¿Detención de exalcalde de Carora envía mensaje a otros exiliados políticos?  

La mesa de diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodriguez y la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, bajo la supervisión de Estados Unidos, reinició los contactos cara a cara entre las delegaciones, este 17 septiembre, con la expectativa de alcanzar acuerdos que permitan la restitución de los derechos civiles y políticos, según ha declarado el grupo opositor.

Dentro de tales acuerdos esperados está el retorno seguro de exiliados, producto de la persecución política en Venezuela, muchos de ellos con procesos judiciales abiertos y también inhabilitados para ejercer cargos políticos desde hace años.  

Entre quienes no han podido regresar al país sin el riesgo de ser apresados se cuentan líderes políticos como María Corina Machado y Edmundo González, pasando por exalcaldes como Antonio Ledezma, un número importante de exdiputados, exmiembros del gobierno interino de Juan Guaidó, hasta militares y ciudadanos que solicitaron asilo político en diferentes países. 

Primero fue la Ley de Amnistía, considerada como una trampa por políticos exiliados como Julio Borges. La normativa sancionada por el Parlamento en febrero dio paso a excarcelaciones, pocas libertades plenas y regresos “selectivos” de perseguidos políticos al territorio nacional como el exdiputado José Guerra. 

Ahora se espera que las conversaciones impulsadas por EEUU terminen de allanar el camino para que “todos” sin excepción puedan regresar al territorio nacional e incorporarse a la vida política sin ninguna restricción. La detención denunciada como arbitraria del exalcalde de Carora (Lara), Javier Oropeza, quien acaba de regresar del exilio, en pleno reinicio de la mesa este jueves, parece enviar un mensaje a quienes tienen expectativas de regresar, sobre la persistencia del aparato represivo. 

Parte de la reforma judicial 

“Soy optimista sobre el mecanismo (de diálogo), enfocado primero en la reforma del sistema de justicia, desde el Tribunal Supremo (TSJ) para abajo, para la restitución de los derechos, porque el irrespeto a la Constitución y las leyes, la descomposición, empezó por el sistema judicial, aunque los tiempos no son tan rápidos como quisiéramos porque así son las transiciones”, señaló la exdiputada Gabriela Arellano a Efecto Cocuyo. 

Los exiliados y la Ley de Amnistía: sin garantías para un regreso seguro a Venezuela  

La exdirigente de Voluntad Popular (VP), con ocho años y cinco meses en el exilio, dice confiar en que el retorno de la constitucionalidad al país a partir de la reinstitucionalización del TSJ, con magistrados que apliquen la verdadera justicia, permitirá que quienes se vieron obligados a abandonar Venezuela regresen sin riesgos y quienes son víctimas de prisión política logren plena libertad. 

Una de las razones para su optimismo, que aclaró no es ciego, se debe a que, a su juicio, no se trata de una mesa de diálogo sino de un mecanismo de presión de quien ostenta la fuerza (EEUU) para que el régimen venezolano permita la recuperación de la democracia. 

“EEUU les dio la oportunidad con la Ley de Amnistía, pero el chavismo no cumplió; por eso llegó este mecanismo. Recordemos que se trata de un sistema con casi 30 años en el poder”, agregó desde Colombia. 

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el ganador de los comicios, de acuerdo con 87% de las actas recabadas por los testigos electorales del Comando Con Venezuela, Edmundo González, está en el exilio en España. 

Con la salida del exdiplomático, Machado pasó a la clandestinidad hasta abandonar el territorio en diciembre de 2025, con la ayuda de EEUU, rumbo a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. A la fecha, su regreso sigue siendo incierto y entre las causas se mencionan falta de garantías para su integridad física.

A raíz de la persecución desatada que alcanzó casi 2.000 detenidos en pocos días luego de las presidenciales, otras dirigentes políticas que salieron del territorio fueron Paola Bautista, vicepresidenta de Formación de Primero Justicia (PJ), así como la presidenta de la tolda, Maria Beatriz Martinez que acaba de regresar a Venezuela. Uno de los líderes fundadores de la tolda aurinegra, Julio Borges, permanece en el exilio, a raíz de su desempeño como coordinador de relaciones exteriores del interinato de Guaidó, reconocido por países como EEUU.

Regreso de exiliados políticos: ¿Simulación de apertura o reto al interinato? 

Otra oportunidad 

“Este segundo ciclo de conversaciones abre otra posibilidad para que este tema se aborde luego de la Ley de Amnistía, pero no se puede hablar del retorno de venezolanos si no existe la garantía de que quienes piensen distinto no vayan a ser perseguidos apenas pisen el territorio. Debe haber garantías para su integridad y seguridad. El exilio es una forma de exclusión de los venezolanos y todos tienen derecho a regresar para participar en la reconstrucción del país y ejercer la política”, sostuvo la exdiputada (Causa R) Mariela Magallanes desde Italia. 

