Quién es el capitán Caguaripano, el “enemigo público” del chavismo al que la justicia le abrió una inédita apelación

El capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, uno de los presos políticos más reconocidos en el país, tiene este miércoles 26 de agosto su audiencia oral de apelación, después de que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo admitiera un recurso de impugnación de sentencia.

Caguaripano representa para el Estado venezolano una de las mayores amenazas internas, un símbolo de traición institucional y un enemigo del gobierno chavista. El militar, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, fue detenido el 11 de agosto de 2017, después de que se rebelara contra el gobierno de Nicolás Maduro y asaltara el Fuerte Paramacay.

El militar fue condenado el 19 de diciembre de 2025 a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela, y se le juzgó por los delitos de traición a la patria, sustracción de armas pertenecientes a la Fuerza Armada y rebelión militar, debido a su participación y liderazgo en el asalto al Fuerte Paramacay, un alzamiento conocido como “Operación David”, en agosto de 2017.

Polisucre capturó al capitán Juan Caguaripano y recuperó parte del armamento en La California

La detención de Caguaripano

El capitán de la Guardia Nacional Bolivariana en situación de retiro desde el año 2014 fue arrestado por funcionarios de la policía del municipio Sucre, al este de Caracas, el 11 de agosto de 2017, tras liderar la “Operación David”, un asalto militar a la sede de la 41.ª Brigada Blindada del Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, con el objetivo de sustraer armamento de guerra.

El arresto se materializó en la urbanización La Urbina, junto al primer teniente Jefferson García Dos Ramos. Tras su detención, organizaciones defensoras de derechos humanos y su representación legal denunciaron que permaneció en condición de desaparición forzada e incomunicación absoluta durante más de 40 días, iniciando un proceso signado por constantes diferimientos de audiencias y dilaciones procesales.

Tras la captura, el exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, fue quien realizó los primeros anuncios oficiales mediante la red social Twitter, ahora X. El militar, ahora ministro de Agricultura, calificó la captura como un golpe al terrorismo.

“Esta captura ha sido un duro golpe al terrorismo fascista que ha puesto en práctica la derecha venezolana en los últimos meses. Quien traicione a la Patria, quien haga armas contra la FANB y el Pueblo, recibirá un castigo ejemplarizante”, aseguró en 2017 el funcionario.

El video con el que se rebeló Caguaripano

El 6 de agosto de 2017, el capitán Caguaripano se atribuyó el asalto al Fuerte Paramacay y anunció la Operación David mediante un video difundido en redes sociales. En la grabación, donde estaba acompañado por más de una docena de uniformados desde la 41ª Brigada Blindada, el capitán se declaró en rebeldía.

“Bienvenidos a todos a Venezuela. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la Operación David Carabobo, desde la 41ª Brigada Blindada acantonada en Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero Ejército venezolano, forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres supervalientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía”, dijo el militar en situación de retiro.

En el audiovisual, Caguaripano precisó la naturaleza de la irrupción armada para desmarcarse de las acusaciones gubernamentales, asegurando que no se trataba de “un golpe de Estado”, sino de “una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún, para salvar al país de la destrucción total, detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares”.

El pronunciamiento de Caguaripano ocurrió en el punto más crítico de las protestas nacionales de 2017, un ciclo de movilizaciones ciudadanas de casi cuatro meses desencadenado tras las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojaron de sus competencias a la Asamblea Nacional.

Entre abril y julio de ese año, miles de venezolanos tomaron masivamente las calles exigiendo la restitución del hilo constitucional, el cronograma electoral y la apertura de un canal humanitario, obteniendo como respuesta gubernamental la activación del Plan Zamora y una gran represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y grupos armados irregulares. Para el momento en que se ejecutó el asalto al Fuerte Paramacay a principios de agosto, la crisis institucional se había agudizado con la imposición e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, dejando un saldo documentado por organismos de derechos humanos de más de 120 personas fallecidas, en su mayoría jóvenes manifestantes, miles de heridos y cientos de detenciones arbitrarias.

El presidio de Caguaripano

La prisión del capitán Caguaripano ha estado marcada por denuncias por la comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluso han sido documentadas por la ONU a través de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Su custodia ha transcurrido por los principales centros de reclusión cuestionados en el país por violaciones a los derechos fundamentales. Inicialmente, fue ingresado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, al este de Caracas, para luego ser trasladado a las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), permaneciendo durante años entre la sede de El Helicoide y el sótano conocido como “La Tumba” en Plaza Venezuela, con períodos prolongados de restricción de visitas e incomunicación tras los sucesos del atentado con drones en 2018.

Posteriormente, en abril de 2024, fue trasladado junto a otros procesados militares al módulo de máxima seguridad del centro penitenciario El Rodeo I, donde sus familiares y defensores continuaron alertando sobre el rigor del régimen de confinamiento.

Las denuncias sobre torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido documentadas de forma continua por la defensa de Caguaripano y por la Misión de la ONU. Los informes médicos forenses e investigaciones internacionales detallaron que el militar fue sometido a severos castigos físicos durante los interrogatorios, incluyendo golpizas, descargas eléctricas en zonas sensibles, asfixia y colgaduras.

Como consecuencia directa de las agresiones en custodia, la defensa de Caguaripano denunció que sufrió lesiones graves en la zona inguinal, la dislocación de un hombro y el desprendimiento de un testículo, sin recibir la atención quirúrgica especializada requerida de manera oportuna, sumado al aislamiento prolongado y la privación de luz solar.

Lo inédito de que se admita este recurso de apelación no es un detalle menor, ya que durante años, para el chavismo, el capitán Caguaripano fue el enemigo público número uno dentro de la FANB y, en la justicia dominada por afines al chavismo, las decisiones contra los procesados por motivos políticos quedaban escritas en piedra. Sin embargo, tras los acontecimientos del 3 de enero con el bombardeo y la salida de Nicolás Maduro del poder, la administración de justicia comenzó a registrar movimientos bajo una nueva realidad política.