Una evaluación médica constató que Salvador Franco estaba delicado de salud. Un tribunal de la República emitió el 21 de noviembre la orden para trasladarlo de la cárcel del Rodeo II a un hospital. El indígena pemón falleció el pasado 3 de enero sin recibir la asistencia que requería.
Su autopsia reveló que murió por complicaciones asociadas a tuberculosis y un cuadro de desnutrición, declararon sus abogados del Foro Penal. Desde el 23 de diciembre su defensa y familiares denunciaban en redes sociales y medios de comunicación que se encontraba grave.
El indígena pertenecía al grupo de los 13 pemones detenidos a finales de 2019 tras ser señalado de participar en el asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar.
Las condiciones que rodean su muerte evidencian una violación a los derechos humanos, sentenció el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
Consideró que los funcionarios responsables deberían ser imputados por homicidio e incluso mencionó que se podría considerar el homicidio doloso debido a que se conocía cuál era la gravedad de su condición, el riesgo que corría su vida y aún así no de actuó para garantizar su derecho a la salud.
Complicidad y silencio
El abogado condenó el silencio por parte del Ministerio Público y aseguró que si no abren una investigación sobre el caso se estará ante “una complicidad por parte de la Fiscalía“. Agregó que inacción “pone de manifiesto que en Venezuela no se persigue la violación de DD. HH.”.
Planteó que la justicia debería castigar no solo a los custodios de Franco sino que deben imputar a sus supervisores. Indicó que particularmente cuando se trata de presos políticos, este tipo de vejaciones involucran a la cadena de mando.
“Es como en el caso de la tortura, tiene 500 casos de tortura, la responsabilidad no es solo del torturador inmediato sino de todos los que permitieron que ocurrieran estos crímenes”, dijo Daniels.
Hasta el momento de esta publicación ni el Ministerio para el Servicio Penitenciario ni el Ministerio para los Pueblos Indígenas se han pronunciado sobre este hecho, como tampoco la Defensoría del Pueblo.
Actitud contradictoria
Daniels expresó que aunque el el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quiera mostrar que lucha contra la violación de DD. HH. —a través de acciones como la reactivación de las investigaciones en los casos del Capitán Acosta Arévalo y el diputado Fernando Albán—, la muerte de Franco “pone en evidencia que la maquinaria de represión del gobierno tiene conductas difíciles de eliminar si no hay una verdadera voluntad”.
El director de Acceso a la Justicia contrastó la preocupación de la administración de Nicolás Maduro por la detención del empresario Alex Saab, acusado de hechos de corrupción, con el poco interés que muestran de mejorar las condiciones carcelarias del país.
También se preguntó con qué moral el gobierno le existe al gobierno de Cabo Verde cumplir con la orden de detención domiciliaria para Saab emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), cuando en Venezuela no se han atendido las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) asociado a la situación penitenciaria.
El abogado lamentó una vez más la muerte de Franco e insistió en que nunca debió estar tras las rejas. Añadió que desde un primer momento su traslado de Bolívar a Caracas era un obstáculo “porque todos saben que los presos depende de la alimentación y tratamientos que puedan suministrarles sus familiares”.
Solicitud de investigación
Este lunes 6 de enero la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH pidió una investigación “rápida e independiente” al gobierno venezolano sobre la muerte en custodia de Salvador Franco.
Reiteraron el llamado a que se adopten todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los detenidos, incluido el acceso de la salud.
Instituciones religiosas exigen investigar a responsables de la muerte del pemón Salvador Franco
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) también solicitó que se investigue el caso el pasado 4 de enero “con un enfoque interseccional” debido a que Franco pertenecía al pueblo pemón. Reiteraron que el Estado debe proteger los derechos de todos sus ciudadanos, incluyendo aquellos privados de libertad.