El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia por medio de la cual José Bernabé Gutiérrez, presidente de la junta ad hoc del partido Acción Democrática (AD) desde el 15 de junio de 2020, mantendrá por un año más el control de la tarjeta electoral y por lo tanto, la potestad para inscribir candidaturas a las megaelecciones regionales del 21 de noviembre.
El fallo denunciado por el dirigente Henry Ramos Allup, el 22 de mayo, sienta un mal precedente con respecto a las expectativas, a partir del nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre devoluciones de tarjetas “confiscadas” a las legítimas autoridades de organizaciones políticas, producto de intervenciones del TSJ.
Judicialización en cadena
AD no ha sido la única organización afectada por las medidas judiciales de intervención de organizaciones políticas. Desde hace unos años se inició un camino de judicialización de los partidos en Venezuela que afectó la cantidad y calidad de la oferta electoral en comicios.
A continuación presentamos una lista de tarjetas electorales en manos de sectores acusados por dirigentes de los partidos afectados, de ser “colaboracionistas” del gobierno de Nicolás Maduro:
Acción Democrática (AD):
El 15 de junio de 2020 la Sala Constitucional del TSJ sentenció que Acción Democrática (AD) pasaba a manos de Bernabé Gutiérrez en la presidencia, en lugar de Isabel Carmona. Le dio pleno control de la tarjeta electoral. La autoridad del secretario general, Henry Ramos Allup, también quedó desplazada.
Este 22 de mayo, el TSJ sentenció que la tarjeta sigue en manos de Gutiérrez, quien podrá inscribir candidaturas a gobernadores, alcaldes, Consejos Legislativos y Concejos Municipales.
La tarjeta de AD postuló candidatos a las pasadas parlamentarias en alianza con Cambiemos de Timoteo Zambrano; El Cambio de Javier Bertucci; Avanzada Progresista de Henri Falcón y Copei de Miguel Salazar. La llamada “Alianza Democrática” se mantiene para las megaelecciones regionales.
Voluntad Popular (VP):
Desde el 7 de julio de 2020 la tarjeta de VP está en manos de los disidentes José Gregorio Noriega, en calidad de presidente del partido y Guillermo Luces como secretario nacional.
La tolda fundada por Leopoldo López fue habilitada el 21 de julio por el CNE para participar en las parlamentarias con las que postuló candidaturas junto a Venezuela Unida y Primero Venezuela de Luis Parra y José Brito.
La decisión revocó la inhabilitación ante el CNE impuesta a VP en diciembre de 2017, por no participar en la validación exprés de partidos convocada ese año por decreto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Bandera Roja (BR):
Por decisión del TSJ en 2015 el control sobre la tarjeta electoral de BR le fue arrebatado al secretario general del partido, Gabriel Puerta Aponte y pasó a manos de Pedro Véliz Acuña.
El 25 de agosto de 2020, el máximo juzgado habilitó a Véliz Acuña a postular candidaturas a las parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, pero la organización no participó.
Esto, en vista de que BR quedó inhabilitado en abril de 2017 ante el CNE por no pasar el proceso de validación de partidos impuesto por el TSJ en enero a las organizaciones que no postularon candidatos en las presidenciales de 2013 ni las parlamentarias de 2015 o las que se adhirieron a la tarjeta de la Unidad.
Puerta Aponte dijo a Efecto Cocuyo que pese a otorgar el “beneficio de la duda” a los cinco nuevos rectores principales del CNE, entre ellos dos de oposición, no espera que la tarjeta electoral de BR les sea devuelta a sus legítimas autoridades, por lo que están en conversaciones con otras organizaciones, mayormente regionales, para postular candidatos al 21 de noviembre, en caso de que la línea sea participar.
La tolda dirigida por Puerta Aponte forma parte de la plataforma unitaria opositora que apoya a Juan Guaidó y que aun evalúa si participa o no en las regionales.
Sin esperanza
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP):
La tolda fue intervenida en 2015 mediante sentencia del TSJ del 20 de julio, con la cual se removió a la dirección nacional y con ella al secretario general, Wilmer Nolasco.
El máximo tribunal nombró como presidente a Gilberto Jesús Jiménez Prieto, quien actualmente controla la tarjeta electoral ante el CNE y se mantiene como aliado del Partido Socialista Unido de Venezuela y dentro del Gran Polo Patriótico (GPP), coalición con la que se postularon candidaturas a las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
El grupo que encabeza Nolasco, al igual que el inhabilitado Redes, de Juan Barreto, postularon candidaturas el 6Dic con la tarjeta de Soluciones, partido de Claudio Fermín. Nolasco también dijo a Efecto Cocuyo que no abrigan esperanzas de que la situación sea corregida para el 21 de noviembre, por lo que buscarán alianzas, especialmente con partidos regionales y movimientos sociales.
