Al menos 18 instituciones religiosas, entre ellas la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitieron un comunicado donde exigen que se juzgue a los responsable de la muerte del preso político de la etnia indígena Pemón Salvador Franco.
“Que los poderes públicos competentes asuman su corresponsabilidad por acción u omisión en este injusto crimen”, exigen las organizaciones.
Franco es el octavo preso político en morir bajo custodia del Estado venezolano; falleció el pasado 3 de enero, por una serie de complicaciones relacionadas a la tuberculosis y un cuadro de desnutrición, según reveló el informe forense.
“Nos pronunciamos dolidos e indignados, ante la muerte de nuestro hermano indígena Pemón, Salvador Franco, preso político del Ejecutivo Nacional, quien falleció después de un largo período de agonía, en el cual los funcionarios responsables le negaron el acceso a la salud”, se lee en la misiva.
Franco era uno de los 13 pemones detenidos a finales de 2019 tras ser señalado de participar en el asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar. Posteriormente fueron acusados de “terrorismo”, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y enviados a juicio.
“Nos solidarizamos con la comunidad Pemón y las familias de los 13 privados de libertad, especialmente con las mujeres quienes, como María Santísima, con el corazón traspasado por la espada de la injusticia, no se han despegado de la cruz: dignas y enteras luchando por la vida”, expresan las organizaciones.
De igual manera las organizaciones exigieron que se les realice un chequeo médico de base a los 12 indígenas pemones detenidos para constatar su estado de salud y poder dar la asistencia médica adecuada y oportuna.
Piden a las autoridades venezolanas agilizar el juicio correspondiente garantizando a los 12 indígenas y que se cumpla el debido proceso, un trato digno y, cuanto antes, sean retornados a sus comunidades de origen.
Las organizaciones señalan que los abogados del Foro Penal y Amnistía Internacional, han indicado que los indígenas, “una vez detenidos”, fueron sometidos a cincuenta días de incomunicación y aislamiento. De igual modo, han denunciado torturas y malos tratos a lo largo del proceso de encarcelamiento.
Para las organizaciones religiosas, con estos hechos, el Estado Venezolano, ha violado el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
En el documento expresan se ha violado el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señalan que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Igualmente en el comunicado exigen que se realice una investigación exhaustiva y objetiva que lleve a determinar quiénes son los auténticos responsables de los hechos acaecidos en diciembre de 2019, donde un grupo de personas asaltaron un comando militar en el estado Bolívar.
“Coincidimos con Amnistía Internacional, al señalar que “los 13 indígenas pemones han sido procesados penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo, sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas cuando los delitos se hubiesen cometido en una comunidad indígena, como es el caso”.
Organizaciones firmantes:
Comisión de Justicia Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
Red Eclesial Panamazónica Venezuela (Repam)
Vicariato Apostólico del Caroní
Departamento de Misiones, indígenas y Afroamericanos (Demis CEV) + Consejo Misionero Nacional (Comina)
Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos (Conver) + Consejo Nacional de Laicos de Venezuela
Fundación Centro Gumilla.
Red de Acción Social de la Iglesia (Rasi)
Universidad Católica Andrés Bello.
Centro Monseñor Arias Blanco de la Arquidiócesis de Caracas.
JRS Venezuela.
Red de Casas Don Bosco.
Vicaría Episcopal de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis De Caracas.
Fundación Itaka.
Arcores de Venezuela.
Grupo Social Cesap.
Directora Avesoc y Parque Social Santa Inés.
Casa Hogar Virgen de los Dolores.