Pocos casos como el de Emirlendris Carolina Benítez Rosales han estremecido a la población venezolana en los últimos años. El historial de su arresto y condiciones de reclusión está marcado por las irregularidades, la tortura, la injusticia y los tratos inhumanos. La comerciante fue encarcelada en 2018 y sufrió varias violaciones a su integridad física y psicológica tan graves que las secuelas no desaparecerán fácilmente con el tiempo. Este viernes 14 de agosto fue liberada en horas de la tarde tras ocho años de detención.

Su salida de la cárcel es un motivo de alegría para miles de personas dentro y fuera del país, puesto que se trata de uno de los rostros más emblemáticos del sufrimiento carcelario de los presos políticos en Venezuela, quien resistió como pudo a múltiples humillaciones en un contexto precario.

Antes de que su vida cambiara abruptamente en el kilómetro 163 de la autopista José Antonio Páez, estado Portuguesa, Emirlendris disfrutaba de una tranquila cotidianidad con su hijo pequeño, se mantenía al pendiente de su hija mayor y llevaba a cabo un oficio sin sobresaltos. Vendía cosméticos y ropa, no se metía en líos y se preocupaba por la crisis económica en ciernes como la mayoría de las personas dentro del territorio nacional.

A Benítez la detuvieron el 5 de agosto de 2018 mientras acompañaba a su pareja, Yolmer Escalona, a realizar un traslado de dos pasajeros hacia Barinas. Un punto de control policial los interceptó en el camino y, sin presentar una orden judicial ni ofrecer explicaciones, se llevaron a Emirlendris directo a Caracas. Los dos pasajeros que iban en la parte de atrás del vehículo estaban supuestamente involucrados en un presunto atentado con drones contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto. Para ese momento, Emirlendris tenía cuatro meses de embarazo. “A pesar de que lo advirtió, sus verdugos lo ignoraron”, relató un familiar a Efecto Cocuyo en junio de 2022.

Sin entender por qué, fue ingresada en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, donde permaneció recluida durante un año. Allí fue víctima de golpizas y torturas sistemáticas que le ocasionaron un aborto y que fueron reportadas por distintos organismos. Amnistía Internacional informó que el embarazó se interrumpió sin su conocimiento ni consentimiento en un centro médico.

Posteriormente, fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda. En el lugar sufrió complicaciones por una infiltración previa de biopolímeros en los glúteos. Debido a ello, su columna resultó gravemente dañada y Emirlendris tuvo que empezar a utilizar una silla de ruedas ya que el dolor crónico no le permite estar de pie por mucho tiempo.

En un inicio, su detención preventiva excedió el máximo de los tres años establecidos por la ley en Venezuela. El 4 de agosto de 2022 fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima contemplada en la legislación del país, acusada por siete delitos que no cometió: asociación para delinquir, terrorismo, homicidio calificado en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, terrorismo, traición a la patria, lanzamiento de artefactos explosivos en espacios públicos y daños a la propiedad.

Tenía 38 años cuando fue arrestada y 42 cuando escuchó la sentencia.

Una condena de 30 años

La familia de Emirlendris siempre sostuvo que ella es inocente de todos los cargos imputados y denunció en repetidas oportunidades que su detención era arbitraria. Organizaciones no gubernamentales calificaron el caso de aberrante y aseguraron que su juicio estuvo lleno de graves irregularidades. Para empezar, no había ninguna prueba real de que Benítez hubiese participado en el caso de los drones.

En abril de 2024, la jueza Katherine Harrington ratificó la condena a 30 años de prisión contra Emirlendris. Los defensores de Derechos Humanos aseguraron que el Estado le negaba atención médica urgente. Si en octubre de 2022 tenía una prótesis de seno encapsulada, retenía líquidos y presentaba una hernia en la columna, dos años después apenas podía aguantar el dolor en la cabeza y las piernas.

El hijo menor de Benítez recibió atención psicológica tras su condena. Al principio la familia le aseguraba al pequeño que su madre estaba trabajando y no presa, por lo que este terminó pidiendo a las custodias del INOF que la dejaran ir para que esta “no trabajara más”, de acuerdo con el testimonio de Melania Leal, hermana de Emirlendris.

En 2024, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que el INOF era un “cementerio de mujeres vivas”. En ese momento había 650 presas, pero la capacidad del centro de reclusión era de 350 personas. Esto representa 185.71% de hacinamiento crítico. Los familiares de Emirlendris también denunciaron las condiciones insalubres en las que se encontraba.

Una decena de organizaciones pidió su libertad

El caso de Benítez fue seguido muy de cerca por los organismos nacionales e internacionales. Por ella abogaron decenas de defensores de derechos humanos durante los años que estuvo encarcelada. El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) y Amnistía Internacional documentaron y exigieron al Estado venezolano una investigación, la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela incluyó la situación de Emirlendris en sus informes sobre crímenes de lesa humanidad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor y demandó al gobierno de Nicolás Maduro garantizar su integridad física.

Asimismo, en Venezuela organizaciones como Provea, Foro Penal, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y Un Mundo Sin Mordaza denunciaron en repetidas ocasiones los malos tratos a los que estaba sometida Emirlendris.

Hoy, Benítez vuelve a respirar en libertad y por primera vez en ocho años cenará en casa con su familia. Su historia quedará grabada en la memoria colectiva, entre los capítulos de la represión y la tortura carcelaria venezolana. Defensores y activistas celebran su liberación en redes sociales:

“Valoramos la confirmación de la excarcelación de Emirlendris Benítez y otras personas detenidas arbitrariamente. Sin embargo, reiteramos: La libertad no es una concesión, sino el restablecimiento imperativo de un derecho humano que nunca debió ser vulnerado. Ninguna persona debe ser encarcelada por motivos políticos”, afirmó Cofavic en su perfil de X este viernes.