Retardos y otras irregularidades marcan el reinicio del juicio de apelación de Caguaripano

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo celebra este miércoles la audiencia oral y pública para revisar la condena de 30 años de prisión dictada el 19 de diciembre de 2025 contra el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Caguaripano Scott y otros 22 acusados por los hechos del asalto al Fuerte Paramacay en agosto de 2017.

El acto, fijado para las 11:00 a.m., enfrentó demoras y se reanudó alrededor de las 3:45 p.m., en un expediente que familiares, abogados, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos de oposición han calificado de plagado de irregularidades desde su origen.

Por ejemplo, parte de la demora fue porque uno de los involucrados, recluido en la cárcel de Yare, debía participar de forma telemática (igual que los otros militares detenidos en El Rodeo I). La audiencia entró en receso con el argumento de que “no había electricidad” en el penal mirandino, lo que impidió la conexión remota y generó una nueva dilación en el proceso.

#Venezuela: Carlos Azuaje reporta la llegada de los detenidos de la Causa #Paramacay encabezados por el Capitan Juan Carlos Caguaripano a los Tribunales de Carabobo. pic.twitter.com/DFqVGiwtRQ

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) August 26, 2026

Caguaripano, detenido el 11 de agosto de 2017, y sus compañeros fueron sentenciados a la pena máxima por delitos de rebelión y traición a la patria. Familiares y defensores denuncian que el proceso completo —desde la detención hasta la sentencia y la actual apelación— ha vulnerado el debido proceso, los lapsos legales y las garantías constitucionales.

Entre las principales irregularidades señaladas destacan:

Prisión preventiva excesiva: Más de ocho años sin sentencia definitiva, superando ampliamente los plazos máximos establecidos en la legislación venezolana. Diecisiete de los 23 condenados ya llevaban más de ocho años privados de libertad cuando se dictó el fallo.

Denuncias de torturas y tratos crueles: Familiares, abogados y organismos internacionales (incluida la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la CIDH, que otorgó medidas cautelares en 2018) documentaron graves lesiones al momento de la presentación judicial: golpes en rostro, costillas, piernas y genitales; descargas eléctricas; asfixia con bolsas; arrastre desnudo sobre piedras; y aislamiento prolongado en centros como “La Tumba” del Sebin, el Helicoide y Rodeo I.

El padre del militar, Juan Bautista Caguaripano, ha relatado públicamente estas secuelas físicas y emocionales. La esposa, Irene Olazo Mariné (exiliada en Costa Rica), ha insistido en que el caso se construyó sobre una “narrativa política” y ha exigido respeto al debido proceso.

Negación de la Ley de Amnistía: En febrero de 2026, el juez tercero de Primera Instancia de Carabobo rechazó el sobreseimiento solicitado bajo la normativa de amnistía, a pesar de que esta se aplicó a cientos de otros detenidos. Abogados y familiares calificaron la decisión de violación al principio de legalidad y de trato selectivo y discriminatorio contra militares.

Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal han denunciado que la sentencia de diciembre de 2025 se produjo “en medio de un proceso que desatendió todo el debido proceso”.

Políticos opositores, activistas y amigos del militar, como el ex preso político Carlos Azuaje, que se acercó al tribunal a la par de que fue asediado por agentes policiales, han exigido su liberación inmediata y la de los demás involucrados, argumentando que se trata de presos políticos y que la exclusión de los militares de las amnistías y liberaciones recientes evidencia un ensañamiento selectivo.

🚨 | Carlos Azuaje denuncia que funcionarios del SEBIN volvieron a perseguirlos y hostigarlos en los tribunales de Carabobo, mientras acompañaban a los familiares del capitán Juan Carlos Caguaripano. pic.twitter.com/I5GXbMZ9Oe

— Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) August 26, 2026

Caguaripano permanece recluido en El Rodeo I (estado Miranda). Su defensa busca la anulación o modificación de la condena. Familiares, encabezados por su padre (presente en las afueras del tribunal) y su esposa, reiteran: “No pedimos privilegios, sino que se cumpla la ley”.

La Corte de Apelaciones debe ahora analizar los recursos acumulados. El desenlace podría modificar la situación jurídica de los 23 acusados, en un caso que, según las denuncias, resume años de dilaciones, violaciones a derechos humanos y cuestionamientos a la imparcialidad del sistema judicial venezolano.

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