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El fiscal general de la República designado por la Constituyente, Tarek William Saab, anunció que dos fiscales de derechos humanos investigarán las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en la población de La Victoria, en el estado Apure.

Según el periodista Junior Parra, quien citó a familiares de residentes de La Victoria, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) asesinaron a cinco personas, a quienes les habrían sembrado armas para hacerlos pasar como guerrilleros.

Parra colgó un video en su cuenta de Twitter donde una mujer identificada como Raiza Remolina asegura que funcionarios de las Faes sacaron a cinco miembros de su familia del barrio 5 de Julio en La Victoria y después aparecieron ajusticiados en el sector El Ripial en Apure.

Luz Dey Remolina (ama de casa), Jeferson Uriel Ramírez (estudiante), Emilio Ramírez (agricultor) y Ehiner Yafran Anzola Villamizar (cuñado de Luz Dey) son las cinco personas que la joven dice que asesinaron supuestos miembros de las Faes.

Coordinación con jefe del CEO-Fanb

El fiscal designado por la Constituyente informó en su cuenta Twitter que dos fiscales con competencia en derechos humanos se designaron para «investigar sucesos ocurridos en la población de La Victoria, estado Apure».

Agregó que la investigación se hace de forma coordinada con el comandante estratégico operacional de la Fanb, el almirante Regimio Ceballos.

«En caso de encontrarse evidencia de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, se procederá a dar inicio a la investigación y sanción correspondiente».

Enfrentamientos entre Fanb y grupos armados

En La Victoria desde el domingo 21 de marzo un enfrentamiento entre funcionarios de la Fanb y grupos armados irregulares han dejado dos militares y un insurgente fallecidos, así como más de 3 mil venezolanos desplazados hacia Colombia.

Además, esos grupos han atacado la aduana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), instalaciones de Pdvsa y hasta un camión de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

El gobierno de Nicolás Maduro denunció que en la zona hay presencia de minas antipersonas, por lo que pedirá ayuda a la Organización de Naciones Unidas para su desmantelamiento.

Provea exige dar a conocer estado de detenidos

Tras el anuncio de Saab, la ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), exigió se dé a conocer el estado en el que se encuentran los 30 campesinos detenidos por el operativo de la Fanb en la zona.

«Deben darse a conocer los nombres y lugar donde se encuentran así como condiciones de salud, de los más de 30 campesinos detenidos. No sé tiene conocimiento hayan sido puestos en libertad ni presentados ante algún tribunal», escribieron en su Twitter.