A tres días del ataque estadounidense a una lancha en aguas internacionales del mar Caribe, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela escalan tras la denuncia del Pentágono sobre el sobrevuelo de dos cazas F-16 venezolanos cerca de un buque de guerra estadounidense.
El incidente, que se suma a la retórica beligerante de ambos gobiernos, ha generado reacciones encontradas y preocupaciones sobre un posible conflicto mayor en la región.
Lo que dicen en Washington
El pasado 2 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde la Casa Blanca un “ataque de precisión” contra una embarcación que, según afirmó, transportaba drogas desde Venezuela hacia territorio estadounidense. En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump aseguró que los 11 ocupantes de la lancha, a quienes identificó como miembros del Tren de Aragua, fueron abatidos, y advirtió: “Que esto sirva de notificación a cualquiera que piense en traer drogas a Estados Unidos. ¡Cuidado!”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la acción, al destacar que EEUU continuará combatiendo a los cárteles con “todo su poder”.
El Pentágono, por su parte, denunció el jueves 4 de septiembre que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham en el Caribe. Calificaron la maniobra como “provocadora” y “peligrosa”. En respuesta, EEUU desplegó 10 cazas F-35 a Puerto Rico, en una clara señal de reforzamiento militar en la región.
Del humo y la IA hasta las amenazas
Desde Caracas, el mandatario Nicolás Maduro rechazó categóricamente las acusaciones estadounidenses. Llamó al ataque a la lancha como una «masacre» o “ejecución extrajudicial” y denunció que el video difundido por Trump fue generado por inteligencia artificial.
“Es una mentira fabricada para justificar una agresión imperialista contra Venezuela”, afirmó Maduro en una conferencia de prensa. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, respaldó esta versión al señalar que el video presenta elementos propios de una animación simplificada en inteligencia artificial (IA); lo mismo que Diosdado Cabello, ministro del Interior, quien tildó la acción de «operación de falsa bandera».
Maduro también acusó a EEUU de buscar apoderarse de los recursos naturales venezolanos, en especial del petróleo, el gas y el oro, y anunció el despliegue de 15.000 soldados a la frontera, la activación de milicias y una solicitud de apoyo a la ONU que hasta ahora solo ha mostrado su preocupación por el aumento de las tensiones entre los dos países.
Alerta en ONG humanitarias
Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se pronunciaron ante el hecho, con llamados a respetar los derechos humanos.
Amnistía Internacional denunció que el ataque lanzado por Estados Unidos sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas en el mar Caribe «sienta un peligroso precedente» porque, con lo que se sabe de este incidente, existen «serias dudas» en cuanto a la legalidad y el respeto de los derechos humanos.
La organización se ha mostrado «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve «una clara violación del derecho a la vida».
«El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación«, subrayó la directora de Amnistía para Estados Unidos, Daphne Eviatar, en un comunicado.
Mientras, WOLA advirtió que los altos mandos político y militar responsables de la destrucción de la embarcación deben rendir cuentas ante el sistema de justicia de Estados Unidos, porque no está claro si las fuerzas militares norteamericanas desplegadas en el sur del Caribe intentaron contactar a esas personas del barco, lanzaron disparos de advertencia o trataron de desactivar el motor disparando a una parte del barco en la que no hubiera tripulantes.
“Si la evidencia muestra que el ejército de los Estados Unidos, aparentemente por orden del presidente Trump, se involucró en el uso ilegal de la fuerza que causó la muerte de 11 personas en aguas internacionales, los responsables, especialmente a nivel de mando político y militar, deben rendir cuentas en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos y bajo el Código Uniforme de Justicia Militar”, indicó WOLA en una publicación.