La Asamblea Nacional (AN) elegida el 6 de diciembre, inició el proceso para la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde la fracción de la oposición moderada en el Parlamento de 277 legisladores, se asegura que presionarán para que la renovación alcance a los Poderes Judicial y Ciudadano.
¨En el caso del TSJ es necesario, es obligante, muchos magistrados, más de diez, tienen el período vencido, otros están próximos a jubilarse y es competencia de la AN activar los mecanismos para renovar el TSJ total o parcialmente´´, señala el diputado Luis Romero de Avanzada Progresista (AP), a Efecto Cocuyo.
El dirigente político menciona además que la AN de mayoría chavista, debe proceder al nombramiento de un nuevo fiscal General de la República, el contralor General y el defensor del Pueblo. Estos funcionarios fueron designados entre 2017 y 2018 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), alegando el supuesto desacato del Parlamento de mayoría opositora de 2015.
Pero Romero sostiene que son competencias de la AN establecidas en la Constitución y que por mandato popular debe asumir el Poder Legislativo escogido en elecciones el pasado 6 de diciembre. Afirma además que es necesaria la ¨reingeniería¨ de la institucionalidad democrática del país.
“Señal positiva”
De acuerdo con la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates de la AN, se requieren dos tercios (185 legisladores de la AN de 277 diputados) para la elección y remoción de magistrados del TSJ, elección y remoción de miembros del Poder Ciudadano y elección y remoción de los rectores del CNE.
“Vamos a proponer un debate, que se hagan las consideraciones políticas y jurídicas para que se cumpla la ley, eso debería ocurrir este año, sería una señal positiva para el país, para la comunidad internacional”, sostiene el también secretario general nacional de AP.
Al contar con más de los dos tercios requeridos, la mayoría del Polo Patriótico (Psuv y aliados) con 256 diputados elegidos el 6Dic, aprobaría “holgadamente” estos nombramientos, recurriendo a la ¨aplanadora¨.
Pero Romero advierte que pese a ser minoría (20 legisladores), también presionarán para que estas renovaciones de Poderes Públicos, además de cumplir con los requisitos de ley, expresen la voluntad de cambio que el país reclama.
Guerra de designaciones
En diciembre de 2015 y al término de su período legislativo (2011-2015), la AN de mayoría chavista, presidida por Diosdado Cabello, designó a 13 nuevos magistrados principales y 21 suplentes. Faltaban apenas dos semanas para que asumiera el nuevo Parlamento de mayoría opositora.
En julio de 2017, la nueva AN presidida por Julio Borges, nombró a 33 nuevos magistrados, en un intento por enmendar lo ocurrido dos años antes. El TSJ en funciones declaró nulo el acto. La persecución judicial contra los designados obligó que se instalar en el exilio, específicamente en Colombia.
Según el artículo 38 de la Ley Orgánica del TSJ, los magistrados son elegidos para un período único de 12 años, por lo que a los seleccionados en el 2015, por ejemplo, les restaría la mitad del período en funciones.
En cuanto al Poder Ciudadano, pese a ser una competencia de la AN, Tarek William Saab fue designado por la ANC en agosto de 2017 como titular del Ministerio Público, en sustitución de la destituida, Luisa Ortega. La normativa legal establece que el período del fiscal es de siete años.
Asimismo, Elvis Amoroso y Alfredo Ruíz, fueron nombrados por la Constituyente en octubre y noviembre de 2018, respectivamente. El período estipulado para ambos cargos también es de siete años.
Ni la ANC en su momento ni la AN del 6Dic son reconocidas por gobiernos como el de Estados Unidos, España y organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) y en general por buena parte de la comunidad internacional que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino desde el 23 de enero de 2019.
Analistas políticos como Michael Penfold, han sostenido que luego del 5 de enero, cuando finalizó el período legislativo 2016-2021, hay un vacío institucional en Venezuela ante la inexistencia de Poderes Públicos legítimos, por cuanto ni la Comisión Delegada que preside Guaidó cumple con los requisitos constitucionales para mantenerse en funciones.