identificado a ningún sospechoso al que se le puedan formular cargos.

De hecho así lo recoge el memorando de entendimiento firmado entre Khan y Nicolás Maduro este 3 de noviembre en Miraflores, por lo que la investigación que se inicia «tiene como objetivo establecer la verdad y si existen o no motivos para acusar a alguna persona».

Las pistas

Sin embargo, en el primer informe de 443 páginas de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela y en la rendición de cuentas de la para entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, de diciembre de 2020, hay pistas sobre los presuntos responsables y dónde podrían encontrarse.

Los abogados Laura Louza y Fernando Fernández consideran que los informes internacionales sobre violaciones de DDHH en Venezuela, tales como el de la Misión de Determinación, pueden servir de insumo para la investigación de la Fiscalía de la CPI.

En el caso específico de los funcionarios venezolanos y organismos de seguridad que se señalan indican que pudieran confirmarse los nombres, algunos descartarse o surgir otros de presuntos responsables que quizás no ejerzan funciones en el gobierno nacional.

 «Esos mismos nombres recogidos en el informe de la Misión deberían salir a relucir en la investigación de la Fiscalía de la CPI a la que le interesan los altos funcionarios, aunque es difícil que los abarque a todos. La Fiscalía hace personal la responsabilidad por los crímenes, pero al mismo tiempo va a los altos funcionarios en la cadena de mando», explica Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia.

 Fernández, director del Monitor de DDHH, dice que en su indagación sobre los hechos, Khan se apoyará en todos los documentos, entre ellos el de la Misión que tuvo una actualización este año, pero pedirá más información sobre quiénes son los sospechos y qué hacen.

«En su trabajo investigativo directo sobre el campo le permitirá (a la Fiscalía) determinar quiénes son los representantes máximos en la cadena de mando, el que hizo, el papel de los jefes o superiores en los crímenes», apunta.

¿A quién señala el informe de la Misión?

«La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

Valiñas subrayó que lejos de ser actos aislados, dichos crímenes «se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno».

En el informe publicado en septiembre de 2020, señala que el gobernante Nicolás Maduro y los ministros del Interior y de Defensa «tenían conocimiento de los crímenes». «Dieron órdenes», «coordinaron actividades y suministraron recursos» en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

Asimismo, quedó plasmado que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Entre los crímenes atribuidos a dichas fuerzas están las detenciones arbitrarias, tortura física, incluida la sexual y psicológica y desapariciones forzadas, como parte de una política contra la población civil no afecta al Gobierno nacional.

«Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del Sebin y la Dgcim, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del Sebin y de la Dgcim directamente responsables que deben ser investigados y procesados», detalló Francisco Cox, miembro de la Misión.

En septiembre de 2021, la Misión publicó una actualización del informe en la que entre otros elementos se alude, con base en testimonios de funcionarios y exfuncionarios del sistema, a la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo. 

 Énfasis en la cadena de mando

Louza advierte que la cadena de mando no ha sido investigada por el sistema judicial venezolano, que se enfoca en condenas a autores materiales de crímenes. Recientemente al responsable del asesinato del joven David Vallenilla durante una protesta en La Carlota en abril de 2017, sargento Arli Méndez Terán, lo sentenciaron a 23 años de cárcel.

De allí, recuerda, el principio de complementariedad, según la cual la CPI interviene porque la justicia nacional no está en capacidad o no tiene interés en investigar y juzgar a los altos funcionarios que aparezcan como máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad.

«Lo que se ve en Venezuela es la investigación a los bajos mandos, mientras la CPI tiene que ver más con los jefes y superiores. Pero incluso lo que hagan el gobierno y la Fiscalía venezolana permitirá a la CPI escalar hacia arriba, hacia quién dio la orden o controla la operación. Esa colaboración del Estado venezolano le aportará mayores elementos de juicio», resaltó el jurista.

 Lo que dijo Bensouda

En su rendición de cuentas, Bensouda señaló que tenía «fundadas bases para creer que se han cometido crímenes competencia de la Corte en Venezuela al menos desde abril de 2017» y que entre los presuntos responsables hay autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales.

La ya exfiscal afirmó que tenía razones para también creer que los organismos que cometieron violaciones de DDHH en los hechos denunciados son la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Sebin, Dgcim, las Fuerzas de Acción Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), y algunas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) .

Tanto la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michele Bachelet, como la Misión de Determinación de Hechos en su informe solicitaron la eliminación de las FAES por considerarlo un «cuerpo de exterminio».

 El camino apenas comienza

Tanto Louza como Fernández hacen hincapíe en que si bien el anuncio de Khan es un gran paso en la búsqueda de la justicia, hay que tener claro que el proceso apenas comienza con la notificación del inicio de la investigación. Subrayan que apenas comenzarán las actuaciones de la Fiscalía, entre las que puede solicitar órdenes de arresto y que será un proceso largo.

Se toma en cuenta además que de acuerdo con el artículo 18 del Estatuto de Roma el gobierno venezolano puede solicitar que los crímenes se juzguen en el país ante lo cual la Fiscalía de la CPI responderá. Luego tendrá la oportunidad de apelar en distintas fases del proceso para que se cierre la investigación. Quienes resulten señalados también tienen derecho a la defensa.