«La aprobación de la Ley de Ciudades Comunales es inminente», advierte el segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Comunas del Parlamento del 6 de diciembre, Angel Ocanto, de Avanzada Progresista.
La afirmación del diputado -de la oposición moderada- aclara versiones según las cuales la segunda discusión del instrumento legal en la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo había sido «frenada», producto de negociaciones entre el gobierno y la oposición para animar la participación del G4 en las elecciones regionales del 21 de noviembre.
«La aprobación de la ley es inminente porque ellos (el Partido Socialista Unido de Venezuela) tienen mayoría. Ese sector de la oposición lo único que logró con las negociaciones fue que le devolvieran la tarjeta de la MUD porque esa ley igual viene como camisa de fuerza para las gobernaciones y alcaldías», alertó el diputado a Efecto Cocuyo.
No precisa la fecha exacta de su aprobación en segunda discusión, la cual apenas va por el artículo 10 (de 61), lo que sí asegura es que antes o después de los comicios será sancionada. Se inclina más porque la ley vea luz una vez estén elegidos los nuevos gobernadores y alcaldes del país.
Aprobada en primera discusión
La Ley Orgánica de Ciudades Comunales fue aprobada en primera discusión el 13 de marzo de 2021, en sesión plenaria de la AN del 6Dic. Para entonces, el presidente de la Comisión de Comunas, Luis José Marcano, destacó que el instrumento legal va dirigido a concretar el proceso de transferencia de competencias del Poder Público nacional, estadal y municipal al poder popular, dándole rango legal a la creación de dichas figuras territoriales.
La mayoría del chavismo en la AN dice apoyarse en el artículo 5 de la Constitución, según el cual la soberanía reside en el pueblo (para el caso) organizado en miles de Consejos Comunales distribuidos en todo el país, los cuales, de acuerdo con Marcano, plantearon propuestas para el texto legal.
Durante el debate del 13 de abril, Ocanto planteó que se realizara un referendo consultivo para preguntarle a los venezolanos si estaban de acuerdo o no con vivir en ciudades comunales. No dejó de advertir que dichas figuras no están previstas en la Constitución y que fue una propuesta plasmada en la reforma a la Carta Magna que introdujo Hugo Chávez en 2007, rechazada por los electores.
Hasta 10 artículos
El 22 de junio se inició en el Palacio Legislativo la segunda discusión de la Ley de Ciudades Comunales, la cual solo llegó al artículo 10 de 61 que contiene el instrumento legal.
Marcano aseguró que en la consulta pública del instrumento jurídico participaron más de 3.500 comunas y más de 200.000 personas en 10.000 actividades presenciales y por internet en todo el país. De nuevo, Ocanto señaló que la consulta no fue suficiente ni inclusiva.
«No es verdad que la gran mayoría de los venezolanos demandan una transición al socialismo, las demandas del pueblo son otras. La ley es inconstitucional», fustigó.
Oposición califica como inconstitucional Ley de Ciudades Comunales al iniciarse segunda discusión
En el artículo 1 de la Ley se señala que tiene por objeto: “establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las Ciudades Comunales, como instancia territorial y política del sistema de agregación comunal”.
Se agrega que en dichos espacios los ciudadanos y ciudadanas fomentarán los valores necesarios para la “construcción del socialismo”, así como la consolidación de las instancias del Poder Popular “para el desarrollo integral de todo el sistema de gobierno en el ejercicio pleno de la democracia participativa
En el artículo 4, numeral 2, se ordena el desarrollo de mecanismos abiertos y flexibles para que el Poder Público desconcentre y transfiera a las Ciudades Comunales la gestión de los servicios públicos. Asimismo en el numeral 4, del artículo 4 se señala que los planes y proyectos de las Ciudades Comunales deben ceñirse al Plan de la Patria que también es ley.
El artículo 6 aprobado en segunda discusión contempla que las Ciudades Comunales son responsables de la administración de sus bienes y señala que sus recursos provienen del presupuesto público, la Ley de Transferencia de Competencias al Poder Popular, ingresos adicionales del país y una parte de los excedentes generados por empresas de propiedad comunal.
¿Fue frenada?
Desde el 22 de junio no se retoma la discusión de la ley en la AN del 6Dic. Ocanto señala que hay muchas leyes en cola y es el presidente del Parlamento quien aprueba la agenda de cada sesión. El plan legislativo para 2021 es de 35 textos legales y hasta el 5 de agosto se habían aprobado 29 en primera y segunda discusión.
Durante este tiempo el tema de las Ciudades Comunales pasó a segundo plano, hasta que el gobernante Nicolás Maduro lo puso de nuevo sobre el tapete al anunciar, el 20 de octubre, la creación de una ciudad comunal en el El Ávila.
“Una vez esté aprobada la Ley (de ciudades comunales), se fundará la primera Ciudad Comunal en el Waraira Repano, llamado a ser ejemplo de producción agrícola, turismo internacional y nacional, ejemplo de democracia interna”, dijo Maduro.
Activistas y diputados de 2015 alertaron sobre las graves consecuencias ambientales que la decisión podría traerle al parque nacional.
En la misma alocución oficial, Maduro aseguró que su gestión estaba lista para la creación de 309 ciudades comunales, ya visualizadas en todo el país, como formas de «agrupamiento» de 16.395 consejos comunales y 1.678 comunas. Entre las «visualizadas» está una ciudad comunal en la parroquia Petare del municipio Sucre.
canto no descarta que el anuncio de Maduro sea un recordatorio a la AN para que se «apure» con la sanción de la ley. Al mismo tiempo la califica como un elemento de «distracción» para «desestimular» la participación del elector opositor en las regionales.
«La mejor forma de frenar esta ley sería una participación masiva del pueblo venezolano en las elecciones regionales contra el Gobierno, pero si la gente no vota el chavismo terminará de apoderarse de todos los espacios y las instituciones», sostiene.
Lo que dicen los expertos
Abogados constitucionalistas como Juan Manuel Rafalli y Gustavo Manzo coinciden en que la Ley de Ciudades Comunales, junto a la Ley de Parlamento Comunal, crean un «Estado paralelo que no está previsto en la Constitución», al agregar una nueva división territorial con un sistema de gobierno y réplicas de los Poderes Públicos.
También se alerta que podría afectar los situados constitucionales de gobernaciones y alcaldías, por cuanto los límites de una ciudad comunal puede abarcar varios municipios o estados y se les deben ser transferidas ciertas competencias.
Otras figuras como el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, consideran esta ley «inviable» porque requiere de una gran cantidad de recursos que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene en estos momentos.
«No pueden eliminar las gobernaciones y alcaldías pero sí solapar sus funciones, generando más burocracia y caos en el país», agrega Ocanto.