Diferencias que hacen de parlamentarias del 6D un evento controvertido

POLÍTICA · 19 OCTUBRE, 2020 19:50

Tres diferencias que hacen de las parlamentarias del 6D un evento controvertido

Texto por Ibis Leon | @ibisL

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La pandemia de coronavirus no es la única causa que hace que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre sean excepcionales. Las decisiones del Poder Judicial y del Consejo Nacional Electoral (CNE) marcan una diferencia respecto a los comicios anteriores y tiñen de inconstitucionalidad el proceso.

El virus SARS-CoV-2 implica restricciones en cada una de las fases del proceso desde la jornada de Registro Electoral, pasando por las auditorías y la campaña de los candidatos hasta el diseño de la herradura electoral para acortar los tiempos del elector en el centro de votación.

Las medidas de bioseguridad implementadas por el CNE han sido deficientes, según especialistas electorales y organizaciones no gubernamentales, y han implicado la ausencia de observadores nacionales en las auditorías al sistema automatizado de votación, esta es una primera diferencia respecto a elecciones anteriores.

Los rectores decidieron que solo los representantes de los partidos políticos participantes pueden presenciar in situ el escrutinio de los aspectos materiales y tecnológicos involucrados. Mientras, actores como el Observatorio Electoral Venezolano y la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación solo pueden hacer seguimiento a través de un canal de streaming que no muestra con precisión la funcionalidad del software ni del hadware de votación.

La transmisión en vivo se ha hecho desde 2013, pero los observadores tenían acceso a las auditorías que se hacen en la sede del Poder Electoral anteriormente.

El CNE también acuñó un nuevo término para el acompañamiento internacional: “veeduría internacional”, aunque el alcance de esta figura no ha sido aclarada por el órgano comicial, los representantes internacionales presentes en las auditorias provienen de gobiernos aliados al de Nicolás Maduro como: Turquía, Argentina, Rusia y Sudáfrica.

CNE usurpa competencias legislativas

Si bien en elecciones anteriores se vulneraron artículos de la Constitución y de la Ley de Procesos Electorales (Lopre), el Tribunal Supremo de Justicia dio un paso más allá con la sentencia N° 0068 del 5 de junio que desaplicó 12 artículos de la Lopre y ordenó al CNE que procediera a asumir el desarrollo normativo pendiente, con lo cual usurpó competencias que son exclusivas de la Asamblea Nacional.

Estas modificaciones violan el artículo 298 constitucional porque se hicieron tan solo cinco meses antes de la elección y configuran un nuevo sistema electoral que elimina el voto directo y secreto de los indígenas e introduce una lista de adjudicación nacional de 48 diputados que no contempla la Constitución. También eleva el número de diputados de 167 a 277 integrantes.

Nuevas máquinas y nuevo software

Además de los cambios inéditos en la normativa, por primera vez en los últimos 16 años se usarán nuevas máquinas y un nuevo software de votación que el CNE bautizó como “la nueva solución tecnológica”.

A pesar de que el software de la máquina de votación es el encargado de realizar el proceso de validación, de autenticación de la identidad del elector, de registrar los votos y de realizar el proceso de escrutinio y el proceso de transmisión de resultados, el CNE dispuso solo 20 días para su revisión. Esto ha sido cuestionado por técnicos especialistas que aseguran que se requieren mínimo seis meses para garantizar que la voluntad de los electores será reflejada.

Entre las similitudes que guarda esta elección con las anteriores está la designación de los rectores vía Tribunal Supremo de Justicia. La Constitución establece que es una atribución de la Asamblea Nacional nombrar a las autoridades electorales, pero en los últimos 20 años el TSJ ha impuesto cuatro directivas del CNE alegando omisión legislativa.

La judicialización de los partidos de oposición así como la inhabilitación de potenciales candidatos y otras formas de ventajismo electoral como el uso de recursos públicos por parte de candidatos de gobierno sigue siendo una constante.

Foto: Prensa CNE