Demanda de derogar leyes inconstitucionales se reactiva con segunda ronda del diálogo: ¿Cuáles son?

La derogatoria de un entramado legal aprobado por la Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo, y que ONG defensoras de derechos humanos califican de restrictivo del espacio cívico y de servir a la persecución política, es otra demanda que se ha reactivado, a propósito del segundo ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo que comenzó este 17 de agosto, junto a la exigencia de restitución de partidos políticos, cese de las inhabilitaciones y regreso de exiliados con garantías.   

Sin entrar a calificar el mecanismo de diálogo entre el gobierno interino y la Comisión Delegada de la AN de 2015 de positivo o negativo ni depositar toda la confianza, defensores de DDHH consultados por Efecto Cocuyo consideran la instancia como una ventana para que la sociedad civil exija la restitución de garantías y derechos constitucionales violentados durante décadas como pasos fundamentales hacia una transición a la democracia. 

Entre tales pasos figuran, de acuerdo con la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, y el fundador de RedesAyuda, Melanio Escobar, es la reforma o derogatoria de instrumentos legales como la Ley Simón Bolívar, Ley contra el Odio y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo por “arbitrarias” e “inconstitucionales”. 

“Hay leyes que serán revisadas, como la ley del odio, la ley de control a las ONG, contra el terrorismo, que debe estar apegada a los tratados internacionales”, declaró el integrante de la comisión de apoyo técnico de la delegación opositora en la mesa de diálogo, Macario González , previo al segundo ciclo de conversaciones con el chavismo.

Por los presos políticos 

“Hemos visto pasar 17 procesos de diálogo y más allá de que este es un momento político distinto, alertamos que el aparato represivo, como lo acaba de ratificar la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, está intacto y las ONG defensoras de DDHH estamos convocadas a hacer exigencias, aportes y recomendaciones en este nuevo proceso de diálogo. Es nuestro deber plantearlo a la mesa para volver al Estado de derecho y a la Constitución porque estas leyes son inconstitucionales”, recalcó Tineo. 

Inhabilitaciones políticas: otra papa caliente en la mesa de diálogo

Sin dejar de advertir que hay todo un andamiaje legal que debe ser desmontado o modificado porque ha sido diseñado para perseguir a opositores al gobierno o percibidos como tal, la abogada se refiere principalmente a la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con base a la cual, enfatizó, se ha encarcelado a numerosas personas por motivos políticos. 

Indicó que en este caso, la normativa puede ser reformada para adaptarla a estándares internacionales de DDHH, lo cual dejaría sin efecto muchas causas judiciales injustas, bajo las cuales se han cometido innumerables violaciones de derechos fundamentales y al debido proceso.

“El mecanismo de diálogo abre una posibilidad (para la restitución de derechos y democracia); y si se logra, lo vamos a apoyar; y si fracasa por falta de un interés genuino en la democratización del país, vamos a seguir intentando y luchando para crear las oportunidades, sentar las bases para la transición democrática que es el objetivo”, subrayó Tineo.

“No se salva ni una coma”

La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada en 2024 por la AN presidida por Jorge Rodriguez -también jefe negociador del interinato en la mesa de diálogo- es, a juicio de la ONG Cepaz, “una de las expresiones punitivas más severas del ordenamiento jurídico actual” porque castiga con penas de hasta 30 años de cárcel y multas cuantiosas a quienes promuevan o respalden sanciones internacionales. 

El artículo 9 de la normativa contempla inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para cargos públicos. Para la ONG, configura un mecanismo de exclusión diseñado a la medida para inhabilitar a líderes de la oposición política en elecciones. 

“Esta ley debe ser eliminada porque no se salva ni una coma. Por su carácter inconstitucional, el mismo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puede anularla sin necesidad de que el tema sea debatido en la AN. Esta ley nunca debió existir, al igual que la ley contra el odio porque hay muchas personas judicializadas por esta ley”, apuntó Tineo. 

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017, presenta además un vicio de origen por cuanto fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por encima de la competencia del Poder Legislativo de mayoría opositora electo en 2015.

“Esta norma se convirtió rápidamente en un instrumento punitivo contra la libertad de expresión y la libre crítica. Con artículos que establecen penas de hasta 20 años de prisión por expresiones ambiguamente definidas. Ha generado una autocensura sistemática en medios de comunicación y redes sociales. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció su uso persecutorio contra periodistas, disidentes y ciudadanos comunes que expresan descontento social”, señaló Cepaz en un comunicado reciente. 

