Denuncian muerte de ex preso político Jovanny González sin haber gozado libertad plena

La organización de derechos humanos Fundehullan Venezuela denunció este miércoles el fallecimiento de Jovanny González, ex preso político barinés, quien murió este 26 de agosto a consecuencia de un cáncer metastásico en fase avanzada. La ONG responsabilizó al Estado venezolano por haberle negado la amnistía y mantenerlo sometido a un régimen de citaciones judiciales a pesar de su crítico estado de salud.

González se encontraba en libertad bajo medidas cautelares de presentación periódica ante los tribunales. Según Fundehullan, el sistema de justicia y el Ministerio Público no adaptaron esas medidas a su realidad médica, lo que —en opinión de la organización— vulneró su derecho a la vida, a la salud y a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, de conformidad con la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal.

La ONG exigió el cese de regímenes de presentación obligatoria para personas con afecciones graves de salud y envió sus condolencias a la familia.

Desde @FundehullanVzla lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Jovanny González, ciudadano barinés detenido en 2017 . Hoy #26Ago partió tras la omisión del Estado venezolano, que le negó la amnistía y mantuvo el régimen de citaciones judiciales a pesar de su crítico… pic.twitter.com/P9KG1N4ZCF

— Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) August 26, 2026

Quién era Jovanny González

Jovanny González era asistente parlamentario del diputado (entonces al Consejo Legislativo del estado Barinas) Wilmer Azuaje. Ambos fueron detenidos de manera arbitraria el 2 de mayo de 2017 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Barinas, en el marco de las protestas antigubernamentales de ese año.

La entonces gobernadora encargada de Barinas, Zenaida Gallardo, los había señalado de promover hechos de violencia, incluyendo incendios en sedes de organismos públicos (como Hábitat y Vivienda y un depósito de Mercal). Tras ser trasladados al Helicoide en Caracas y posteriormente presentados en tribunales de Barinas, se les imputaron varios delitos: posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento y resistencia a la autoridad.

A González se le adicionó el porte ilícito de arma de fuego. En agosto de 2017 fueron enviados a la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros (Guárico).

Organizaciones de derechos humanos y opositores calificaron la detención como arbitraria y política. Azuaje, quien había denunciado en el pasado a la familia Chávez, permaneció privado de libertad por más de un año (con denuncias de malos tratos) antes de obtener medidas sustitutivas; luego se exilió. González también quedó bajo régimen de presentación y, según reportes recientes, enfrentaba dificultades para cumplir las citaciones debido a su enfermedad.

En las semanas previas a su muerte, Fundehullan y el propio Azuaje (quien se refirió a él como “mi hermano Giovanni”) habían solicitado de manera urgente medidas humanitarias y su inclusión prioritaria en procesos de amnistía, alertando sobre su dependencia de asistencia médica continua y su imposibilidad de acudir a los tribunales. Esas peticiones no prosperaron.

El caso se enmarca en las detenciones masivas ocurridas durante las protestas de 2017 en Venezuela, muchas de las cuales organizaciones de derechos humanos y foros internacionales han calificado de arbitrarias o politizadas.