Partidos políticos esperan que próximos acuerdos del diálogo devuelvan siglas y tarjetas electorales 

A la par de que se esperan avances en el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el segundo ciclo de conversaciones en la mesa de diálogo, que comenzó esta semana, es para incorporar los temas sobre las garantías políticas y civiles y la libertad de expresión, de acuerdo con la delegación opositora que encabeza Dinorah Figuera. 

Al tratarse de garantías políticas y civiles, los puntos sobre la restitución de los partidos políticos intervenidos judicialmente a sus legítimas autoridades, la eliminación de las inhabilitaciones políticas, el regreso seguro de los exiliados y la derogatoria de leyes que han servido a la represión estatal, entran en las expectativas de los factores políticos que presionan por una transición democrática en Venezuela.  

Organizaciones partidistas como Acción Democrática (AD), Copei y hasta el Partido Comunista de Venezuela (PCV) no forman parte de la mesa de conversaciones entre el interinato y la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, pero esperan que, como parte de la restitución de derechos políticos y la creación de condiciones para comicios libres, se acuerde la devolución de las siglas y tarjetas electorales confiscadas por el TSJ.

Otros partidos que no están intervenidos, pero no han sido admitidos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), como Vente Venezuela y Encuentro Ciudadano, y otros ilegalizados, como REDES de Juan Barreto y la Causa R de Andrés Velásquez, también esperan que se les reconozca el derecho a quedar legalmente constituidos y poder postular candidaturas en futuras votaciones. 

“No hay democracia sin partidos políticos. No se puede hablar de una ruta electoral si los partidos intervenidos judicialmente no son devueltos a sus legítimas autoridades. La vía puede ser acuerdo general de la mesa de diálogo de la que no formamos parte, que lleve al TSJ a revisar las decisiones que tomó y resolverlo porque allí se generó la arbitrariedad. En la ruta electoral tampoco pueden haber inhabilitaciones, deben regresar los exiliados y sobre todo, no pueden haber presos políticos”, subrayó el presidente de Copei, Roberto Enríquez, a Efecto Cocuyo. 

“Política de Estado”

En 2023, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) se convirtió en la organización política número 13 en ser afectada por una sentencia del TSJ, controlado por el chavismo, que no ha discriminado entre toldas opositoras y la izquierda disidente del Gran Polo Patriótico (GPP). El objetivo, por un lado, fue crear una “oposición a la medida” del gobierno de Nicolás Maduro y, en el caso de los revolucionarios descontentos, «forzarlos» a postular en conjunto con la tolda de gobierno, Psuv, en los diferentes procesos electorales celebrados hasta 2025. 

En septiembre debe iniciar la parte más dura de la negociación, advierten consultores políticos 

Hay partidos intervenidos desde 2012, como Podemos (apartado del chavismo), pero en 2020, previo a comicios parlamentarios, el TSJ arreció con la imposición de varias juntas ad hoc que dejaron sin autoridad legal a líderes históricos como Henry Ramos Allup de AD. Enriquez lo atribuyó a una “política de Estado” para “neutralizar” a la oposición y favorecer electoralmente al régimen de gobierno con la “complicidad” de factores internos de los mismos partidos. La ONG Cepaz también identificó un patrón en las intervenciones. 

El 15 de junio de 2020, la Sala Constitucional del TSJ ordenó una junta directiva ad hoc para el partido blanco, presidida por Bernabé Gutiérrez, desplazando la autoridad de Ramos Allup, secretario general. Con la medida, Gutiérrez postuló candidatos para las elecciones parlamentarias de ese año y desde entonces quedó electo como diputado. En 2022 llamó a elecciones internas en la tolda, luego de las cuales se erigió como secretario general.

“El despojo de la tarjeta, las siglas y los símbolos de AD no fue producto de un conflicto interno del partido, sino de una intervención política, arbitraria y autocrática, instrumentada a través del Poder Judicial. Existe todo un argumento institucional y formal sobre los pasos que deben darse para que cese la judicialización de los partidos políticos y recuperen sus tarjetas, pero el camino efectivo y eficiente a la restitución de nuestros derechos políticos y constitucionales debe darse de inmediato, sin burocracias judiciales”, expresó el integrante de la llamada AD en “resistencia”, Williams Dávila. 

Consultado por Efecto Cocuyo, el exdiputado y ex preso político recalcó que el derecho constitucional de asociación política es un requisito “innegociable” si se quiere hablar de redemocratización y garantías institucionales en Venezuela; por lo tanto, sostuvo, debe ser uno de los puntos más importantes que deben discutirse y decidirse en la mesa de negociación, de la que AD tampoco forma parte. 