En marzo de este año, el mismo Jorge Rodríguez, admitió “excesos” por la aplicación del instrumento legal de 25 artículos y habló de una reforma no concretada hasta ahora. En el informe de Provea, divulgado el 2 de marzo de 2026, se documentaron (entre enero de 2024 y octubre de 2025) 40 imputaciones judiciales, 36 detenciones arbitrarias y 3 condenas a más de 10 años de prisión por delitos vinculados a la opinión y 125 casos relacionados con la libertad de expresión, en el contexto de la aplicación de la Ley contra el Odio. 

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Son áreas grises

“El espacio de encuentro entre la AN de 2015 y el chavismo tiene muchos objetivos, pero fundamentalmente crear las bases institucionales para que en Venezuela exista una transición. Dentro de ese contexto es imperativo modificar, derogar las leyes que en principio son inconstitucionales, como la ley contra las ONG, la ley contra el odio y un largo etcétera, que son creadas como áreas grises para la libre interpretación del Psuv, en aras de perseguir, encarcelar y criminalizar a la disidencia, a la libertad de expresión, al derecho a la asociación y cualquier cosa que pueda atentar contra la permanencia en el poder”, señaló Escobar. 

El defensor de DDHH coincide en que “sin muchas vueltas” y sin mayores dilaciones, una vez designado un TSJ independiente, a partir del acuerdo de la mesa de diálogo, se podría acabar el problema de las leyes inconstitucionales y resolver otros temas como la restitución de los partidos políticos y las inhabilitaciones, además de un Poder Electoral, también independiente que respete garantías, derechos políticos y condiciones para unas elecciones libres y justas. 

A su juicio, ahondar y alargar las discusiones sobre lo que se debe resolver con subcomisiones que aborden distintos temas, en lugar de tomar decisiones con medidas concretas como nombrar lo antes posible a un TSJ y CNE imparciales,  solo permitirá al chavismo ganar tiempo en el poder y a otros factores políticos interesados más en lo que pueden lograr individualmente que a favor de la reinstitucionalización del país. 

Otra normativa que a juicio de ONG y defensores de DDHH debe ser modificada o derogada es la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, denominada como “antisociedad” y promulgada en 2024.

Tineo advierte que dicha ley no solo afecta a las ONG sino a todas las posibilidades de asociación ciudadana, lo cual es un derecho consagrado en el artículo 52 de la Constitución. Aclara que no se oponen a las regulaciones, siempre y cuando respeten la Carta Magna y los estándares internacionales de DDHH, por lo que incluso podría ser reformada.

Cepaz ha señalado que la ley impone controles burocráticos y fiscales desproporcionados. Pone como ejemplo el artículo 8 que establece un registro obligatorio bajo la premisa de que toda organización no registrada es ilegal, pero además impone un proceso de inscripción complejo que incluye exigencias retroactivas de hasta diez años y costos elevados en auditorías financieras, lo cual ha llevado a muchas ONG a cerrar o exiliarse.

“Por arbitraria e inconstitucional es uno de los temas que tiene que ponerse en primer lugar en la mesa”, agregó Tineo. 

También la “Ley Resorte” 

En el marco legal restrictivo son incluidas otras normativas como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte) de 2004 por promover la censura. Asimismo, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional, aprobada por la ANC y ratificada por la AN de 2020 por promover la opacidad en contratos de interés nacional con graves riesgos de corrupción en la gestión pública.

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Cepaz considera igualmente violatorias de derechos la Ley en Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (2010. Vulnera el derecho a la libre asociación y a la participación ciudadana en asuntos públicos); Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público (2021. Limita el derecho de acceso a la información); la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002. Restringe libertades fundamentales bajo el argumento de la protección nacional).

“La derogación de estas normas no genera vacíos legales perjudiciales, ya que sus escasos contenidos legítimos se encuentran debidamente contemplados en otras leyes preexistentes. Por el contrario, eliminar este andamiaje represivo es un requisito indispensable para restaurar el Estado de derecho y encaminarnos hacia una transición democrática auténtica en el país”, advirtió la ONG.