El fallecimiento de un oficial superior de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), producto de una mina antipersonal en Apure y las heridas causadas a dos sargentos, el 21 de marzo, alertó sobre la presencia de este tipo de armas en Venezuela.
La muerte se produjo durante los enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en la entidad llanera.
La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien denunció el hallazgo de las minas antipersonales, el domingo 21 de marzo, señaló que luego de más de 20 años, Venezuela deja de ser un país libre de minas antipersonales.
Recalcó que ello contraviene la Convención de Otawa suscrito por el país que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción, transferencia y ordena la destrucción de este tipo de armas.
«Las minas antipersonales son uno de los sistemas de armas más crueles que existen en cualquier conflicto armado. Venezuela es parte de la Convención de Otawa y está obligada a mantener el país libre de estas minas» advirtió.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, la experta en temas militares aclaró que se trata de dos hallazgos de minas antipersonales, de los que se tiene noticia de forma reciente. Uno en el estado Apure, municipio José Antonio Páez y otro en el municipio Jesús María Semprun del estado Zulia que según la ONG Fundaredes, data de 2018.
«Es un área operativa de la guerrilla cercana a un poblado, podemos suponer por el desarrollo de los hechos, que esas minas pudieron ser sembradas en el último año, pero es difícil determinar cuanto tiempo tienen, igual puede ser una semana o un mes, pero lo importante es que ello ha ocurrido con efectos perversos sobre la población civil y la Fanb», dijo San Miguel al referirse al descubrimiento de las minas en Apure.
Indicó que posterior al año 2000 hubo dos casos de soldados venezolanos afectados por minas antipersonales en el país. El 27 de mayo de 2013 Venezuela informó al Comité Permanente de Desminado de la Convención de Otawa que se habían destruido 1.073 minas antipersonales con recursos propios, las cuales se encontraban en trece campos minados en las periferias de seis puestos navales.
Para la experta, el hecho de que en el primer comunicado de la Fanb sobre los sucesos en la entidad llanera del 21 de marzo, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, no reconociera la presencia de las minas pero que luego lo confirmara, es un signo de atención.
El militar incluso habló de solicitar ayuda a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para liberar de nuevo al territorio nacional de la presencia de las minas antipersonales.
«La denuncia sirve para creer que hay rectificación del ministro de solicitar ayuda a la ONU, pero plantea preocupación porque cuando se habla de ayuda es porque la presencia de minas antipersonales es alarmante, que hay preocupación en la Fanb, porque si bien es una zona despoblada donde se detectaron (Apure) igual pone en riesgo la vida de civiles», subraya.
El parte ofrecido por Padrino sobre los enfrentamientos dio cuenta de 32 capturados, seis campamentos destruidos, dos oficiales fallecidos (mayor del ejército Edward Corobo Segovia y el primer teniente Yonathan Duarte. San Miguel cuestionó que el comunicado omitiera la palabra “guerrilla” y solo se limitara a señalar a grupos delincuenciales.
San Miguel explicó que, previo a un acuerdo con Venezuela, la ONU envía una comisión técnica para hacer un mapeo de ubicación de las minas antipersonales con la colaboración de las partes, incluida la población civil. Luego las detectan gracias al uso de recursos como perros entrenados y se procede al desminado, lo cual señala, puede ser un proceso largo en el tiempo.
Agregó que la Convención permite que los países, en este caso Venezuela, haga uso de las minas con fines de entrenamiento en la Fanb e investigación, pero prohíbe su siembra en el territorio nacional, algo en lo que, denuncia ha incurrido la guerrilla.
«La guerrilla colombiana ha entrado y salido del territorio en los últimos 50 años. ¿Qué hay de diferente en dos años? La voluntad expresa de la guerrilla de establecerse en Venezuela de forma permanente, de hacer operaciones y lo más grave que tenemos es que se ha generado una triangulación de combates, economías ilegales, confrontación de las Farc contra la Fanb porque esta mantiene una posición de neutralidad con el ELN», explicó.
Le suma el hecho de que la guerrilla colombiana estaría reclutando población civil y milicianos.
