El Consejo Nacional Electoral (CNE) elimina el derecho al voto directo y secreto de la población indígena, con un nuevo reglamento que aprobó para las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre.
Especialistas en materia electoral advierten que la norma aprobada viola dos artículos fundamentales y una disposición de la Constitución y aumenta el riesgo de que ocurra coacción política, amenazas y compra de votos.
El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Ávalos, afirma que los cambios que introducen los rectores se traducen en “una elección de segundo grado que, por ser a mano alzada, no respeta el secreto del voto y propicia la coacción de quienes van a elegir a los representantes indígenas”.
El OEV considera que las imprecisiones del reglamento no abonan para que este nuevo mecanismo de elección “resulte transparente y confiable”.
La organización destaca al menos tres dudas que surgen sobre las asambleas comunitarias que serán convocadas: ¿existe un censo de la población indígena?, ¿quiénes tendrán derecho a participar y cómo se garantizará esta participación?
De acuerdo con el Reglamento, cada pueblo indígena debe constituirse en asambleas comunitarias para la elección de voceros y son estos voceros los que elegirán, en asambleas generales, a los parlamentarios, con votación a mano alzada, a partir de los candidatos propuestos.
Se crea así un sistema de delegados que fungen como intermediarios de la voluntad de las comunidades indígenas.
Exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral también advierten que: “Estamos en presencia de una elección de segundo grado, además el voto a manos alzada es absolutamente contrario al secreto del voto, el cual se presta a coacciones, amenazas y a la compra del voto”, en un recurso de amparo en el que solicitan la nulidad de los comicios.
Entre los exfuncionarios firmantes de esta solicitud están el expresidente del CNE, Andrés Caleca; y la exconsultora jurídica del Poder Electoral Egleé González Lobato; Rafael Lander, exvicepresidente del CNE; Nancy Hernández de Martín, exdirectora de la Comisión de Participación y Financiamiento del Poder Electoral; entre otras personalidades.
En el recurso de amparo se explica también que no se respetan las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas y se violan los principios de igualdad, libertad y democracia.
“Esto se debe a que la representación de la comunidad en algunas etnias es hereditaria, y este representante se ve impedido de votar, igualmente no tiene derecho a decidir por toda la comunidad, en virtud que la referida Asamblea se subroga en los derechos de su militancia para decidir a su espalda quienes serían los candidatos a postular”, señalan.
Constitución vulnerada
La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación denuncia que la norma viola el artículo 63 de la Constitución que establece que el sufragio es un derecho y se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.
“El nuevo reglamento especial determina que la elección de la representación indígena es ahora de manera indirecta y pública”, cuestiona la red en un comunicado público.
“Este enrevesado procedimiento también viola la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Nacional, en la cual se establece que los candidatos indígenas estarán en el tarjetón de su respectivo estado o circunscripción y todos los electores podrán votar por ello”, agrega.
La organización de observación también señala que se viola el artículo 28 constitucional que establece que la ley que regula los procesos electorales no puede modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma.
Derechos políticos “borrados”
Los diputados indígenas Virgilio Ferrer y Julio Ygarza acusan al CNE de “borrar los derechos políticos” de los pueblos ancestrales.
Ferrer responde que es falso que las modificaciones al sistema de elección favorezcan las costumbres y tradiciones de las etnias. “Esa norma se adapta, pero a las costumbres perversas del régimen (de Nicolás Maduro) que busca manipular y controlar a los indígenas, como no lo pudieron hacer en 2015 cuando el factor democrático eligió a representantes en el occidente, oriente y sur del país ahora buscan la manera de hacerlo”, sentencia.
El representante de la etnia Wayuú explica que en su comunidad eligen a jefes de familia en los diferentes clanes; mientras que los Yukpa sí escogen a caciques por cada comunidad. Por lo que sostiene que las características multiétnicas y pluriculturales complejizan aún más el sistema de elección propuesto por el CNE y lo hacen inviable.
Advierte que muchos indígenas están dispersados y en zonas remotas del país lo que favorece la discriminación en las asambleas propuestas.
Desmiente que el Poder Electoral haya hecho una consulta a los pueblos originarios como argumenta el rector principal Rafael Simón Jiménez.
El parlamentario se pregunta por qué si el número de diputados aumentó a 277, los indígenas no tendrán más legisladores. “Nosotros hoy representamos el 1,8 % de 167 diputados, con los 277 diputados vamos a ser el 0,8 %, es decir no vamos a tener ningún tipo de representatividad”, rechaza.
Ferrer solicitará al presidente de la Asamblea Nacional llevar la denuncia de esta violación de los derechos políticos y humanos ante la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
“Ese CNE es ilegítimo. Nosotros no queremos que una exmagistrada (Indira Alfonso) que en 2015 borró la representación indígena en la Asamblea Nacional sea la presidenta del CNE, eso es perverso”, manifestó.
Ygarza afirma que que el 70 % de las comunidades indígenas ni siquiera se van a enterar, ni participar en este proceso electoral. “Solo en el estado Amazonas tenemos más de 4.000 comunidades y más de 20 pueblos indígenas, ni en 3 años el CNE podrá realizar las fulanas asambleas en nuestro territorio”.
“Las parlamentarias que pretende celebrar el régimen y sus colaboradores corruptos, están diseñadas para que el usurpador nombre a dedo los diputados indígenas del país. Los pueblos indígenas de Venezuela desconocemos el reglamento especial del CNE. Los pueblos originarios de Venezuela reconocemos a nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela”, advirtió.