Este 26 de diciembre, se cumplen 276 días desde que cuatro miembros de una familia en El Ripial, zona fronteriza en el estado Apure, fueron víctimas de una presunta ejecución extrajudicial donde están involucrados funcionarios de las FAES.
Dos días después de conocidos los hechos, el gobierno que administra Nicolás Maduro envió 12 expertos para la inspecciones técnicas en el sitio del suceso. Sin embargo, a la fecha el Ministerio Púbico sigue sin dar respuestas sobre el caso, de acuerdo a la denuncia hecha por la ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
«La Masacre del Ripial continúa impune», se lee en un tuit hecho público este domingo por la organización no gubernamental.
Enfrentamientos y desplazados
A las 3:45 p. m. del viernes 26 de marzo ocurrió un enfrentamiento armado en El Ripial, estado Apure, según informaciones suministradas por la ONG humanitaria Fundaredes, que tiene su centro de operaciones en las zonas fronterizas venezolanas.
Ese día se conoció la supuesta ejecución de varias personas por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El periodista Junior Parra, en su cuenta de Twitter, colgó un video de una joven de nombre Raiza Remolina, quien aseguró que miembros de su grupo familiar fueron asesinados por las Faes al acusarlos de ser supuestos guerrilleros.
Los fallecidos son Luz Dey Remolina (ama de casa), Jeferson Uriel Ramírez (estudiante), Emilio Ramírez (agricultor) y Ehiner Yafran Anzola Villamizar (cuñado de Luz Dey).
El mismo viernes, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2020, Tarek William Saab, informó que habían designado dos fiscales con competencia en derechos humanos para investigar posibles violaciones por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Para entonces, ONG venezolanas condenaron que el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, no se pronunciara sobre lo que llaman «masacre de El Ripial«. También criticaron el silencio de otras autoridades como el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz
Javier Tarazona, director de Fundaredes y actualmente preso en el Sebin, señaló que -debido al conflicto armado- se desarrollaba el desplazamiento forzado hacia Colombia de personas de las aldeas y caseríos cercanos a La Victoria.
«El nuevo enfrentamiento en El Ripial estado Apure esta tarde se da en medio del conflicto armado FARC, FANB y FAES y aumenta el desplazamiento forzado de personas de La Victoria, Tres Esquinas, Arenales, Sector el 8 y Guafitas», denunció Tarazona en su cuenta de Twitter.
También publicó: «El miedo impuesto por las arbitrariedades de las FANB en La Victoria, asesinatos en El Ripial, enfrentamientos en 3 esquinas y Guafitas, desapariciones y detenciones han aumentado el número de desplazados hacia Colombia, ha sido sobrepasada la capacidad de respuesta».
La violencia en esa zona del estado Apure se desató a mediados de marzo, cuando hubo un enfrentamiento entre la FANB y disidentes de las FARC, cuyo saldo fue de dos oficiales venezolanos y un cabecilla de los grupos irregulares muertos, así como la detención de 32 personas.