En 2019, Magallanes se refugió en la embajada de Italia en Caracas, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente le allanó la inmunidad parlamentaria, junto a otros tres diputados, por apoyar el intento de alzamiento militar, encabezados por Leopoldo López y Guaidó en la Base Aérea La Carlota, el 30 de abril de ese año. En diciembre de ese año, fue “desterrada” rumbo al país europeo, pese a que la Constitución de Venezuela prohíbe esa medida contra venezolanos.

Tanto López como Guaidó permanecen en el exilio. El líder de Voluntad Popular (VP) desde 2020, tras estar en prisión desde 2014, mientras que Guaidó fue obligado a seguir a EEUU desde Colombia en 2023, cuando intentó participar en una cumbre internacional en el vecino país.

También permanecen fuera de Venezuela, el exembajador de Guaidó en Colombia, Eduardo Battistini, y los exdiputados Ismael García, Gilber Caro, Carlos Paparoni y el exalcalde metropolitano, Antonio Ledezma. Hasta los mismos integrantes de la mesa de diálogo con el interinato, en representación de la AN de 2015, han permanecido en el exilio, pero tras ser convocados por el Departamento de Estado de EEUU cuentan con un “salvoconducto” para ingresar a Venezuela cada vez que sea necesario. 

Es el caso de la presidenta de la Comisión Delegada, Dinorah Figuera (radicada en España) y de los otros diputados de 2015, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Ramón López, de PJ, así como Marco Aurelio Quiñones y Sergio Vergara, de VP. 

“Los venezolanos tenemos que ser vigilantes de ese proceso de conversaciones y los resultados que se produzcan en esa mesa serán un indicativo de hacia dónde vamos y si vamos a poder regresar con respeto pleno de nuestros derechos”, expresó Magallanes a Efecto Cocuyo.

Exalcalde detenido: Señal de alerta 

Igualmente siguen fuera de Venezuela, la  exprimera vicepresidenta de la Comisión Delegada, Marianela Fernández (UNT), la segunda vicepresidenta Auristela Vásquez (AD), así como los dirigentes de Vente Venezuela, que en mayo de 2025 salieron de la embajada argentina en Caracas, rumbo a EEUU: Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos.

El presidente de la Asociación de  Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José  Antonio Colina, señalo en declaraciones previas a este medio que aun con el tutelaje de EEUU ningún militar venezolano en el exilio -se incluye- tiene garantizado el regreso a Venezuela sin ser detenido a diferencia de algunos políticos. El grueso de los exintegrantes de la Fuerza Armada Nacional constituidos en el Frente Institucional Militar, por ejemplo, se encuentra fuera de Venezuela.  

Hasta mayo de 2025 se calculaban entre 80 y 100 políticos en el exilio, la mayoría en países como España, EEUU, Colombia y Panamá. Pero a partir de los eventos del 3 de enero de 2026, la “selectiva” Ley de Amnistía y el inicio de negociaciones entre el chavismo y la AN de 2015, han regresado los exdiputados opositores José Guerra, Julio Montoya, Roberto Marrero, Richard Blanco, Wilmer Azuaje, José Luis Pirela y recientemente Omar González, de Vente Venezuela.

Igualmente regresaron Lester Toledo, Yon Goicoechea, Manuel García, Marcos Velazco, Carlos Ocaríz, Lawrence Castro, la abogada defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y el exalcalde de Carora, Javier Oropeza, apenas el 15 de septiembre. 

Oropeza fue apresado 48 horas después por funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Barquisimeto, a la salida de una entrevista en la sede del diario El Informador, en la que denunció con nombre y apellido a quienes lo persiguieron y confiscaron sus propiedades en 2014. El exalcalde había recibido el sobreseimiento de la causa judicial en su contra al acogerse a la Ley de Amnistía. 

En la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo conocimos de la detencion arbitraria del ex Alcalde de Carora Javier Oropeza.

Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación.…

— Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) September 17, 2026

Fue liberado seis horas después de su arresto. Previamente, la diputada Figuera dijo que en plena instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo fueron informados de la arbitraria detención del exalcalde por lo que denunciaron el caso y exigieron la liberación.

Magallanes calificó como “repudiable” que se produjera una detención arbitraria en medio de la reinstalación de la mesa de diálogo en Caracas y la consideró una señal de alerta para todos los exiliados que quieran regresar. 

“Es una alerta porque Venezuela no ha regresado a la democracia, es el comportamiento del régimen para seguir jugando con la psique del venezolano, seguir amedrentando. Esta situación nos obliga a seguir alzando la voz, denunciar y presionar para que no se repita, para que quienes regresan del exilio cuenten con garantías, si se supone que estamos en medio de un proceso que nos llevará a la transición democrática”, advirtió la exdiputada de la Causa R.

Para Arellano, la detención de Oropeza dejó en evidencia las contradicciones internas en el chavismo entre lo que decide el Rodrigato y lo que calificó como “mafias” que siguen operando en el territorio y que deciden actuar por cuenta propia. 

“Buscan una clase política silenciosa, sumisa, que la transición tenga el menor costo para ellos, pero debe haber justicia y espero que el mecanismo de presión entre el chavismo y la AN de 2015 que ofreció resistencia, conduzca a la libertad y garantías para todos”, subrayó Arellano.