Tras la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa y diputada, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, a la gobernante encargada avalada por la Casa Blanca, Delcy Rodríguez, no le quedó otra opción que cooperar con la administración de Donald Trump.
Dicha cooperación se ha concentrado al inicio del plan de tres fases trazado por el Departamento de Estado de EEUU para Venezuela (estabilización, recuperación y transición) en el tema económico, fundamentalmente las áreas petrolera y minera.
A su vez, Washington garantizo su acceso a los recursos venezolanos, para lo cual el Departamento del Tesoro ha tenido que flexibilizar sanciones impuestas a la economía venezolana, durante el primer gobierno de Trump que desconoció a Maduro como presidente en 2019. Y se sigue avanzando.
Flexibilización gradual
“Es una cooperación muy centrada en el área económica y el objetivo estadounidense de recuperar su acceso prioritario a los recursos naturales venezolanos. En este sentido, los beneficios ya son mucho más tangibles y claros para el gobierno estadounidense, que no solo recupera ese acceso sino que además comienza a desplazar la influencia de otros actores como Rusia, Irán y en menor medida China”, evalúa el abogado experto de Derecho Internacional, Mariano de Alba.
Para Venezuela, señala De Alba, los beneficios son “potenciales” y “enormes», tras un desplome de la economía a partir del año 2014. También resalta las condiciones que impone Washington: licencias temporales y sujetas a revocatoria. Miraflores, advirtió, va a tener que avanzar en áreas totalmente abandonadas como la publicación de datos confiables y mucha mayor transparencia en el manejo de la economía.
“El enfoque de EEUU ha sido el adecuado. Es la flexibilización gradual de las sanciones en las áreas consideradas claves para la recuperación económica, como es el caso de las industrias extractivas, petróleo, gas y minería. Al mismo tiempo, se protegen los ingresos fiscales derivados de exportaciones en estas áreas, especialmente las petroleras, en el sentido de que estos ingresos fiscales quedan depositados en cuentas controladas por EEUU, lo que permite el mejor cumplimiento de las políticas hacia Venezuela”, es el balance del abogado experto en Derecho Administrativo, José Ignacio Hernández.
A continuación un resumen de la flexibilización de sanciones (más de una docena) a más de 100 días de Delcy Rodríguez en el poder:
Al petróleo
30 de enero. Con la aprobación en la Asamblea Nacional (AN) de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, desde EEUU se anunció flexibilización de sanciones (licencia general 46) a la extracción, comercialización y venta de petróleo por parte de Pdvsa y sus asociados.
Pero se impusieron condiciones: cualquier contrato está sometido a la jurisdicción estadounidense, los pagos se depositan en cuentas bajo control estadounidense, prohibición de cualquier tipo de transacción relacionada con Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte y restricciones sobre China. Asimismo, toda venta a un país que no sea EEUU deberá ser reportada previamente a Washington.
3 de febrero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EEUU emite la licencia 47, que autoriza la venta de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela para procesar crudo, lo cual facilita la comercialización.
La medida abarca la exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, entrega o transporte de diluyentes a Venezuela e incluye la autorización a servicios de transporte marítimo, logística, puerto y terminal.
10 de febrero. EEUU emite la licencia general 46A que autoriza ciertas transacciones que involucren a Pdvsa y cualquier entidad de su propiedad o controlada por la estatal petrolera y que son necesarias para la extracción, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega, transporte o refinación de crudo de origen venezolano.
La medida abarca los productos derivados del petróleo como gas natural, aceites sin refinar, gases licuados de petróleo, pentanos plus, gasolina de aviación, gasolina para motores, combustible para aviones tipo nafta, combustible para aviones tipo queroseno, queroseno, gasóleo destilado, gasóleo residual, materias primas petroquímicas, naftas especiales, lubricantes, ceras, coque de petróleo, asfalto, aceite para carreteras, entre otros. No incluye biocombustibles, metanol ni otros combustibles no derivados del petróleo.
Rápido aumento de ingresos
“Las flexibilizaciones más importantes son las que tienen que ver con el negocio petrolero por las oportunidades que abre y una posibilidad real y relativamente rápida de aumentar los ingresos del Estado, pero también la reanudación de relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Esto abre potencialmente la posibilidad de cuantiosos ingresos y ayuda internacional, pero va a requerir un compromiso de transparencia que no ha sido la práctica histórica reciente”, sostuvo De Alba.
Destacó que la flexibilización ha reabierto canales de pago, permitido mayor circulación de divisas, mejor conexión bancaria y mayor posibilidad de que los ingresos petroleros entren al sistema formal.
