Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre pidió al mandatario Nicolás Maduro declarar como “persona non grata” y expulsar del país la embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa.
En un acuerdo que se aprobó al término de la sesión de este 23 de febrero, la mayoría chavista del Parlamento, respondió a las más recientes sanciones de la UE, después de que este lunes emitió medidas contra 19 funcionarios venezolanos, entre ellos tres rectores del CNE, seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cinco militares y dos policías con altos cargos en Venezuela.
En el texto se exhorta a Maduro a proceder a declarar “persona non grata” a Brilhante Pedrosa, pero también se solicita la revisión de las condiciones para la existencia de una oficina de la UE en Caracas y pedir su expulsión del territorio nacional.
Textualmente el acuerdo aprobada señala “solicitar al Ejecutivo nacional, encabezado por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, para que en uso de sus atribuciones establecidas en el art. 236.4 de la Constitución, proceda a la ejecución de esta declaración, así como al establecimiento de los mecanismos diplomáticos tendientes a concretar la expulsión de la citada funcionaria del territorio nacional”.
El bloque comunitario europeo dio a conocer este 22 de febrero, nuevas medidas restrictivas contra tres rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cinco militares, dos diputados de la AN con mayoría Psuv, dos policías y un gobernador. Esto por contribuir con el socavamiento de la democracia en Venezuela.
“No nos puede sorprender que la UE, burlona del derecho internacional, declare sanciones contra Venezuela”, dijo la legisladora Ilenia Medina, quien fue la encargada de proponer y leer el acuerdo.
La misma agenda
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, intervino para asegurar que las sanciones forman parte de la misma “agenda conspirativa” contra Venezuela. También reiteró sus denuncias sobre la reunión en Bogotá, Colombia, de esta semana, entre el embajador de EEUU para Venezuela, James Story y opositores venezolanos como Leopoldo López.
“Señora secretaria mande la lista de 277 diputados y mándesela a (representante de la UE para Asuntos Exteriores) Josep Borrell para que nos sancionen a todos, sería un honor”, gritó.
Aseguró que quienes defienden la democracia reciben “medidas coercitivas” mientras que los que planifican atentados contra las instituciones en Venezuela son apoyados y acogidos por Europa. Acusó a Borrell y a EEUU de amenazar a opositores para que no participaran en las parlamentarias del 6 de diciembre.
“Mis dos manos levanto para que se declare persona no grata a la jefa de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela”, dijo para cerrar la discusión.
En 2020, la jefa de la Delegación de la UE fue declarada persona no grata y expulsada por el gobierno de Nicolás Maduro luego de que el organismo sancionara a 11 funcionarios, entre ellos el diputado Luis Parra, el contralor Elvis Amoroso y el magistrado del TSJ, Juan José Mendoza. A la fecha la UE lleva 55 funcionarios de los poderes públicos en Venezuela sancionados.
Hablaron los sancionados
El diputado Bernabé Gutiérrez, uno de los 19 sancionados por la UE, reiteró que las sanciones buscan apartar a la “oposición democrática” del camino electoral.
Tildó de “hamponato” al grupo de dirigentes políticos, encabezados por Guaidó, que solicitan las medidas restrictivas en el exterior.
“Hay una Delegada írrita con un presidente que no existe, esa AN que fue electa en 2015 murió cuando instalamos esta. Ellos juegan picando el ojo, diciendo que defienden la ruta electoral, pero por otra conspiran para destruir las instituciones en Venezuela y piden sanciones, deberían pedirle perdón al pueblo venezolano”, fustigó.
Otro de los sancionados, José Brito, también habló desde la tribuna de oradores para gritar a viva voz que los “ladrones” son otros y sostuvo que son “los que saquean los recursos de la República en el exterior”. Afirmó que las sanciones no son contra ellas sino contra el país y ello constituye violaciones de derechos humanos.
Anunció que este miércoles recibirán, en la Comisión especial que investiga a los diputados de 2015, a un grupo de padres de niños que no han podido recibir trasplante de órganos porque el Estado venezolano carece de recursos, debido al “bloqueo”.
“Yo no fui sancionado por haber robado Monómeros, ni a Citgo, por haberme robado los reales de la ayuda humanitaria con la excusa de un concierto”, denunció.
Alertó que quien no se sume a los designios de Leopoldo López y su padre Leopoldo López Gil, podría ser objeto de medidas restrictivas pronto. Asegura que eso incluye a todos los que están dispuestos a participar en las elecciones regionales de este año.
“Batalla de los puentes”
Otro acuerdo aprobado como parte del orden del día, fue uno en “conmemoración de los dos años de la batalla de los puentes”, en alusión al intento de ingreso de ayuda humanitaria por los puntos fronterizos con Colombia, del 23 de febrero de 2019.
La jornada de ese día dejó decenas de civiles heridos producto de la represión de organismos como la Guardia Nacional (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Los diputados reiteraron que la intención no era ingresar medicinas, alimentos ni insumos sino invadir Venezuela y que la “unión cívica militar” logró derrotar dichas pretensiones. Estaba previsto que el jefe de fracción del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, abriera el debate con un discurso, pero no asistió al hemiciclo.
“Primero colocamos una bandera venezolana en el Palacio de Nariño antes que ustedes toquen el territorio venezolano”, amenazó el diputado Hugbel Roa, dirigiéndose al presidente de Colombia, Iván Duque.