A 52 días del evento sísmico que ha dejado más de 6 mil personas muertas, miles de heridos, y el colapso de gran parte de la infraestructura en el estado Vargas, las familias que permanecen refugiadas en los campos de golf de Caraballeda enfrentan condiciones de habitabilidad complejas.

Aunque la asistencia médica se mantiene constante y existen servicios básicos como duchas y baños improvisados, las personas que se quedaron sin hogar denuncian una reducción en el flujo de alimentos, deficiencias en la iluminación nocturna, el desvío de donaciones por personas ajenas a la tragedia y la falta de certezas sobre su reubicación definitiva.

Quienes pernoctan en las carpas de los campos de golf reportan que los insumos y la ayuda alimentaria han disminuido con el paso de las semanas. Melvin Prieto, de 54 años y exresidente de la torre OPP 27, explicó a Efecto Cocuyo que las donaciones de comida se han reducido.

“Al principio se comenzó bien… pero ya nos hemos dado cuenta que lo que es la parte de la comida ha mermado bastante”, dijo.

El suministro eléctrico en el área de las carpas es otro déficit, Prieto señaló que el alumbrado es parcial e insuficiente para cubrir todo el predio. “Ahorita colocaron esos postes que funcionan con electricidad solar, que es con lo que nos estamos alumbrando en la noche, pero todavía falta para aquel sector. Hacia allá no pusieron postes de esos, y los de este lado se alumbran con la poquita luz de la calle… pero no da abasto”, dijo.

Ante la ausencia de tomas de corriente en el sitio, Ana Vera Méndez, de 62 años, detalló que “no hay cómo cargar los teléfonos. O sea, la Cruz Roja viene en la mañana, les entregamos los teléfonos y ellos nos lo cargan hasta mediodía”, aseguró la mujer.

En cuanto a la manutención diaria y el origen de la asistencia, los testimonios coinciden en que las organizaciones internacionales y entes privados han asumido el peso principal de la atención humanitaria, como lo aseguró Domínguez Randy, de 61 años y afectado del sector Los Corales.

“En el refugio, desde el 25 de junio hasta esta fecha, nos han ayudado los países extranjeros como México, España, Perú, Colombia, vinieron ecuatorianos y afines… y la Unión Europea, que es la que ha estado con una gente aquí ayudándonos. Pero en cosas del Estado no hemos recibido ninguna respuesta de nada”. Asimismo, especificó sobre los insumos médicos: “En la medicina sí estamos al día… en la parte humanitaria los que están aquí sí nos tratan bien”, agregó.

Irregularidades en donaciones, censos y exigencia de viviendas 

Las comunidades organizadas dentro del campamento señalan la irrupción de personas no afectadas que intentan beneficiarse de las entregas de insumos. Jessica Sánchez, de 44 años, trabajadora de limpieza en el aeropuerto de Maiquetía y exhabitante de la torre OPPE 26, se quejó del desvío de las donaciones.

“Lamentablemente tenemos muchas quejas, porque las donaciones que nos han llegado no las hemos recibido completa, porque la gente de la calle, los que no han perdido nada se meten y no nos han dejado realmente como estar tranquilos, recibir las donaciones que nos tocan”, denunció.

Gerson Naveda, de 39 años, sostuvo que en el lugar acontecen “cosas arbitrarias… personas que se benefician del desastre, esto es lo que está aconteciendo para suplantar a otra persona”, aseguró.

Respecto al proceso de censo y la adjudicación de soluciones habitacionales, los refugiados indican que poseen registros y códigos QR, pero rechazan ser trasladados a nuevos centros temporales. “Lo que nos dicen es que vamos para un refugio y aquí lo que queremos nosotros es nuestra casa. Porque todos los que hemos perdido los bienes queremos es vivienda. No un refugio para durar 2 ni 5 años”, dijo Domínguez Randy.

Melvin Prieto explicó que los probables destinados de reubicación varían según las necesidades laborales de cada grupo familiar. “Hay personas que han pedido para Los Valles del Tuy, otros que han pedido para Los Teques. Nosotros, como trabajamos en Caracas, pedimos para el Distrito Capital”. Prieto dijo que todavía no les han dado una respuesta con seguridad ni les han precisado un sitio exacto, por lo que se mantienen a la espera de instrucciones.

El duelo sigue intacto

Al desgaste de vivir bajo carpas, soportando el hacinamiento y el intenso calor, se suma al dolor directo por la pérdida de seres queridos. Ana Vera Méndez recordó que se salvó junto a su madre e hijas porque el 23 de junio en la noche salieron a trabajar hacia la costa, pero que al regresar se encontraron con su hogar en ruinas.

“Perdimos muchos familiares. Costó mucho para sacarlos (de los escombros). No quise ver qué le pasó a mi hermana, a mi sobrina, mis vecinos, mi gente”. Además, Méndez explicó que la extracción de los cuerpos se retrasó por la falta de maquinaria pesada, al punto de que el cadáver de su yerno solo pudo ser recuperado casi dos meses después de la tragedia.

Por su parte, Jessica Sánchez, quien vivía en la OPPE 26, advirtió que la paralización de la búsqueda mantiene en vilo a las familias y golpea la salud mental de los sobrevivientes, en especial de los niños. Sánchez detalló que todavía faltan alrededor de 25 personas por recuperar de las ruinas, entre las que se encuentran al menos 10 niños de la comunidad que eran muy cercanos a ella.

“Pedimos en principio nuestras casas, que es lo que más necesitamos para estar bien con nuestros hijos, porque algunos tienen fallas psicológicas, mentales y emocionales”.