“Creo que eso podría ayudar a aliviar cuellos de botella para importaciones, pagos externos y generar más facilidades para la actividad empresarial. Pero en definitiva tampoco estamos en una normalización plena del sistema financiero venezolano, lo que va a tomar tiempo y más concesiones por parte del gobierno venezolano”, advirtió.
10 de febrero. La licencia general 30B vino a autorizar transacciones para las operaciones o el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela para la exportación o reexportación de diluyentes hacia el país.
Se exceptuan personas bloqueadas que no sean el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), a menos que se autoricen por separado.
En la misma fecha, EEUU autorizó la compra de gasolina, asfalto y fertilizantes de Venezuela con la licencia 46B, que abarca una amplia gama de productos refinados y derivados procesados en el país. Quedaron fuera el gas natural, gas natural licuado, biocombustibles y metanol. La licencia incluye todas las actividades necesarias para la ejecución de los contratos como la negociación técnica y logística y reparación de infraestructura necesaria para la carga y almacenamiento.
13 de febrero. Se emiten las licencias generales 49A y 50A. La primera autoriza la negociación y celebración de contratos contingentes para ciertas nuevas inversiones en operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela. La segunda, transacciones de BP, Chevron, Eni, Établissements Maurel & Prom SA, Repsol y Shell relacionadas con operaciones del sector de petróleo o gas.
Flexibilización con protección
13 de marzo. Se emite la La Licencia General No. 48A que autoriza el suministro desde EEUU o por una persona estadounidense de bienes, tecnología, software o servicios para la exploración, desarrollo o producción de petróleo, gas o productos petroquímicos en Venezuela, o para la generación, transmisión, almacenamiento o distribución de electricidad en Venezuela.
El documento no autoriza expresamente la formación de nuevas empresas para explorar o producir petróleo o gas; ni transacciones relacionadas con la exportación o reexportación de diluyentes, directa o indirectamente, a Venezuela.
18 de marzo. El Departamento del Tesoro de EEUU emitió una amplia autorización (licencia general 52) que permite a Pdvsa vender crudo y gas venezolano directamente a empresas norteamericanas (existentes antes del 29 de enero de 2025) y en los mercados mundiales.
El objetivo: incentivar nuevas inversiones en el sector energético de Venezuela para beneficiar a ambos países. Restricciones similares aplicaron: los pagos no pueden ir directamente a entidades venezolanas sancionadas, como Pdvsa, sino a cuentas especiales controladas por EEUU, prohibición con países mencionados y de transacciones relacionadas con la deuda o los bonos venezolanos.
Tampoco se permiten pagos en oro ni en criptomonedas, incluido el petro, creado por el gobierno de Maduro en 2018.
“La flexibilización más importante es la licencia general 52, que autoriza de manera amplia operaciones petroleras. Eso reduce notablemente, si es que no elimina completamente, las restricciones de índole legal que derivan de la regulación de sanciones económicas para el crecimiento de la industria petrolera, lo cual está ligado a la reforma de la ley de hidrocarburos, pues genera un entorno favorable”, es la opinión de Hernández.
Reiteró que EEUU mantiene el control de los ingresos de Venezuela, lo cual es muy importante y no ocurrió durante el gobierno de Joe Biden en el que también hubo flexibilización de sanciones pero ninguna medida para proteger o inmunizar el ingreso fiscal petrolero.
Al sector minero
6 de marzo. EEUU flexibiliza sanciones al sector minero (licencia general 51A) para autorizar transacciones incidentales y necesarias para la exportación, venta, suministro, almacenamiento, compra, entrega o transporte de oro venezolano con destino a suelo norteamericano.
También cubre el refinado de ese oro en territorio estadounidense y su posterior reventa o exportación desde el país. «Solo empresas establecidas en EE.UU. –definidas como entidades organizadas bajo leyes estadounidenses o de sus jurisdicciones antes del 29 de enero de 2025– acceden a esta autorización», dice el decreto.
La licencia excluye pagos no razonables comercialmente, trueques de deuda, pagos en especie, o denominados en moneda digital, moneda digital o tokens emitidos por o para el gobierno de Venezuela, incluido el petro. No autoriza desbloqueo de bienes bloqueados ni transacciones con buques bloqueados.
Los contratos con el gobierno, Minerven, o cualquier entidad en la que Minerven posea 50% o más de interés directo o indirecto deben estipular que las leyes de EEUU o de alguna jurisdicción estadounidense rijan el acuerdo. Minerven fue sancionada en 2019, señalada de sostener operaciones ilícitas de oro que apuntalaban al régimen de Maduro.