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El fallecimiento de un oficial superior de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), producto de una mina antipersonal en Apure y las heridas causadas a dos sargentos, el 21 de marzo, alertó sobre la presencia de este tipo de armas en Venezuela.
La muerte se produjo durante los enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en la entidad llanera.
La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien denunció el hallazgo de las minas antipersonales, el domingo 21 de marzo, señaló que luego de más de 20 años, Venezuela deja de ser un país libre de minas antipersonales.
Recalcó que ello contraviene la Convención de Otawa suscrito por el país que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción, transferencia y ordena la destrucción de este tipo de armas.
«Las minas antipersonales son uno de los sistemas de armas más crueles que existen en cualquier conflicto armado. Venezuela es parte de la Convención de Otawa y está obligada a mantener el país libre de estas minas» advirtió.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, la experta en temas militares aclaró que se trata de dos hallazgos de minas antipersonales, de los que se tiene noticia de forma reciente. Uno en el estado Apure, municipio José Antonio Páez y otro en el municipio Jesús María Semprun del estado Zulia que según la ONG Fundaredes, data de 2018.
«Es un área operativa de la guerrilla cercana a un poblado, podemos suponer por el desarrollo de los hechos, que esas minas pudieron ser sembradas en el último año, pero es difícil determinar cuanto tiempo tienen, igual puede ser una semana o un mes, pero lo importante es que ello ha ocurrido con efectos perversos sobre la población civil y la Fanb», dijo San Miguel al referirse al descubrimiento de las minas en Apure.
Indicó que posterior al año 2000 hubo dos casos de soldados venezolanos afectados por minas antipersonales en el país. El 27 de mayo de 2013 Venezuela informó al Comité Permanente de Desminado de la Convención de Otawa que se habían destruido 1.073 minas antipersonales con recursos propios, las cuales se encontraban en trece campos minados en las periferias de seis puestos navales.
Para la experta, el hecho de que en el primer comunicado de la Fanb sobre los sucesos en la entidad llanera del 21 de marzo, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, no reconociera la presencia de las minas pero que luego lo confirmara, es un signo de atención.
El militar incluso habló de solicitar ayuda a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para liberar de nuevo al territorio nacional de la presencia de las minas antipersonales.
«La denuncia sirve para creer que hay rectificación del ministro de solicitar ayuda a la ONU, pero plantea preocupación porque cuando se habla de ayuda es porque la presencia de minas antipersonales es alarmante, que hay preocupación en la Fanb, porque si bien es una zona despoblada donde se detectaron (Apure) igual pone en riesgo la vida de civiles», subraya.
El parte ofrecido por Padrino sobre los enfrentamientos dio cuenta de 32 capturados, seis campamentos destruidos, dos oficiales fallecidos (mayor del ejército Edward Corobo Segovia y el primer teniente Yonathan Duarte. San Miguel cuestionó que el comunicado omitiera la palabra “guerrilla” y solo se limitara a señalar a grupos delincuenciales.
San Miguel explicó que, previo a un acuerdo con Venezuela, la ONU envía una comisión técnica para hacer un mapeo de ubicación de las minas antipersonales con la colaboración de las partes, incluida la población civil. Luego las detectan gracias al uso de recursos como perros entrenados y se procede al desminado, lo cual señala, puede ser un proceso largo en el tiempo.
Agregó que la Convención permite que los países, en este caso Venezuela, haga uso de las minas con fines de entrenamiento en la Fanb e investigación, pero prohíbe su siembra en el territorio nacional, algo en lo que, denuncia ha incurrido la guerrilla.
«La guerrilla colombiana ha entrado y salido del territorio en los últimos 50 años. ¿Qué hay de diferente en dos años? La voluntad expresa de la guerrilla de establecerse en Venezuela de forma permanente, de hacer operaciones y lo más grave que tenemos es que se ha generado una triangulación de combates, economías ilegales, confrontación de las Farc contra la Fanb porque esta mantiene una posición de neutralidad con el ELN», explicó.
Le suma el hecho de que la guerrilla colombiana estaría reclutando población civil y milicianos.