Por qué organizaciones de derechos humanos exigen el cierre de El Rodeo I

El Rodeo I reemplazó a El Helicoide como uno de los centros de detención más inhóspitos del país. Estas cárcel ubicada en el estado Miranda y que fue construida hace casi 50 años, ha sido señalada, en diversos informes de organismos internacionales, de ser un centro de tortura cuyas víctimas sufren de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Desde 2024, la cárcel de máxima seguridad, donde solo albergaban a presos sociales, pasó a concentrar a decenas de personas detenidas por motivos políticos, trasladadas desde las sedes del Sebin y la Dgcim. La mayoría fue apresado luego de las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales de ese año.

Informes de organizaciones internacionales documentaron que, entre el 20 de febrero y el 4 de abril de 2024, el Rodeo I, comenzó a funcionar como cárcel política con el traslado de 45 hombres, que fueron transferidos de manera sorpresiva e incomunicada desde otros penales del país. Una vez allí, cada detenido, fue sometido a un denominado “periodo de reflexión” de 30 días de aislamiento en condiciones que organizaciones como Amnistía Internacional calificaron de crueles, inhumanas y degradantes, y que en ciertos casos podrían constituir a crimenes de lesa humanidad.

Las celdas de El Rodeo I

Con base en las denuncias hechas por familiares y personas detenidas, se logró describir que existen celdas individuales de aproximadamente dos metros por dos metros, con una litera de cemento, un espacio que funciona como letrina y ducha, y sin colchón ni cobijas. 

Detallan que en el Rodeo I el agua se suministra por manguera durante periodos limitados, a veces de solo dos minutos al día, y no es potable. La alimentación resultaba restringida, el contacto entre detenidos estaba prohibido, no se permitía la exposición a la luz solar directa y el acceso a papel higiénico era inexistente. 

Durante las visitas familiares, los allegados eran revisados y encapuchados para poder ingresar al centro penitenciario.

Denuncias de torturas y castigos documentados entre 2024 y 2026

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas registró en su informe de septiembre de 2026 la continuidad de prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en El Rodeo I. 

Entre los métodos identificados figuran golpizas, descargas eléctricas, incluidas a quienes se negaban a comer, asfixia, suspensión por las muñecas, exposición deliberada a bajas temperaturas y desnudez forzada. 

La Misión señaló que las personas castigadas eran trasladadas al denominado “cuarto piso”, donde permanecían incomunicadas por períodos que iban de una semana hasta 62 días. 

La misión documentó el uso de la “cápsula del tiempo” o “máquina del tiempo”, una celda reducida en la que los detenidos debían permanecer de pie, encapuchados y esposados, con raciones mínimas de agua y comida una vez al día, y sin acceso a baño.

Tras los terremotos del 24 de junio, las autoridades permitieron temporalmente que los detenidos permanecieran en los pasillos, pero dos semanas después, el 5 de julio, el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia intervino con gases lacrimógenos, perdigones y golpes para obligarlos a regresar a las celdas. 

Durante esta intervención varios presos políticos resultaron con quemaduras, hematomas, síntomas de asfixia o pérdida del conocimiento. 

La misión de la ONU detalló que 64 presos políticos fueron víctimas de tortura en este centro de detención después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. 

Los testimonios de exdetenidos revelan un patrón de abusos dentro de El Rodeo I, que incluye amenazas de muerte proferidas por custodios encapuchados, aislamiento prolongado y privación del sueño mediante la reproducción a alto volumen de música y programas de televisión estatales.

La gravedad de estas condiciones fue constatada por Human Rights Watch en septiembre de 2026, que durante su primera visita oficial a Venezuela en 18 años, documentó las prácticas de tortura dentro del penal y exigió su cierre inmediato.

La muerte de Víctor Hugo Quero Navas

Entre los casos más graves de violaciones de derechos humanos documentados en El Rodeo I se encuentra el de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político detenido a comienzos de enero de 2025 en Caracas. 

Su madre, Carmen Teresa Navas, lo buscó durante meses en distintos centros de reclusión y oficinas del Estado, pero las instituciones le negaron reiteradamente información sobre su paradero. Aunque el tribunal de la causa y la Defensoría del Pueblo le indicaron en varias ocasiones que se encontraba en El Rodeo I, los funcionarios del penal le aseguraron que no estaba allí.

Quero Navas permaneció en condición de desaparición forzada durante casi todo el tiempo de su detención. Solo en mayo de 2026 el Ministerio para el Servicio Penitenciario reconoció de manera oficial su muerte, ocurrida el 24 de julio de 2025. 

Según el comunicado, el 15 de julio de 2025 había sido trasladado desde El Rodeo I al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo por hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo, y falleció a las 23:25 horas por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. 

Organizaciones como Foro Penal, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Justicia, Encuentro y Perdón registran este caso como uno de los presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado vinculados a este centro.

Lo que vio Human Rights Watch en Venezuela tras 18 años sin visitarla

Por qué debe ser cerrado

Para Kelvin Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el recinto falla desde su concepción. 

En entrevista telefónica para Efecto Cocuyo, el defensor advierte que: “el Rodeo no cumple con los estándares internacionales y específicamente con las reglas Nelson Mandela ni con los estándares interamericanos. Desde el punto de vista de la arquitectura penitenciaria, es un centro que no está apto para poder tener personas privadas de libertad”.

El abogado explica que el diseño y la sobrepoblación del penal agravan el castigo como política de Estado.

“Es un centro de detención de hacinamiento y esta situación genera problemas de que se puedan cumplir con las condiciones mínimas de higiene, con las condiciones mínimas del descanso, ya que duermen casi que uno encima del otro. Cuando una estructura arquitectónica no cumple con estas condiciones mínimas, se convierten en espacios que afectan la integridad psicológica y la integridad moral”, detalla Zambrano.

Zambrano subraya que los funcionarios del sistema penitenciario venezolano, específicamente los del Rodeo, no han sido instruidos en cuanto a políticas preventivas para evitar tratos crueles, degradantes, inhumanos o actos de tortura.  

“Tampoco se le inician procedimientos administrativos cuando ellos incurren en alguna violación a derechos humanos”, dice el abogado. 

Gabriela Buada, coordinadora de la ONG Caleidoscopio Humano, señala que el castigo trasciende los muros de las celdas y afecta a todo el entorno. “No solo existe un patrón contra las personas privadas de libertad por motivos políticos, sino que muestra un patrón de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso vejaciones a familiares de víctimas, que en su mayoría, hay que decirlo, son mujeres”, denuncia la defensora. 

Buada advierte que el impacto en la salud de los exdetenidos y las muertes bajo custodia “muestran que hay razones suficientes para pedir no solamente el cierre del Rodeo, sino para pedir también investigaciones, presencias de oficiales de la ONU, presencia de organismos internacionales multilaterales en las cárceles de Venezuela”.