La medida se dio tras la visita (4 de marzo) del secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, para reunirse en Miraflores con Delcy Rodríguez. El alto funcionario norteamericano indicó que la administración de Donald Trump trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela y que los recursos estaban destinados a inversiones industriales.
28 de marzo. La licencia general 54 permite las actividades de suministro por parte de EEUU o sus ciudadanos de bienes, tecnología, software o servicios para la exploración, desarrollo, minería, extracción, procesamiento, refinación o producción de minerales, incluido el oro, en Venezuela.
Complementa la licencia general 55 que autoriza la negociación y celebración de contratos contingentes para nuevas inversiones en el sector minero, incluido el sector aurífero, así como la expansión de las ya existentes o nuevas actividades de exploración, desarrollo, minería, extracción, procesamiento, refinación o producción en el sector minero.
El 9 de abril, la AN sancionó la Ley Orgánica de Minas como parte de la cooperación económica con Washington.
Al BCV
14 de abril. La medida más reciente y una de las más significativas es la flexibilización de sanciones (licencia 57) contra el Banco Central de Venezuela (BCV).
Economistas como José Guerra han destacado que el BCV podrá en lo adelante importar dólares en efectivo producto de la venta del petróleo y minerales, lo cual es muy importante para controlar el mercado cambiario en Venezuela, donde la devaluación del bolívar ocurre a diario.
A pesar del levantamiento parcial de las sanciones, principalmente en el área petrolera, el dinero producto de las transacciones permanecía bloqueado por lo que el ente emisor seguía sin acceso a los recursos.
“La licencia al BCV es el primer paso para reinsertar al Banco Central en la comunidad financiera de EEUU e internacional, lo cual puede ser un paso positivo para aligerar la transferencia de divisas de las cuentas bajo control de EEUU a las del BCV y allí a través del mercado cambiario venezolano. Así que diría que el balance hasta ahora es positivo”, agregó el abogado Hernández.
El Departamento del Tesoro también incluyó en la licencia 57 de la Ofac a los estatales Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores (antiguo Banco Bicentenario) y Banco del Tesoro, a los cuales Washington autoriza transacciones y servicios financieros (apertura de cuentas bancarias, préstamos, transferencias de fondos, remesas o cambio de divisas, entre otras operaciones).
¿Camino al levantamiento total?
“No se puede hablar de levantamiento de sanciones. Las sanciones se levantan cuando se deroguen las órdenes ejecutivas en las cuales se fundamenta la regulación de las sanciones, como es el caso de las órdenes 13.857 y 13.884. Lo que cabe esperar es un proceso gradual de flexibilización a través de licencias generales o individuales y estará atada al cumplimiento de los objetivos de política que EEUU tiene hacia Venezuela, relacionados con la estabilidad política, la recuperación económica y la transición hacia un gobierno de elección popular”, respondió Hernández.
De Alba considera probable una mayor flexibilización de sanciones y restricciones internacionales que ha enfrentado la economía venezolana en los últimos nueve años, algo en lo que ha insistido Miraflores con el objetivo de un levantamiento total. Lo que no es probable, señalan ambos abogados, es que eso ocurra antes de un cambio democratico en el país, por la vía de las elecciones.
“Creo que es difícil que veamos un levantamiento total antes de unas elecciones, pero incluso después, si, por ejemplo, nos atenemos a que hay sanciones a funcionarios (solo se excluyó a Delcy Rodríguez de la lista de sancionados) y algunos bienes que veo difícil que se levanten. Lo que sí es posible es que antes de las elecciones veamos un levantamiento (flexibilización) muy amplio de sanciones que siguen complicando la recuperación de la economía del país”, dijo De Alba.
Hernández añadió que no son solo las sanciones que impuso EEUU a Venezuela las que impiden al país interactuar, sino el riesgo país que tiene que ver con la valoración que se tiene sobre la economía de Venezuela, el incumplimiento de compromisos financieros y decisiones de instituciones de no trabajar con Venezuela, entre otras.
“Las consecuencias asociadas al riesgo país van a seguir incluso después que formalmente se levanten las sanciones. Más allá de levantar las medidas, el gran reto es cómo Venezuela mejora el riesgo país, tiene que ver con gobernanza, estándares sociales, ambientales, calidad de estado de derecho, percepción de la corrupción; ese es el trabajo complicado. Lo ideal es aprovechar el espacio abierto con las flexibilizaciones para implementar mejoras sustantivas en los estándares porque si no el pais seguirá enfrentándose a limitaciones”, agregó.
Recordó que continúan además congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares (unos 1.690 millones de euros) depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de Pdvsa en EEUU. Inglaterra no ha impuesto ninguna sanción a Venezuela, pero ha evaluado la legitimidad del sistema de gobierno.