La Comisión Delegada Legislativa de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 debatió la situación generada en el estado Apure, producto de enfrentamientos entre militares venezolanos y disidentes de la guerrilla colombiana. Diputados advirtieron que la zona fronteriza con el vecino país se ha convertido en “zona de guerra“.
Esto a raíz “del albergue brindado por la administración de Nicolás Maduro a grupos irregulares” en territorio venezolano. También alertaron sobre crímenes como el asesinato y el uso indiscriminado de las armas de la República contra la población civil en la entidad llanera.
La sesión vía Zoom, fue presidida por el primer vicepresidente de la Delegada, Juan Pablo Guanipa, ante la ausencia de Juan Guaidó, quien está de reposo y en condición de aislamiento por padecer COVID-19.
Denuncias
“Recibimos denuncias, como consecuencia del uso indiscriminado de armas de fuego contra una población desarmada, sobre el asesinato de una familia completa de campesinos. Son más de 30 testimonios remitidos a organismos internacionales como la oficina de alta comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet”, expuso la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la AN de 2015, Delsa Solórzano.
Dijo que otros organismos también han sido notificados sobre lo ocurrido a la familia Ramírez Remolina, víctima de “ejecución extrajudicial”, de acuerdo con las denuncias, en la zona de El Ripial.
Solórzano recalcó que estos hechos podría configurar el delito de asesinato contemplado en el artículo 7 sobre Crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Por esta razón, señaló, se hacen investigaciones independientes sobre los hechos en Apure, que incluirán experticias legales correspondientes, distinta a las que adelanta el Ministerio Público venezolano. Indicó que los cuerpos de los integrantes de la familia Ramírez -Remolina, de nacionalidad colombo venezolana, fueron trasladados al vecino país y luego sepultados, tras un largo proceso para la entrega de los cadáveres.
Piden ayuda a la ONU
La familia asesinada estaba integrada por Luz Dey Remolina (ama de casa), Jeferson Uriel Ramírez (estudiante de 17 años), Emilio Ramírez (agricultor) y Ehiner Yafran Anzola Villamizar (cuñado de Luz Dey), quienes aparecieron muertos en El Ripial luego de un procedimiento presuntamente realizado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Testigos aseguran que fueron acusados de guerrilleros antes de matarlos.
Los legisladores de 2015 calcularon entre 4.500 y 4.700 las personas que se han desplazado de manera forzosa hacia el municipio Arauquita de Colombia, desde el domingo 21 de marzo, cuando iniciaron los enfrentamientos. El diputado Luis Lippa habló de 15 albergues y 30 casas de refugio habilitados en dicho municipio fronterizo para atender a quienes buscan resguardar su vida.
“Exigimos que se garanticen las condiciones para que puedan volver, que se permita la presencia del Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la seguridad de la población civil, su regreso y sus derechos humanos”, dijo Lippa.
Alertan sobre minas antipersonales
El diputado Williams Dávila también denunció asesinatos y detenciones arbitrarias a campesinos en Apure, además de “saqueos” a viviendas y establecimientos comerciales por parte de las Faes.
Pero mencionó especialmente la detección de minas antipersonales sembradas por la guerrilla que ya ocasionaron la muerte de un soldado venezolano y al menos dos heridos. Alertó que la presencia de este tipo de armamento viola la Convención de Otawa sobre la prohibición de su uso.
“Hemos contado 110 trochas o pasos ilegales en Apure, sumadas a 250 en Táchira y 180 en el Zulia, son cerca de 540 pasos ilegales que son fuente de financiamiento de irregulares, autoridades civiles y militares, policías. Por allí pasan droga, mercancía, son fuente de financiamiento de este régimen, para mantener la estructura de poder y son además zonas de exterminio y detención permanente”, dijo.
Los parlamentarios rechazaron las acusaciones de la administración de Maduro contra el gobierno de Colombia, al que acusa de montar un falso positivo en Apure. Expresaron que Colombia no quiere ganar desplazados y le expresaron agradecimiento por la atención brindada en los albergues y refugios.