La CIDH tomó nota 

Desde el 7 de julio de 2020, la tarjeta de VP, por sentencia (007) del TSJ, está en manos de José Gregorio Noriega, en calidad de presidente del partido, y Guillermo Luces, como secretario general. Para entonces, el líder fundador del partido, Leopoldo López, era el coordinador general y Emilio Graterón, el coordinador político encargado. 

La tarjeta electoral de la tolda naranja fue habilitada el 21 de julio del mismo año por el CNE, bajo control de Noriega, para participar en las elecciones parlamentarias con las que postuló candidaturas junto a AD de Bernabé Gutiérrez, Venezuela Unida y Primero Venezuela de Luis Parra y José Brito, que también contribuyeron con la intervención judicial de Primero Justicia (PJ).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró que, en 2020, el TSJ adoptó decisiones que desestimaron procesos democráticos internos de partidos políticos y sembraron desconfianza en las reglas democráticas. En 2021, el organismo reiteró que decisiones de ese tipo interfirieron en el libre desarrollo del proceso democrático interno de partidos de oposición, minaron la confianza electoral y crearon obstáculos para superar la crisis institucional. 

“Tenemos confianza en que la mesa de negociación resuelva el tema de la ilegal judicialización de los partidos políticos, devolviendo su representación y símbolos a sus legítimas autoridades previas a la intervención judicial. Es un asunto medular para la reinstitucionalización, la transición y la definitiva recuperación de la democracia”, dijo a Efecto Cocuyo la dirigente nacional de VP, Adriana Pichardo. 

La delegación opositora en la mesa de diálogo con el interinato está integrada por diputados de 2015, miembros de VP y PJ.  Ambas toldas forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) junto a AD, Copei, Encuentro Ciudadano, Causa R, Convergencia y Proyecto Venezuela. AD, en voz de Ramos Allup, ha sido uno de los más críticos al hecho de que en la mesa de diálogo solo estén PJ y VP, por lo que la coalición exhibe fragmentación.

Previamente, PJ fue intervenida por el TSJ, el 16 de junio de 2020, cuando se le entregó el control del partido y la tarjeta electoral al disidente José Brito. Pero la tarjeta no fue usada para las elecciones parlamentarias de diciembre, porque antes, el 4 de septiembre, el TSJ revirtió la designación de Brito como coordinador nacional, producto de negociaciones políticas.

El CNE reactivó la tarjeta del PJ para las presidenciales de 2024 al “devolver” el control a Brito, quien se postuló como candidato. El hecho fue considerado como una segunda intervención del TSJ sobre el partido, al ratificar en abril de 2024 la judicialización de la tolda.   

Hoy la tolda aurinegra, que es parte de la PUD y de la mesa de diálogo, tiene como presidenta a María Beatriz Martínez y una de sus dirigentes y diputada (2015), Dinorah Figuera, es la titular de la Comisión Delegada de la AN de 2015 y cabeza del grupo opositor que negocia con el chavismo, con el apoyo de EEUU^.

“La mesa de diálogo incluye en uno de sus objetivos el restablecimiento de los derechos políticos de todos los venezolanos. Eso incluye la regularización de las fuerzas políticas que han sido secuestradas y de fuerzas políticas que no han podido ser institucionalizadas. Por eso, esperamos que pronto eso sea una realidad para PJ y para todos los movimientos, especialmente para Vente Venezuela, partido político de María Corina Machado”, apuntó la vicepresidenta de Formación de PJ, Paola Bautista, a este medio. 

También están intervenidos

La tarjeta electoral y las siglas de Copei están bajo el control de Miguel Salazar, designado por el TSJ el 3 de diciembre de 2019 como presidente de los socialcristianos, en sustitución de Mercedes Malavé. El diputado de la AN de 2025, Juan Carlos Alvarado, funge como secretario general.

Como presidente de Copei ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América), Roberto Enríquez y Robert García, como secretario general, reclaman la devolución del control legal de la tolda verde que forma parte de PUD, de la que Enríquez es secretario ejecutivo. En 2015, el TSJ ya había destituido a Enríquez como presidente de Copei e impuesto una junta ad hoc encabezada por Pedro Urrieta e integrada por Salazar junto a otros dirigentes regionales.

“Ellos (Salazar y Alvarado) nunca fueron electos por el partido, sino por el gobierno (…) El verdadero Copei acompaña a María Corina Machado porque fue un mandato de las primarias, el que coge la línea del pueblo. La restitución de los partidos políticos debe ser uno de los resultados creíbles del proceso de negociación como parte de la recomposición del juego democrático”, advirtió Enríquez.

