Inhabilitaciones políticas: otra papa caliente en la mesa de diálogo

Desde la mesa de diálogo, Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora como presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, celebró el inicio del levantamiento de bloqueos contra medios informativos digitales independientes por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a partir de este 17 de septiembre, como parte de la agenda de exigencias en las conversaciones con el gobierno interino. 

La libertad de expresión, como había anunciado Figuera, entra en los temas previstos para el segundo ciclo de la mesa de diálogo que comenzó este jueves, que abarca en su conjunto las garantías políticas y civiles. Los factores democráticos también demandan que la instancia negociadora con el chavismo resuelva la eliminación de las inhabilitaciones políticas contra dirigentes opositores, la restitución de los partidos políticos, el regreso de los exiliados y la derogatoria de leyes señaladas de servir a la represión estatal. 

El tema de las inhabilitaciones políticas cobra especial relevancia porque afecta a la líder opositora y eventual candidata presidencial en futuros comicios en Venezuela, María Corina Machado, contra quien la Contraloría impuso la sanción administrativa que le impide ejercer cargos públicos por 15 años, desde 2021. 

Las medidas calificadas como arbitrarias por políticos y defensores de derechos humanos por no respetar el debido proceso también pesan sobre otros dirigentes políticos, muchos de ellos exdiputados y exalcaldes que en su momento apoyaron a Machado y la candidatura de Edmundo González en 2024. Jefes locales, como Elias Sayegh de El Hatillo, no pudieron optar a la reelección en los comicios de 2025 al ser inhabilitados.

De allí que las expectativas en torno de la mesa impulsada por Estados Unidos es que se elimine y se deje atrás la acusada práctica del chavismo, durante las gestiones de Nicolás Maduro, para sacar de la carrera electoral a sus adversarios y facilitar el triunfo de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). 

Hacer presión 

“En reunión con Dinorah Figuera hace un mes y medio, abogamos porque no haya inhabilitados, porque se restituyan los partidos, por la liberación de los presos políticos, por la reinstitucionalización del Poder Judicial. Tenemos que hacer presión para que esos temas entren realmente en la agenda de la mesa de diálogo, aunque también entendemos que EEUU a través del Departamento de Estado, es el que hace el guión de la película y ni el chavismo ni la oposición tienen mucho margen de acción”, admitió el exdiputado Américo De Grazia. 

En septiembre debe iniciar la parte más dura de la negociación, advierten consultores políticos 

En febrero de 2021, el entonces contralor general de la República, Elvis Amoroso, anunció inhabilitaciones por 15 años, contra De Grazia y otros 27 diputados de la AN de 2015 por “negarse a cumplir con la Declaración Jurada de Patrimonio ante el Máximo Órgano de Control Fiscal”. El también ex preso político indicó a Efecto Cocuyo que si bien fue objeto de aplicación de la Ley de Amnistía para salir de prisión, en la que estuvo más de un año, en marzo de 2026, la sanción en su contra sigue vigente.  

Advirtió que la inhabilitación que igual afectó a otros políticos, impuesta sin el debido proceso, es “injusta” e “improcedente”, lo cual atribuyó a la ausencia de Estado de derecho en Venezuela por más de 20 años. Recalcó que se trata de “medidas caprichosas” por parte de quienes ejercen el poder en Venezuela, acostumbrados a violar la Constitución y las leyes, perseguir y encarcelar a la disidencia política. 

“Soy optimista, pero más que creer en esa comisión (delegación opositora en la mesa), creo en la fuerza que puede mostrar la sociedad en general, los medios de comunicación, para presionar y que la balanza se incline a favor de la democracia y contra quienes pretenden eternizarse en el poder. Que no seamos simples espectadores o solo esperar que algo ocurra sino empujar para que ocurra”, subrayó De Grazia.  

En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó inhabilitaciones contra el expresidente de la AN y del interinato reconocido por países como EEUU y de la Unión Europea (UE), Juan Guaidó (sancionado desde 2019), Marco Quiñones, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara (actuales miembros de la mesa de diálogo por la oposicion y de Voluntad Popular, VP).

Asimismo, el máximo tribunal reconfirmó las medidas (impuestas desde 2021) contra los exdiputados Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Américo De Grazia, Carlos Berrizbeitia, Richard Blanco, Rafael Veloz, Jesús Paparoni, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casella, Gabriela Arellano, Renzo Prieto, Carlos Valero y Winston Flores Gómez, entre otros opositores. 

Desmontar el mecanismo

El 30 de junio de 2023, previo a las primarias presidenciales opositoras del 22 de octubre, la Contraloría General de la República (CGR), a petición del diputado José Brito, informó que sobre Machado pesaba una inhabilitación por 15 años, desde 2021. La medida fue ratificada por la Sala Político Administrativa del TSJ, en enero de 2024, antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio. 

La medida fue considerada ilegal porque la máxima dirigente de Vente Venezuela no fue notificada de ningún procedimiento en su contra previamente y no tuvo derecho a la defensa, lo cual es violatorio del artículo 49 de la Constitución. Aparte de que las causas de la medida no están claras. Se le acusó de ser partícipe de una trama de corrupción durante el gobierno interino de Guaidó y propiciar sanciones internacionales contra el país.   

