Michael Penfold: Estatuto de Transición fue escrito para resolver continuidad de Guaidó y no para la AN

POLÍTICA · 30 DICIEMBRE, 2020 16:49

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Deisy Martínez │@deicamar


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Se aproxima el 5 de enero, día en el que según la Constitución nacional, corresponde la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN). Mientras desde el poder político que gobierna se hacen los preparativos para que el Parlamento electo el 6 de diciembre tome posesión en el Palacio Federal Legislativo, en el seno opositor persiste la confusión y serias críticas hacia la forma cómo la AN vigente, presidida por Juan Guaidó, declaró su continuidad.

Con el voto salvado de Acción Democrática, el 26 de diciembre, la AN en sesión extraordinaria aprobó la reforma del Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia, con el que se declara formalmente la “continuidad constitucional” y administrativa del poder Legislativo. La principal modificación gira en torno a que dicha continuidad será ejercida a través de la Comisión Delegada, en principio por un año. La realidad indica que podría ser de manera indefinida o hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres.

El experto en Políticas Públicas y Planificación Estratégica, Michael Penfold, es una de las voces críticas hacia la forma como la junta directiva de la actual AN, resolvió mantener en funciones más allá del 5 de enero al Parlamento. A su juicio, se está pensando más en la continuidad de la presidencia interina, dirigida por Guaidó, que en la permanencia del Legislativo como poder legítimo y la formalidad que para ello requiere.

“Difícil de defender”

“Lo que es difícil de defender de la reforma del Estatuto de Transición es la idea de que puedes delegar la soberanía de la AN en una Comisión Delegada que en el texto constitucional está claramente regulada, no solo en cuanto a sus funciones sino incluso está acotada temporalmente en cuanto a las fechas (receso parlamentario) en las que deja de sesionar la AN» advierte el analista político a Efecto Cocuyo.

El artículo 195 de la Carta Magna indica que durante el receso de la AN funcionará la Comisión Delegada integrada por el presidente o presidenta, los vicepresidentes o vicepresidentas y los presidentes o presidentas de las Comisiones Permanentes.

Mientras que el apartado 196 constitucional señala que son atribuciones de la Comisión Delegada: convocar a la AN a sesiones extraordinarias; autorizar al presidente de la República para salir del territorio nacional; autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar créditos adicionales y designar comisiones temporales integradas por miembros del Parlamento.

También, ejercer las funciones de investigación atribuidas a la AN; autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de urgencia comprobada y “las demás que establezcan esta Constitución y la ley”.

Señala el profesor del IESA, que dicha delegación plantea un dilema porque para funcionar, la AN que representa al Poder Público en su plenaria, requiere una junta directiva que debe designarse de acuerdo al artículo 194 constitucional, una vez se instale el Parlamento, pero en el texto del Estatuto, subraya, no se hace mención a esta formalidad. Es de suponer entonces, que la actual directiva que es parte de la Delegada, seguirá en funciones.

“Allí hay una gran confusión, o un problema que tiene que ser resuelto jurídicamente, pero políticamente y desde el punto de vista democrático, delegar la autoridad de la AN por un período de un año, en una Comisión Delegada sin controles democráticos y a través de un Consejo Político, que ni siquiera está establecido en la Constitución, es un punto central que debe resolverse”, enfatiza.

Más dudas

Considera Penfold que si el Gobierno interino quería extender su mandato porque no ha habido elecciones libres y justas en Venezuela para elegir un Parlamento y que la AN siguiera siendo reconocida internacionalmente, debieron guardarse las formas, incluyendo la demostración del quorum de diputados existente en la sesión extraordinaria, sobre lo cual, apunta, también hay dudas.

“Lo que ocurre es que el Estatuto de Transición se escribe pensando en cómo resolver el problema del Gobierno interino y no cómo resolver y hacer atractiva desde el punto de vista del poder que tiene la AN, que es su capacidad de legislar, de otorgar garantías de diseñar una oferta de transición que sea atractiva para todos los actores”, añade.

En su opinión, en lugar de perder el tiempo en discusiones interminables con el Gobierno interino, la oposición debió centrarse en aprobar desde la AN, el marco jurídico que detallara y blindara dicha oferta de transición.

“En el Estatuto se menciona que la Delegada va a trabajar en esas leyes, a mí me parece que no es la Delegada la que tiene que trabajar en eso sino la AN y eso debió estar ocurriendo hace rato y no está ocurriendo sino que se aprueba este Estatuto con este cambio que es realmente polémico”, dice.

¿Qué pasará con el reconocimiento internacional?

Consultado sobre si está en peligro el reconocimiento internacional hacia Guaidó como presidente interino y de la AN como poder legítimo, al considerarse que el 6D hubo un “fraude electoral”, Penfold estima que en líneas generales, el apoyo de los países, especialmente al Poder Legislativo electo en 2015, se mantendrá.

 “Evidentemente los países que están reconociendo a la AN tienen un dilema sobre qué hacer en torno al reconocimiento de la presidencia interina y hay algunos países en Europa que están dispuestos a reconocerla, pero hay otros que no están dispuestos a reconocerla formalmente, pero sí el liderazgo de Guaidó al frente del movimiento democratizador en Venezuela” sostiene.

Pero el consultor internacional insiste en que para que no hubiera dudas y facilitar el reconocimiento internacional tanto a la continuidad de la AN, como al interinato, debieron guardarse las formas con la aprobación del Estatuto de Transición.

Igualmente  sostiene que a partir del 5 de enero, dada la ilegitimidad de la AN con mayoría chavista que se instala el 5E y las dudas en torno a la validez de la  continuidad del Legislativo vigente, Venezuela iniciará 2021 sin ningún poder político con un origen claramente democrático, lo que podría derivar en una crisis de representación política. Esto, mientras se agrava la crisis social y económica del país.