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En la actualidad, el mismo sector de Salazar y Delgado exhibe diferencias. El primero señala al secretario general de conducir a Copei por un “camino distinto” con improvisación, candidaturas prematuras y ausencia de una línea política coherente. El exdiputado le cuestiona a Delgado haber promovido este año una Convención Nacional Extraordinaria no contemplada en los estatutos del partido para elegir un nuevo Comité Nacional, sin soporte jurídico ni institucional, en sustitución del electo en 2025.

Salazar también pide a la mesa de diálogo la restitución de Copei en contra de Alvarado, lo que, en opinión de Enríquez, es un “canibalismo político” que protagonizan quienes se pusieron al servicio del régimen chavista y nunca han alzado su voz contra las violaciones de derechos humanos en Venezuela ni por la causa democrática.

Víctimas de la ola de intervenciones también fueron Bandera Roja (desde 2015); Nueva Visión para Mi País (Nuvipa, desde 2020); Compromiso País (Compa, desde 2020) y el Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN-Unidad, desde 2015).

Pero el poder ha recurrido a otros mecanismos para dejar por fuera de la carrera electoral a la oposición. El TSJ no los ha intervenido, pero el CNE, para los comicios presidenciales de 2024 y 2025, inhabilitó la tarjeta del Movimiento al Socialismo (MAS) sin explicaciones, al igual que Izquierda Unida de Félix Velásquez.

Otras organizaciones como Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela tampoco son reconocidas en la actualidad por el CNE, al igual que la Causa R. Vente Venezuela, de Machado, también aspira a ser legalizado como partido político.

Chavismo disidente aguarda

El 11 de agosto de 2023, el TSJ fue contra el PCV, la última organización disidente del chavismo que faltaba por judicializar. La Sala Constitucional designó una junta directiva ad hoc presidida por Henry Parra, desplazando la autoridad de Oscar Figuera como secretario general y de Perfecto Abreu como presidente (falleció en 2025). 

“El despojo de la personalidad jurídica a la legítima militancia del PCV se realizó a través de un procedimiento lleno de vicios y de irregularidades durante el proceso judicial. Se impidió el derecho a la defensa al no citar al proceso a la Dirección Nacional del partido electa en el XVI Congreso del PCV celebrado en 2022. El grupo de siete personas que interpusieron el recurso (de amparo) ante el TSJ no demostraron su cualidad jurídica (ser militantes de la organización) y no lo podían demostrar porque simplemente no eran militantes del PCV”, recordó el miembro del Buró Político de la tolda, Yul Jabour. 

Partido Comunista en la mira: conozca qué partidos fueron intervenidos por el TSJ

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el dirigente nacional de la tolda del gallo rojo y exdiputado de la AN expresó que el partido que mantiene su sede original en la parroquia San Juan de Caracas está en la línea de exigir cambios en las estructuras del Estado venezolano, como el CNE y el TSJ, para ir a unas elecciones que legitimen los poderes, pese a que ha rechazado que EEUU haya impuesto una nueva mesa de negociaciones que no refleja los intereses de los trabajadores venezolanos.

“El PCV exige la restitución de los derechos políticos no solo de nuestra organización, también de las más de diez organizaciones políticas que han sido despojadas de su personalidad jurídica a través de procesos judiciales, violentando sus normas internas y las leyes de nuestra legislación”, manifestó. 

De los partidos, antiguos aliados del chavismo en el GPP, también han sido intervenidos por el TSJ Podemos (2012) para entregárselo al exgobernador de Aragua, Didalco Bolívar; el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP en 2015); Patria Para Todos (PPT, el 21 de agosto de 2020) y Tupamaro (18 de agosto de 2020). 

REDES, del exalcalde metropolitano del chavismo, Juan Barreto, fue ilegalizado en 2017, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente y el TSJ exigieran a los partidos reelegitimarse a través de la recolección de firmas en un tiempo muy corto y difícil de cumplir. Ese año también quedaron ilegalizadas toldas como Puente de Hiram Gaviria y la Causa R.  

“Una de las tácticas del PCV en estos momentos es la lucha enfocada en la restitución de los derechos políticos, humanos, económicos y sociales del pueblo venezolano y en especial de los trabajadores, y para ello estamos trabajando no solo a través de los mecanismos institucionales que ofrece la Constitución sino también en  reagrupar en una amplia alianza de carácter patriótica y antimperialista a movimientos sociales, corrientes de trabajadores, jóvenes, mujeres, estudiantes entre otros”, agregó Jabour.