Politólogos: Segunda fase de la mesa de diálogo debe abordar caso de Machado  

El artículo 42 de la Constitución señala que el “ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. En este sentido, Machado no ha recibido ninguna condena y no ejerce cargos públicos desde que fuera destituida como diputada del Parlamento por el chavismo en 2014. 

“De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una medida complementaria después de dictarse una sentencia penal firme. La inhabilitación es accesoria no autónoma, no puede ser la pena principal como lo dice el artículo 24 del Código Penal, por lo que el mecanismo usado por la Contraloría es ilegal”, señaló el exdiputado y dirigente de VP, Rafael Veloz, quien también recibió medida de inhabilitación desde 2021, por 15 años.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el abogado aclaró que desconoce el mecanismo que pudiera acordarse en las negociaciones para la eliminación de las inhabilitaciones políticas, pero considera que en lugar de revisar caso por caso, se debería, por la vía del Parlamento, desmontar el sistema legal que las facilita, lo que, asegura, dejaría sin efecto las sanciones actuales. Es decir, eliminar la facultad para imponer este tipo de medidas de forma administrativa que contemplan la Ley de la CGR en su artículo 105 y leyes como la Ley Simón Bolívar. 

El artículo 105 de la Ley Orgánica de la CGR y del Sistema Nacional de Control Fiscal otorga al Contralor la facultad exclusiva de imponer suspensiones, destituciones e inhabilitaciones políticas a funcionarios públicos hasta por un máximo de 15 años. 

Por otro lado, el artículo 13 de la ley Simón Bolívar, sancionada en diciembre de 2024, contempla inhabilitación hasta por 60 años para ejercer cargos públicos como pena accesoria a la condena impuesta por un juez para quienes pidan sanciones internacionales contra el país. El artículo 11 fija prisión de entre 25 y 30 años para toda persona que pida o apoye sanciones, mientras el artículo 9 establece que no podrán postularse a cargos de elección popular quienes hayan participado en la solicitud, respaldado, invocado o promovido, sanciones internacionales por parte de agentes extranjeros. 

“Han sido inhabilitaciones selectivas, sin derecho a la defensa, un sistema de chantaje para eliminar al competidor en elecciones, por lo que levantar todas las inhabilitaciones es una condición indispensable para una ruta electoral con garantías, para elecciones libres. Esperamos que en la mesa de diálogo se desmonte todo este sistema”, recalcó Veloz. 

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“Esperamos que se haga justicia”

Otro caso es el del ex preso político, Freddy Superlano, a quien se le permitió participar en las elecciones de la gobernación en el estado Barinas en 2021 y, tras ganarle por estrecho margen a Argenis Chávez, apareció inhabilitado por alegato del TSJ, que además ordenó repetir las votaciones y las ganó Sergio Garrido. Superlano sufrió prisión por más de un año, luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

Para junio de 2024 se contaron más de 15 inhabilitaciones políticas. En marzo se sumaron las de los dirigentes políticos Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz, de Primero Justicia (PJ), y César Pérez Vivas, de Concertación Ciudadana, y contra los entonces alcaldes en ejercicio Elías Sayegh ( municipio El Hatillo) y José Antonio Fernández ( Los Salias, estado Miranda).

Lo particular en casos como el de Guanipa y Pérez Vivas es que no fueron notificados por la CGR, sino que aparecieron como inhabilitados en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Ese año (junio) fueron inhabilitados igualmente ocho alcaldes de Trujillo, todos plegados a la candidatura unitaria de Edmundo González. Se trata de Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello), Dilcia Rojas (Campo Elías), Yonanthi Dominguez (Carache), Wuilmer Delgado (Monte Carmelo), Cervando Godoy (Márquez Cañizalez), Heriberto Materán (Motatán), Keyver Peña (Sucre) y José Carrillo (Urdaneta). Todos fueron sancionados con 15 años.

“Nos inhabilitaron a Elías Sayegh y a mí por 15 años, desde el momento que apoyamos las primarias presidenciales opositoras. Los que nos inhabilitaron son los que están en la mesa de negociación por parte del régimen. Lo que quiero como venezolano es que se haga justicia y que podamos celebrar elecciones presidenciales justas y democráticas para lograr los cambios que necesita el país. Merecemos un gobierno electo por los venezolanos y no impuesto por otros países o por el régimen”, expresó el exalcalde de Los Salias, José (Josy) Fernández.

Pese a las reservas por la forma de operar del chavismo en pasadas negociaciones, con Jorge Rodríguez a la cabeza, el también exdirigente de Fuerza Vecinal dijo esperar de la delegación opositora “lo posible” para resolver las inhabilitaciones injustas contra tantos dirigentes políticos, incluyendo a Machado

Así como selectiva ha sido la imposición de inhabilitaciones políticas, también ha sido selectivo el levantamiento de las medidas en algunos casos. Por ejemplo, para las elecciones parlamentarias de 2025 aparecieron habilitados dirigentes como Henrique Capriles Radonski y Tomás Guanipa, hoy diputados de la AN de 2025 por Unión y Cambio. Antes, en 2017, sucedió lo mismo con Manuel Rosales, lo que le permitió llegar de nuevo a la gobernación zuliana en 2021.

Quien fuera gobernador de Amazonas por cuatro periodos consecutivos desde 2001, Liborio Guarulla, también permanece inhabilitado desde 2017, por un periodo de 15 años.