Patria Para Todos (PPT):
La Sala Constitucional del TSJ sentenció el 21 de agosto de 2020 la intervención de Patria Para Todos (PPT). La decisión suspendió a la dirección nacional encabezada por el secretario general nacional, Rafael Uzcátegui, e impuso una junta ad hoc presidida por la actual diputada del 6Dic, Ilenia Medina, acompañada de las secretarias generales regionales, Lisett Sabino y Beatriz Barráez, como representantes legales del partido.
Sin tarjeta, el ala del PPT liderada por Uzcátegui postuló candidaturas en las parlamentarias de 2020, con la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV), en la llamada Alternativa Popular Revolucionaria (APR), que agrupa además a un sector del también intervenido Tupamaro.
Copei:
La tarjeta electoral de Copei está bajo el control del designado por el TSJ el 3 de diciembre de 2019 Miguel Salazar, como presidente de los socialcristianos, en sustitución de Mercedes Malavé. Malavé conformó otro partido Unión y Progreso, que postuló candidaturas con tarjeta propia en los comicios del pasado 6 de diciembre.
Copei de Salazar es parte de la Alianza Democrática de cinco partidos que postuló candidaturas al Parlamento en 2020 y que hará lo propio en las regionales 2021.
Mientras que el sector liderado por el secretario general Robert García pertenece a la plataforma unitaria opositora que apoya a Juan Guaidó.
Tupamaro
El partido Movimiento Tupamaro está intervenido desde el 18 de agosto de 2020. La Sala Constitucional del TSJ ordenó que el proceso de reestructuración interna fuera dirigido por Williams Benavides, aliado del gobierno de Maduro.
La medida se produjo justo después de que la tolda anunciara su disposición a acudir a las parlamentarias fuera del GPP y en alianza con el PCV y el PPT de Uzcátegui.
La tarjeta bajo el control de Benavides postuló candidatos a diputados dentro del GPP.
Nuvipa
El secretario nacional de organización del partido Nueva Visión para Mi País (Nuvipa), Paulo Méndez, denunció que el TSJ intervino a dicha tolda el 22 de agosto de 2020, para obligar la aparición de la tarjeta en la boleta electoral para el 6 de diciembre, a través del dirigente Humberto Padilla.
El ala de Nuvipa con Méndez al frente, también integra la plataforma unitaria opositora que acompaña a Guaidó.
En el limbo
Primero Justicia (PJ)
La tolda aurinegra fue intervenida también por el TSJ el 16 de junio de 2020, cuando le entregó el control del partido y la tarjeta electoral al disidente José Brito.
Pero la tarjeta no figuró en el tarjetón electrónico del 6 de diciembre porque antes, el 4 de septiembre, el TSJ revirtió la designación de Brito como coordinador nacional.
La ONG Acceso a la Justicia advirtió en su oportunidad que la sentencia 128 dejó en un limbo jurídico a los negriamarillos porque no especificó si pasaba de nuevo a sus legítimas autoridades, encabezadas por Julio Borges.
Entre junio y septiembre de 2020 también tuvo lugar una negociación entre el dirigente Henrique Capriles y el gobierno de Maduro, en la búsqueda de mayores garantías electorales para las parlamentarias que no arrojó mayores resultados.
Brito y Parra recurrieron a una nueva tarjeta bajo el nombre de Primero Venezuela con diseño y colores idénticos a la de PJ.
Tanto el vicepresidente del CNE Enrique Márquez como el rector principal, Roberto Picón, informaron hace más de una semana que las inhabilitaciones a partidos políticos ante el ente comicial serían revisadas.
Entre las organizaciones que hacen gestiones para ser legalizadas de cara al 6 de diciembre está Redes del exalcalde metropolitano de Caracas y antiguo dirigente del chavismo, Juan Barreto.
La organización quedó inhabilitada en 2017 al considerarse que no superó el proceso de validación de partidos convocado ese año. Desde Redes se aseguró que sí recogieron las firmas y que la medida era una retaliación política por sus críticas a la gestión madurista.
Picón dijo además que realizarían un exhorto a la Contraloría General de la República y al TSJ a fin de que inhabilitaciones políticas contra dirigentes fueran revisadas y en lo posible levantadas.